Jueves 25 Abril 2024

Afortunadamente aún quedan testigos de aquellos años oscuros, que siguen manteniéndose en pie e insistiendo en que no debemos olvidar cuánta crueldad y cuánto sufrimiento causaron aquellos que, en cambio, por su rol, debían darnos seguridad.

El pasado miércoles 8 de mayo, la Fundación Mario Benedetti llevó a cabo una charla abierta titulada “La sociedad civil organizada por verdad y justicia”. Se trata de la segunda de cuatro charlas, enmarcadas en el ciclo “La memoria está llena de memoria”.

En el panel de disertantes participaron Madelón Aguerre por Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), Ignacio Errandonea representando a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Baldemar Tarocco por Crysol Haciendo Memoria y Florencia Retamosa en nombre del Observatorio Luz Ibarburu.

Baldemar Tarocco fue el primero en hablar. El representante de Crysol hizo un recorrido por la historia del terrorismo de estado y sus secuelas jurídicas y sociales. Recordó la primera marcha del silencio, en 1996. También el voto verde, y el plebiscito que dejó por fuera la posibilidad de derogar la ley de caducidad. De todas formas, en 2005 comenzó muy lentamente un avance en las políticas de verdad y justicia, con las primeras excavaciones y políticas reparatorias, que significaron avances insuficientes.

“En el presente continúa la impunidad, solo familiares y víctimas del terrorismo de Estado mantuvieron viva la memoria”, manifestó Tarocco.

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También recordó la Comisión para la Paz, creada en el Gobierno del ex presidente colorado Jorge Batlle (2000-2005).Esta comisión “solo sirvió para demostrar que en Uruguay se torturó, que hubo desaparecidos, que hubo robo de niños, entre otros delitos”. El ascenso del Frente Amplio al Gobierno en 2005 dio esperanzas en este sentido, al procesar a los primeros militares “por crímenes del pasado reciente” pero “enseguida quedó claro que se mantendría la Ley de Caducidad”, declaró.

En setiembre de 2006, fueron procesados varios militares culpables de 28 desapariciones de uruguayos en Buenos Aires. Aparecieron los primeros restos de un desaparecido: Ubagésner Chávez Sosa; luego los de Fernando Miranda, Julio Castro, Ricardo Blanco y más tarde fue posible la identificación de Roberto Gomensoro por el cráneo que había guardado un médico forense, “lo cual es muy poco”, sentenció.

El voto rosado, con un “apoyo tímido” del Frente Amplio, no tuvo éxito a pesar de que en 2011 la Corte Interamericana decretó que la Ley de Caducidad no era válida por su incompatibilidad con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Allí se presentó una ley interpretativa, que fracasó por falta de votos en la Cámara de Representantes del Poder Legislativo.

“Las denuncias solo avanzan por las pruebas presentadas por los denunciantes, y no existió un involucramiento del Estado”, remarcó Tarocco.

Los integrantes de Crysol “buscamos construir un modelo de convivencia social con plena vigencia de los Derechos Humanos sin temores, sin impunidad, sin obstáculos, para que sean juzgados quienes cometieron las más crueles violaciones amparadas en la Dictadura”,apuntó, y destacó que actores del Gobierno y de la Justicia no colaboran para que se pueda avanzar en las causas. Como ejemplo recordó el traslado de la jueza Mariana Motta, quien llevaba adelante algunas de estas causas: “La impunidad pesa hasta el día de hoy en nuestra sociedad”.

“Hoy la verdad y la justicia corren contra el tiempo”, y acusó a la Suprema Corte y a los abogados de los militares de esta demora. Responsabilizó a la Justicia de los beneficios que gozan los golpistas con cárcel domiciliaria. Reclamó además la necesidad de modificar la ley orgánica militar, ya que “piensan lo mismo los generales de hoy a los de la dictadura”.

Para Tarocco, el objetivo principal de estas charlas es “generar un diálogo inter generacional, entre el pasado y el presente, para que esto no se repita, principalmente por los jóvenes.”

Ignacio Errandonea, representante de Madres y Familiares, contó que en 1971, cuando se votó la ley de suspensión de garantías individuales y el Estado de Guerra, autorizó a las Fuerzas Armadas a detener sin informar y sin pasar a juez. Es ahí que comienzan las desapariciones forzadas. “Fue una práctica sistemática del Estado uruguayo”. Y el objetivo que los unió, que es saber qué pasó, “no ha llegado”, como tampoco llegó la Justicia, reclamó.

Muy poca memoria hemos podido construir, el Estado no ha tenido ni políticas de verdad ni políticas de Justicia. Todo lo que se ha hecho, se ha hecho arrastrando los pies”, denunció.

“Las declaraciones de Gavazzo nos dan una radiografía de lo que piensan las Fuerzas Armadas”, acotó y agregó que si permitimos la intervención militar en la vida pública, vamos a cometer los mismos errores que antes. “También Manini Ríos (ex Comandante de las Fuerzas Armadas, destituido por el presidente Tabaré Vázquez), en una audición de radio, dijo que no veía cuál era el problema, cuando en períodos anteriores habían degollado a 400 prisioneros, y 2 años después se firmó la paz y nadie hizo ningún reclamo”.

Además habló sobre el proyecto de reforma constitucional para sacar a las calles a las Fuerzas Armadas, que se votará en referéndum en octubre de este año junto con las elecciones nacionales. “Estas Fuerzas Armadas reivindican la tortura, la desaparición forzada y los crímenes que cometieron”. Al permitir esto, “como sociedad estamos yendo al suicidio”, sentenció.

“Mirar el pasado es por el futuro que estamos buscando construir. Todas las políticas de todos los gobiernos han sido complacientes con las Fuerzas Armadas”, declaró, y reclamó “no se le exige a las FFAA un compromiso de reconocimiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, de aportarle a la Justicia, porque la verdad está en los cuarteles, porque los archivos existen y ellos los siguen guardando”. Y continuó en este sentido: “sacar militares a la calle sería sacar criminales, no va a ser seguridad sino vandalismo”.

Luego le tocó el turno a Madelón Aguerre, por Serpaj. Abrió su discurso haciendo hincapié en una preocupación natural: “el pasado reciente cada vez es más pasado y menos reciente” .También elevó su voz contra los integrantes del gobierno, que en el pasado reclamaban junto a los movimientos sociales por verdad y justicia. “El Frente no supo gestionar en este tema con las organizaciones sociales, por negligencia, por omisión, por displicencia”, y “lo único que hizo fue fortalecer a los militares”, lamentó. Dijo además que Mujica era el personaje emblemático de la dictadura, y su gobierno “lapidó” el tema de la Ley de Caducidad. “Cuando es tan grave la situación, no se puede negociar ni siquiera el más mínimo concepto de ética”, sentenció.

También recordó cuando se hizo el segundo Encuentro Latinoamericano de Verdad, Memoria y Justicia, en el que se logró hacer un perfil de las dictaduras de cada país. En Chile, destacaban las muertes en la vía pública; en Argentina, las desapariciones forzadas, y en Uruguay la tortura constante y permanente, y la cárcel prolongada.

“El movimiento social es el único que sacó y consiguió todo”, apuntó. Y destacó que hoy en día hay presos sociales, “fruto de lo que fue el terrorismo de Estado”.

La última disertación correspondió a Florencia Retamosa, representante del Observatorio Luz Ibarburu.

En su exposición, explicó que la tarea del Observatorio es representar jurídicamente a las víctimas del terrorismo de Estado. Este equipo realizó una base de datos pública de las denuncias por este tema (unas 200).

Destacó como exitosa (para los militares) la estrategia dilatoria del Centro Militar; de las 50 causas penales presentadas, la mitad está paralizada por inconstitucionalidad. Del resto, cinco cuentan con prisión domiciliaria.

Además, destacó como otra de sus tareas fundamentales, aplicar una perspectiva de género en los procesos, ya que “no existe la tortura neutral” que no tenga en cuenta el cuerpo al que somete. En caso de las mujeres, está presente la violación

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Sobre el final se abrió una ronda de preguntas por parte del público. Entre ellas, el movimiento cultural Our Voice a través de Davide Bonfigli, preguntó cómo combatir la indiferencia que muestran muchos jóvenes ante estos temas. La respuesta provino de Madelón Aguerre: “hay que dimensionar el tema, escuchar el testimonio de los implicados y desenterrar archivos y compañeros”, sentenció.

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*Foto de Portada: Our Voice