El pueblo wichí, como la mayoría de los pueblos originarios, son olvidados por la sociedad. Los hemos leído como parte de una historia, viéndolos como parte del pasado. Pero no como comunidades que hoy luchan por mantener, o recuperar su lugar. Y el problema es más grave aún, cuando es el Estado quien no los reconoce y los olvida entre promesas que se renuevan cada cuatro años.

Belinda Javier es una mujer wichí de la comunidad Misión Carboncito, del norte salteño. Junto a su pareja, Martín Segundo, tuvieron a su quinta hija en mayo del año pasado. Nació en el hospital de Embarcación, luego de esperar más de dos horas a la ambulancia que pertenece a la comunidad, pero que no tenía chofer. Luego de haber cursado nueve meses de embarazo sin ningún control prenatal, nació Antonella. Según el parte médico, la beba nació por parto natural en perfectas condiciones de salud. Belinda, en cambio, comenzó con fuertes dolores de panza y le costaba caminar. Sin embargo, fue dada de alta dos días después.

En la provincia de Salta, las comunidades originarias viven en condiciones de extrema pobreza, con acceso casi inexistente a la salud. A las salitas de las localidades solo van algunos enfermeros, no hay médicos ni especialistas ya que ellos atienden en el Hospital San Roque, de la cabecera municipal, o en el Hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal. Por eso cuando Antonella con apenas dos meses de edad comenzó con problemas de salud, los padres decidieron ir al hospital San Roque. La situación ya era complicada, por lo que trasladaron a la niña y a su madre al Hospital de alta complejidad de Orán, donde la nena llegó ya casi sin vida y murió a las pocas horas. Lo único que los médicos pudieron explicar, fue que Antonella tenía un problema en el corazón.

A raíz de este hecho, Belinda quedó internada por presentar un cuadro grave de anemia que ya traía desde la juventud. De vuelta en Encarnación, fue diagnosticada con una necrosis avascular de la cabeza femoral.

“Ella estaba bien, nunca había tenido problemas de salud, y todo comenzó a complicarse después del parto”, indicó su marido al diario Página/12, quien atribuye el fallecimiento de su bebé y el diagnóstico tardío de su mujer a una mala atención por parte del personal de salud. Como la necrosis la dejó con un 90% de discapacidad, el médico que la atiende solicitó la pensión por discapacidad. Además, pidió unas muletas ajustables de aluminio, ya que las que tiene no se ajustan a sus necesidades.

Las últimas semanas, referentes de los pueblos originarios de los alrededores cortaron la ruta 53 para reclamar por la mejora de las condiciones de salud en la zona. También denunciaron el histórico abandono del Estado en todos sus derechos, como el trabajo, la vivienda y el agua. Sobre la vera de esa ruta habitan 10 mil personas de pueblos originarios. Todas pertenecientes al ejido municipal de Embarcación, ciudad pequeña que no alcanza a contener los problemas de los pueblos.

Tras el corte de ruta, el ministro de Salud Juan José Esteban se acercó a la comunidad Misión Carboncito con la misma promesa de siempre: mejoras en el sistema de salud.

El caso de Belinda es uno más del montón que ocurren a diario en todas las comunidades originarias. El Estado sigue sosteniendo la idea de que los pueblos originarios deben adecuarse a un sistema que les es ajeno. De todas maneras, la pobreza que vive el norte argentino atraviesa tanto a las comunidades originarias como a la clase media/baja que no pertenecen a ningún pueblo originario. Por eso lo que vivió Belinda y su bebé no es un caso puntual, es una opresión sistematizada.

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Foto de portada: Resumen Latinoamericano