Casi 150 personas, todas sobrevivientes de distintos centros de tortura y exterminio de la dictadura cívico-militar que lideró Augusto Pinochet, protestaron este miércoles contra fallos emitidos por tribunales de justicia que favorecen la impunidad de quienes han sido procesados en causas por torturas, asesinatos y desaparición forzada.

Las expresas y los expresos de la dictadura entregaron en el Palacio de Tribunales una carta a la Corte Suprema, en la que señalan la improcedencia del fallo que hace una semana absolvió a 61 exagentes de la dictadura y otros 42 ya condenados recibieron el beneficio de la libertad vigilada.

En la misiva puntualizan que la reciente “sentencia de la octava sala de la Corte de Apelaciones, degrada las obligaciones respecto de la Justicia Transicional que tiene el Estado de Chile con la comunidad internacional, en relación a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de estos hechos, es decir impedir la impunidad. Degrada el concepto mismo de justicia cuando los criminales de lesa humanidad, quienes huyeron de la Justicia, mintieron en los procesos y no fueron sancionados como corresponde en casos de graves violaciones de derechos humanos; nunca han aportado información sobre el destino final de las personas desaparecidas y menos aún, se han arrepentido de sus acciones. Pese a todo ello, y después de más de 30 años de investigaciones sobre estos hechos, esta Sala, los deja en libertad”.

Carta a la Corte Suprema

“Señoras y Señores,

Miembros de la Corte Suprema.

Nos dirigimos a ustedes con profunda indignación, y con la sensación de vivir en un país sin justicia. Nos referimos en este instante, a la decisión adoptada por la octava sala de la Corte de Apelaciones sobre detenidas y detenidos desaparecidos en el caso llamado “Operación Colombo”. Este hecho ocurrido en julio de 1975 constituyó para Chile y el mundo, uno de los más siniestros montajes de la dictadura cívico-militar chilena, en el que el mensaje insinuaba la muerte de 119 personas, “exterminados como ratones, entre ellos”, en grandes titulares de los medios de comunicación de la época, coludidos con la dictadura y su aparato represivo, dirección de inteligencia nacional, DINA”.

“Nos dirigimos a ustedes, en su calidad de actuales miembros del máximo órgano del poder judicial, el que durante los diecisiete años de dictadura y de represión, no ejerció su rol y no supo estar a la altura para contener las violaciones a los derechos humanos provocadas contra la población y, que más bien, en la gran mayoría de sus jueces de esa época, prevaleció el apoyo o silencio cómplice ante el poder que atropellaba todos los derechos humanos y fuertemente, el derecho a la vida”.

“La sentencia de la octava sala de la Corte de Apelaciones, degrada las obligaciones respecto de la Justicia Transicional que tiene el Estado de Chile con la comunidad internacional, en relación a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de estos hechos, es decir impedir la impunidad. Degrada el concepto mismo de justicia cuando los criminales de lesa humanidad, quienes huyeron de la justicia, mintieron en los procesos, y no fueron sancionados como corresponde en casos de graves violaciones de derechos humanos, nunca han aportado información sobre el destino final de las personas desaparecidas y menos aún, se han arrepentido de sus acciones. Pese a todo ello, y después de más de 30 años de investigaciones sobre estos hechos, esta Sala, los deja en libertad”.

“Nosotros y nosotras estuvimos con ellas y ellos, amigos, familiares, militantes de una causa justa y democrática, resistentes a una brutal dictadura. Nosotros y nosotras somos testigos de sus detenciones, de sus torturas, estuvimos juntos y desnudos a merced de esos criminales que se sabían impunes y protegidos por el Estado, somos testigos de cuando eran sacados de los centros de detención para llevarlos amarrados hacia un lugar desconocido”.

“Todo eso lo denunciamos desde 1974 en adelante, con cartas, huelgas de hambre, informes a la CIDH, a la ONU, a Amnistía Internacional y a los organismos de derechos humanos nacionales de la época y luego declaramos en la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión de Prisión Política y Tortura. Durante más de 30 años hemos declarado en los tribunales y nos hemos careado con estos mismos agentes que hoy les dejan en libertad”.

“Nosotros y nosotras pudimos sobrevivir, arriesgamos nuestras vidas por decir esa verdad y seguimos en pie, dispuestos a seguir testimoniando, con toda la fuerza de la verdad, hasta que se haga justicia, toda la justicia. Somos testigos de esa época repudiable que se extiende hasta el día de hoy, cuando tribunales de la república fallan como lo han hecho estos jueces, otorgando impunidad. No olvidamos, no perdonamos, exigimos justicia”.

“En definitiva, les solicitamos se apeguen al derecho internacional de los derechos humanos, hagan justicia y apliquen las medidas administrativas del caso a estos y otros jueces que desconocen las obligaciones internacionales del Estado de Chile.

Santiago, 9 de diciembre de 2020.

Firman expresas y presos políticos, sobrevivientes y testigos”.

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*Foto de Portada: www.olca.cl.oca.com / Protesta frente a Tribunales de Justicia