ANTONIO INGROIA, MAGISTRADO DEL PUEBLO
Por Giorgio Bongiovanni – 16 de Julio de 2013
De espaldas a la pared, obligado a dar ese paso que nunca hubiese querido dar, dimitirse de la magistratura, un gesto que tiene sabor de derrota. Ésta es la historia de Antonio Ingroia, ex procurador adjunto de Palermo, que por más de veinte años ha estado en primera  línea en la lucha contra la mafia haciendo suyo, junto a otros valientes colegas, el legado que sus maestros, Falcone y Borsellino, tuvieron que ceder a causa de su muerte. Sobre sus ataúdes estos “magistrados valientes” hicieron un juramento para “sacar los trapos a relucir” y llegar a la verdad que rodea los atentados de Capaci y de Via D’Amelio. Durante los últimos años las Fiscalías y los magistrados que investigaban sobre aquellos hechos han sufrido una serie de ataques no solamente desde el frente político (que representa a esa parte del Estato que no quiere la verdad), sino incluso desde los órganos mismos de la magistratura, como el Csm (Consejo Superior de la Magistratura) que en varias ocasiones ha aplicado medidas disciplinarias.

Es particular que la cantidad de ataques, que más de una vez han caído sobre el aspecto personal llegando a acusarle de haber usado la justicia para fines políticos, de locura, para finalidades subversivas, se hayan intensificado cada vez  que se acercaba la solicitud de encausamiento por la negociación estado-mafia, que finalmente se ha conmutado en un proceso que ve todos juntos detrás de rejas a mafiosos, hijos de mafiosos (Ciancimino, es al mismo tiempo testigo ocular de la acusación e imputado), arrepentidos (Brusca), ex políticos y ex funcionarios del estado, en el que serán escuchados más de 170 testigos, entre los cuales están los colaboradores de justicia (ex mafiosos) Gaspare Spatuzza, Antonino Giuffré y Gaspare Mutolo.

Para defenderse de los ataques, Antonio Ingroia, uno de los más sobreexpuestos, lo cual se debe también a la importancia de las investigaciones de las que se ha hecho cargo durante su carrera, ha tomado la decisión en pasado de auto defenderse públicamente con entrevistas, escritos, participaciones en manifestaciones, programas de televisión y radio, debates incluso de partido. Y en todo momento ha tenido siempre la prudencia de no entrar en el mérito del contenido de sus investigaciones, pero ofreciendo sin embargo puntos de razonamiento importantes sobre los hechos que se dieron y sobre el porque es importante no detenerse en el momento de demostrar la verdad referente a hechos que constituyen delitos, no importa si conciernen a personas que ocupan cargos públicos de alto nivel.

Y ante la “amenaza” el fuego de los enemigos se hizo aún más fuerte. Pero  aún más grave ha sido el fuego “amigo” proveniente de las sedes del Csm y de la Anm (Asociación nacional magistrados), culpables en el pasado de haber aislado a magistrados como Falcone y Borsellino, culpables hoy de no haber tenido el coraje de alinearse con quienes hubieran tenido que defender.

El primer fascículo que el Consejo Superior de la Magistratura abrió en contra de Ingroia se refería a su participación en octubre del 2011, como invitado, en el Congreso del Partido de los Comunistas italianos, donde se definió a si mismo “partisano de la Constitución”. Pero sobre todo en este último año los contrastes se intensificaron con toda su vehemencia.
Asì fue con el tema de las escuchas telefónicas* entre el ex ministro Mancino y el Presidente de la República Napolitano. Una llamada que fue considerada sin relevancia a fines procesales del debate (por lo tanto no consta en el fascículo de solicitud de encausamiento), cuya existencia ha generado una inaudita revolución de los ambientes políticos contra la Fiscalía de Palermo.

Una vez más el Csm se convirtió en un “bastón” para golpear a los magistrados abriendo un fascículo contra Antonino Di Matteo y Fancesco Messineo, mientras que la Asociación nacional magistrados (Anm), por boca de su presidente Rodolfo Sabelli, criticó públicamente tanto a Di Matteo como a Ingroia por no haberse disociado del disentimiento manifestado en la fiesta del periódico “Il Fatto quotidiano” contra el Jefe del Estado. En cuanto a Ingroia la crítica fue aún mayor, dado que en sus declaraciones había adoptado “posturas políticas”. Ni una palabra respecto a las pesantes injerencias del Presidente de la Republica hacia la Fiscalía de Palermo valiéndose del “conflicto de atribuciones” (que planteo el Quirinal –Sede de la Presidencia- en mérito a la telefoneada entre dicha sede y Nicola Mancino). Injerencias que determinaron el nivel más alto de un ataque que miraba a bloquear el delicado trabajo de investigación sobre la negociación Estado-mafia emprendido por Antonio Ingroia, Nino Di Matteo, Francesco del Bene, Lia Sava y Roberto Tartaglia.

Pero para obstaculizar el trabajo de Ingroia también hizo su parte la corriente “Magistratura Democrática”, de la que el ex magistrado era uno de los principales miembros, capaz de extender un documento decididamente anti Ingroia con evidentes referencias a la gravedad que supone una “exposición mediática”.Con “el tiro a Ingroia” desde varios frentes a él no le quedó más remedio que aceptar en un primer momento el encargo de la  ONU en Guatemala, para después decidir de trasladar el frente del choque a otro nivel, es decir, de las sedes judiciales a las del parlamento, abrazando el proyecto “Revolución Civil”, en vistas de las elecciones políticas de febrero de 2013.

Todos sabemos como fueron las elecciones: Ingroia no fue elegido en el Parlamento y es precisamente a este punto que el Csm ha vuelto a ensañarse contra el magistrado Ingroia. Lo primero de todo asignándole con orden perentoria un nuevo encargo en la Fiscalía de Aosta, con un rol inferior al que desempeñaba en Palermo.

Un verdadero castigo, así como tiene toda la apariencia de ser un castigo el rechazo, siempre por parte del Consejo Superior de la Magistratura, de la solicitud para el cargo de presidente de la Sociedad para el cobro de impuestos de la Región Sicilia (Serit Spa) a las dependencias del Presidente de dicha Región Rosario Crocetta. Ingroia mismo había explicado que trabajar en la Serit no hubiera sido “una tarea de burócrata del Estado”, ya que la gestión y el cobro de impuestos en la isla “desde siempre está en manos de la mafia”, un sector “que vive aún hoy de anomalías y de opacidad, entre asesoramientos millonarios y operaciones sospechosas”. El encargo a Ingroia hubiera pues amenazado determinados centros de poder y habría representado así mismo una inversión de rumbo, haciendo posible que el magistrado prosiguiera su carrera, la continuidad de su experiencia, haciendo respetar la ley y golpeando muy duramente a los grandes evasores, frecuentemente ligados a la mafia.

Pero evidentemente es precisamente esta “actitud” suya la que infunde temor. Mientras tanto el Consejo superior de la magistratura ya había adquirido en febrero las actas del procedimiento de inculpación abierto por el Procurador general de la Casación, Gianfranco Ciani, a cargo de Antonio Ingroia, considerado responsable de haber ofendido a la Corte Constitucional, acusada de haber emitido una sentencia política sobre el conflicto de atribuciones* entre el Quirinal y la Fiscalía de Palermo.

En fin la gota que hizo desbordar el vaso, el nuevo procedimiento disciplinario aplicado por indicación del Procurador de Aosta, acusándole de haber “continuado haciendo política incluso después de su regreso a la magistratura”, que de hecho le hizo madurar la decisión de dimitirse. Un acto que deja una amarga sensación de derrota con la mafia y el poder que obtienen la victoria de una batalla pero no de la guerra.

Como si no bastase, recientemente hasta el ilustre jurista y maestro de derecho penal de Ingroia, Giovanni Fiandaca, en un ensayo lanzó flechazos tanto contra el ex magistrado palermitano como contra la investigación sobre la negociación estado-mafia que Fiandaca ha definido “presunta”. Una especie de “traición” frente al alumno que hasta hace unos años tuvo a su lado dentro de la “Comisión Fiandaca” (nombre que deriva de su presidente) nacida para armonizar la normativa antimafia durante el primer gobierno Prodi. En el ensayo Fiandanca habla de “presunta” negociación incluso justificándola: “A los fiscales –escribe- se les escapa la división de los poderes: la tutela de la seguridad colectiva... corresponde al poder ejecutivo y tomar una eventual elección política de hacer alguna concesión a los poderes criminales no es censurable judicialmente”.

En su exposición evidentemente Fiandaca deja de lado algunos aspectos. En primer lugar que la negociación queda confirmada en sentencias definitivas de la Casación sobre los atentados del 1992-93 y resulta en las actas que los oficiales mismos Mori y De Donno (entre los imputados en el proceso) hablan de ello abiertamente. Además no entiende, o finge de no entender, que el cargo de imputación que se impugna no es el de haber negociado, sino el art. 338 C., que se refiere a la “violencia o amenaza a un cuerpo político”, es decir, que la mafia, a través del delito Lima y los atentados, chantajea a los gobiernos de acuerdo con algunos servidores del Estado verdaderos o presuntos, para pretender  elecciones políticas y normativas.

Y en sus conclusiones de hecho llega incluso a decir que procesar a políticos sospechosos de delinquir significa “procesar a la política”, con una “tendencia populista-justicialista” que enciende el “conflicto entre política y justicia que en los últimos veinte años ha comprometido el funcionamiento de la democracia”.Afirmaciones graves, pesadas, injustificables, que hacen surgir una duda, es decir, que el “tiro a Ingroia” y los continuos ataques hacia ciertas investigaciones sea parte de un “proyecto” que, quizás, conduzca  a algún lugar en la Consulta (Corte Constitucional).

La mejor prueba de la veracidad de las investigaciones de Ingroia está en el análisis de los resultados de las mismas: entró en la magistratura a los 28 años al lado de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fue con él también a la Fiscalía de Marsala. En el año 1992 fue sustituto procurador en Palermo en el pool coordinado por Giancarlo Caselli: se había ocupado, junto a Roberto Scarpinato, de investigaciones históricas como aquella sobre los “Sistemas criminales” –que fue después archivada-, también de la del homicidio del periodista Rostagno y de la desaparición del periodista Mauro De Mauro.

Y durante este periodo no han faltado los resultados que han generado justicia y verdad. Bruno Contrada (ex numero 3 del Side –Servicios secretos) fue condenado definitivamente por concurso externo en asociación mafiosa; al igual que el senador Inzerillo. Marcello Dell’Utri, de cuya investigación se ocupó con el colega Domenico Gozzo, fue condenado en apelación por ese mismo delito después del juicio de reenvío dicato por la Casación, y estamos a la espera de leer las motivaciones de la sentencia además que del tercer grado de juicio.

La existencia de la negociación que se entrevé en el trasfondo de los atentados del ’92 y del ’93, cuyas investigaciones surgieron en un proceso histórico, fue ya confirmada en una sentencia de la Corte de Florencia. Mientras que fue abierto un procedimiento penal contra los oficiales de los carabinieri Mori y Obinu por el fallido blitz en Mezzojuso donde se escondía Bernardo Provenzano en el 1995. En el 2009 dio el gran salto como procurador adjunto y coordinador de la Fiscalía distrectual Antimafia firmando decenas de investigaciones y de ordenes de arresto contra killer y boss de Cosa Nostra.

También en aquellos procesos, donde, aparentemente, parece haber habido una derrota surgen elementos nuevos que dan fe a las investigaciones llevadas a cabo y a la necesidad de profundizar. Como en el proceso De Mauro, actualmente en apelación, donde a pesar de no haber sido reconocida la culpabilidad de Riina, queda por escrito por primera vez que la muerte de Enrico Mattei (Presidente del Ente Nacional de Hidrocarburos – Eni) fue debida a un atentado. O aquel en contra del entonces director del Sisde, Mori, y del coronel de los carabinieri Sergio De Caprio, el capitán ‘Último’, imputados por favorecimiento agravado a Cosa Nostra por el fallido registro del escondite de Totò Riina, inmediatamente después del arresto del boss el 15 de enero del 1993. Los dos fueron absueltos por el Tribunal en el 2006, porque “el hecho no constituye un delito”. Sin embargo la sentencia, por si sola, no arroja luz sobre algunos “agujeros negros” de esta historia que de hecho quedarán tales, y los Fiscales mismos de la acusación, Antonio Ingroia y Michele Prestipino Giarritta, habían solicitado al Presidente de la III sez. de la Fiscalía de Palermo Raimondo Lo Forti la absolución de Mori y de Último “porque el hecho no existe” especificando que la conducta de los dos imputados fue dictada “por razones de Estado y nada más”.

Entre las demás investigaciones está también aquella contra el jefe del partido del Pdl en el Senado, Renato Schifani, sobre el cual el Juez de investigaciones preliminares sentenciará este mes; o la otra llevada a cabo junto al fiscal Gaetano Paci, con quien fue a Tailandia para solicitar la extradición de Vito Roberto Palazzolo (ex tesorero de Cosa Nostra).

El 24 de julio de 2012, en mérito a la investigación sobre la Negociación Estado-Mafia, antes de trasladarse a Guatemala, pidió junto a otros fiscales del pool, el encausamiento de doce investigados con la acusación de concurso externo en asociación mafiosa y violencia o amenaza a cuerpo político del Estado (art. 338 del código penal) los ex políticos Calogero Mannino y Marcello Dell’Utri, los oficiales Antonio Subranni, Mario Mori y Giuseppe De Donno, Massimo Ciancimino (este último acusado también por calumnia), el colaborador de justicia (mafioso arrepentido) Giovanni Brusca, los jefes de mafia Totò Riina, Leoluca Bagarella, Antonino Cinà, Bernardo Provenzano; mientras la acusación hacia el ex ministro Nicola Mancino es de falso testimonio. El pasado mes de marzo el Fiscal Morosini procedió al encausamiento de todos los imputados si bien diferenciando la posición del ex ministro Mannino, que optó por ser juzgado según el rito abreviado; y del padrino corleonés Bernardo Provenzano, cuya posición ha sido separada por graves condiciones de salud que impiden que pueda seguir el proceso. Y después las innumerables ordenes de arresto, avaladas por varios jueces, que han llevado a la cárcel a decenas y decenas de jefes de mafia y ‘cuellos blancos’ conniventes con ellos.

En resumen, podemos decir que, a la luz de los hechos, Ingroia ha sido un buen magistrado que no mueve hipótesis acusatorias sin fundamento, sino que se basa en un complejo de pruebas válido, al punto de deber ser sometido al examen de los jueces, los cuales a menudo, como hemos visto, han dictado sentencias muy duras de condena a los imputados que acabaron detrás de las rejas gracias a Antonio Ingroia y sus colegas.

Ante estos resultados ¿qué es lo que haría un País civil democrático y avanzado? En los Estados Unidos, a los que hay que condenar por su política extranjera imperialista y fomentadora de guerras, actúan de manera diferente respecto a sus servidores del Estado. Tomemos el ejemplo de Louis Freeh, colaborador de Falcone, porque era Procurador distritual  de New York, con Rudolph Giuliani, en los tiempos de la “Pizza Connection”, la operación en la que fueron arrestados y acusados mafiosos, empresarios y  políticos, fue ascendido en su carrera y llegó a ser nombrado jefe del FBI, la agencia investigativa más conocida y poderosa del mondo.

¿El Estado italiano y sus poderes que han hecho en cambio frente a las cualidades de un magistrado como Ingroia? Han decidido el exilio, valiéndose de  una acción del Csm que roza la ilegalidad si se considera que el Colegio de la Fiscalía de Aosta forma parte del de Turín y, por lo tanto, no podía ser asignado al mismo. Sin embargo, había un rol de prestigio que le podía haber sido asignado por los méritos obtenidos en el campo, el de sustituto procurador de la Fiscalía Nacional antimafia. Un rol de prestigio y de coordinación que Ingroia habría sabido revestir de la mejor manera, con competencia y seriedad. Pero el Csm decidió no valerse de la capacidad de uno de los mejores jueces italianos, así como le ha reconocido la Onu misma que le confirió el encargo en Guatemala.

Como ya hemos dicho y escrito, el Estado-mafia corrupto y en parte cómplice de atentados mafiosos, políticos y terroristas, decidió perseguir con continuos castigos y amonestaciones a sus representantes, partisanos de la constitución y servidores del Estado-Estado. Es la historia que se repite. Así como sucedió con Falcone, Borsellino y aún antes, con el general Carlo Alberto dalla Chiesa y muchos otros mártires de Italia. La sensación que queda es la de un Estado que no quiere dominar las organizaciones criminales, sino que desea ser, y llega a serlo, una única cosa con los asesinos de nuestros héroes.

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