alejandro diaz Ministro de Seguridad de Santa Fe: “Hacer seguridad interna es aplicar la Ley”

Por Alejandro Díaz, de OUR VOICE Córdoba-Enero de 2020

Como ya hemos argumentado desde Antimafia Dos Mil a través de varios artículos, el narcotráfico se ha ido profesionalizando en la región. Uno podría, lingüísticamente, hablar de cartelización, pero el impacto social de esta palabra sería contraproducente por las notorias y complejas diferencias con sociedades como las de México y Colombia, en comparación con la situación rioplatense. Pero, más allá de estas diferencias (la fuerte militarización, una de ellas), la región se ha convertido en un necesario eslabón del narcotráfico a gran escala. La presencia, cada vez más frecuente, de representantes de organizaciones criminales internacionales, como Ignacio Álvarez Meyendorff, Pantaleone Mancuso, Giancarlo Massida o el prófugo Rocco Morabito, dan veracidad a esta situación.

Dentro de esta lógica es importante visibilizar los hechos de infiltración institucional que han surgido en los últimos años. Hechos como los de Itatí, en la provincia de Corrientes, o Paraná en Entre Ríos, con procesos judiciales aún en curso. Así como también los descabezamientos de las policías de Córdoba y de Santa Fe, por vinculaciones con el narcotráfico, sólo por nombrar algunos casos.

Los volúmenes de droga que se registran, ya no más de kilos sino de toneladas, como las incautadas recientemente en el puerto de Montevideo, Uruguay, y que hemos cubierto desde este medio, así como la proliferación de casos de corrupción, entre otras situaciones agravantes, crean la necesidad de afrontar la situación desde nuevas perspectivas, porque las hasta ahora implementadas han sido, en general, obsoletas. Es imperioso crear políticas contra la criminalidad organizada y sistemas de inteligencia criminal, desde un enfoque latinoamericano independiente de los condicionamientos preestablecidos por las necesidades políticas de las naciones centrales.

Dentro de este marco es que quiero acercar algunas reflexiones del recientemente nombrado Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Fabián Saín, quien tiene una gran trayectoria académica, siendo autor de varios libros y ensayos sobre seguridad pública. Fue Subsecretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires e interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“La criminalidad organizada, en particular el narcotráfico, configura una actividad delictiva profesionalizada que tiene como meta fundamental la generación de ganancias económicas y cuyo desarrollo requiere de una condición de posibilidad fundamental: la protección estatal mediante el acuerdo, en un plano de subordinación o mediante la imposición, con las diferentes autoridades policiales, políticas y/o judiciales. Es decir, no hay posibilidad de expansión y consolidación del crimen organizado sin algún tipo de protección o resguardo estatal. En Argentina, el narcotráfico está subordinado de manera directa a las policías y de forma indirecta a los gobiernos que consienten el gobierno policial de los territorios y poblaciones y la ilegalidad en la regulación del crimen. Por lo tanto, quien quiera tomar en cuenta este asunto debe partir de la regulación policial y política correspondiente”, fueron las expresiones de Saín, publicadas en el sitio nuso.org.

Saín fue un duro crítico de las medidas implementadas dentro del marco del “Operativo Escudo Norte” y su sucesor el “Operativo Fronteras”, el cual comprendía la utilización de las F uerzas de Defensa en labores de policía, como bien lo explica: “Al igual que los gobiernos kirchneristas, el gobierno de Macri no había elaborado un diagnóstico integral sobre el narcotráfico en el país y, en especial, sobre el tráfico de drogas ilegales hacia Argentina. Se desconocía cuánta droga se introducía en el país y de qué manera se lo hacía, también se ignoraba cuántos vuelos irregulares tenían lugar a través de la frontera norte y, fundamentalmente, si esos vuelos furtivos estaban vinculados al narcotráfico, al contrabando de mercancías o al tráfico de personas, entre otros crímenes posibles. Del mismo modo, se desconocían la envergadura y la diversificación de las organizaciones narcotraficantes internacionales que operaban en el país y de qué manera lo hacían.”.

También agrega: “Hacer seguridad interior es aplicar la ley, es decir, hacer labores preventivas guiadas por los protocolos administrativos que regulan las actividades de las policías y fuerzas de seguridad federales, y llevar a cabo investigaciones criminales complejas o participar como asistentes de la persecución penal dirigida por las autoridades judiciales competentes, todo ello guiados por la envergadura y el despliegue de la problemática criminal”.

Saín ha evitado los lugares cómodos y los titulares hipócritas, y ha sido promotor de investigaciones dentro de los aparatos de seguridad, buscando romper las situaciones colusivas entre las fuerzas institucionales y el hampa. Sobre esto refiere: “Lo que se ha observado en Argentina es que la tutela policial a los embrionarios grupos narcotraficantes configuró la condición necesaria para la expansión y estabilización del mercado ilegal de drogas, debido a que permitió y garantizó el despliegue y dominio territorial imprescindible”.

Recientemente sobre este tema declaró al diario La Nación: “Se tomó la decisión de romper con el vínculo histórico entre la policía y el crimen. Y en esto hay que ser claro: en todas las investigaciones donde se desarticularon organizaciones narco en la provincia se detectó una fuerte protección policial. Y esa protección era de la alta jerarquía de la fuerza de seguridad que duró en esos cargos durante mucho tiempo”.

Declara también el Ministro: “A los episodios de corrupción policial se añaden los problemas de coordinación, control y eficiencia…” (nuso.org), “La falta de un organismo especializado en la conducción y de un dispositivo policial unificado y especializado contra la Criminalidad Organizada (…), ha dado lugar entre otras cosas, a una gran fragmentación institucional que se refleja en la tendencia histórica por la cual cada cuerpo policial o cada sector de la una misma institución policial formulan y desarrollan sus estrategias y acciones de combate contra el crimen organizado”, en “Tendencias y desafíos del Crimen Organizado”, UMET 2015, en coautoría con Nicolás Rodríguez Games.

“Quien se ha favorecido con estos vacíos institucionales ha sido la DEA, que terminó construyendo e imponiendo un cuadro de situación y un conjunto de estrategias sobre la problemática del narcotráfico de acuerdo con sus propios intereses y perspectivas, que no siempre son convergentes con las políticas y la situación real de Argentina. Nada de ello ocurriría, por cierto, si las autoridades gubernamentales argentinas, salvo algunas puntuales excepciones, no fuesen tan indiferentes ante los asuntos de seguridad pública ni tan permisivas ante los deseos de la DEA, y si las instituciones policiales nacionales, o al menos algunas de sus secciones, no fuesen tan proclives a establecer una relación de dependencia y subordinación ante la agencia norteamericana a cambio de ayuda económica, financiera o material, o por mero sometimiento cultural”.

“Los desafíos que se imponen en nuestros países no pasan por la insulsa postulación de la necesidad de emprender una ‘guerra contras las drogas’, ni de llevar a cabo un combate glorioso contra el crimen organizado, ni por iniciativas aisladas, sino por sentar las bases institucionales necesarias para afrontar una problemática que forma parte de las sociedades capitalistas y que encuentra su impulso fundamentalmente en la demanda creciente de bienes, sustancias y servicios ilegales por parte de una porción de las distintas sociedades”.

Por último: “Los inconvenientes que genera el Crimen Organizado no le interesan a la política básicamente por dos razones: porque la gestión de las policías ha sido viable y eficiente – en el sentido de que no genera cataclismos políticos, logrando invisibilizar el fenómeno de la criminalidad compleja y financiando los déficit presupuestarios y de recursos del sistema policial - y porque no se advierte un interés por poner el foco en desarticular las fuertes imbricaciones entre la política, la economía, la sociedad y la criminalidad compleja, particularmente en tres aspectos: el financiamiento de la política y de algunos poderes públicos, la economía marginal o paralela del sistema económico legal y el contubernio micro-social entre agentes del clientelismo político, actores criminales y policías”.

El narcotráfico a gran escala no representa solamente un problema sanitario, un estímulo de la economía informal o un incremento de hechos delictivos como se ve, mayoritariamente, en los cordones urbanos. Es por sobre todo un sistema que corroe y degrada el aparato institucional de las regiones donde se asienta, así como también el sistema financiero y crediticio. Con los recientes casos de narco política que proliferan en torno a la Hidrovía Paraguay-Paraná, se torna imprescindible ascender en la estructura del entramado delictivo complejo, procurando esclarecer las relaciones delictivas de alto nivel, y dentro de éstas los delitos de “cuello blanco”. Para esto, será fundamental desanudar las relaciones estrechas que hay entre la criminalidad organizada y la primera línea de defensa institucional, las fuerzas de seguridad.

Desde este humilde espacio, intentaremos seguir, siempre con una mirada crítica, los resultados de la gestión del nuevo ministro de Santa Fe, Marcelo Fabián Saín.

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Foto de portada: www.lacapital.com.ar