Desde ellos, hace algún tiempo, se lanzó una campaña de aislamiento contra el magistrado sentenciado a muerte por el Jefe de Jefes, Totò Riina, por Matteo Messina Denaro y, por lo tanto, por toda la mafia.

Y en cada respiro del magistrado se apresuran a señalar con el dedo, a deslegitimar, a acusar y a enlodar. Esos mismos periódicos habían comenzado a difundir la fake news (esta sí) de que Di Matteo sería el nuevo jefe del Dap después de la renuncia de Francesco Basentini.

En los últimos días, sin embargo, hemos visto cómo el aislamiento llegó, inesperadamente, también del "fuego amigo", sólo por haber echado luz sobre algunos hechos que eran más o menos conocidos por el público.

No hay equívocos, ni cálculos, ni venganzas: pero sí la voluntad de aclarar hechos pasados que se expresaron de manera engañosa en la televisión y en vivo, debido a las palabras pronunciadas por uno de los miembros del Movimiento 5 Estrellas (Dino Giarrusso).

Y es igualmente engañoso hacer reconstrucciones, como sucedió durante el episodio de "Accordi&Disaccordi", el programa de entrevistas políticas conducido por Andrea Scanzi y Luca Sommi, transmitido por Nove, refiriéndose a algunas palabras del juez extrapoladas de un artículo del Corriere della Sera ("He expuesto hechos, no percepciones. No sé si fue una elección independiente o inducida por otros. No hago inferencias, todos pueden sacar las consecuencias que crean. No tengo motivos ocultos, como no tuve cuando el ministro me contactó. Fue él quien me buscó, no yo") sin considerar lo que él mismo declaró en una entrevista posterior con La Repubblica.

En este caso, en la óptica del enfrentamiento, no estamos de acuerdo con lo afirmado por Marco Travaglio cuando dijo que las de Di Matteo son "inferencias" y afirmó que el magistrado "se hizo poco servicio a sí mismo porque ahora aquellos que lo acusaban de atrapar fantasmas cuando tramitó los juicios, que en cambio se basaron en pruebas que condujeron a las sentencias, como la Tratativa, ahora dirán: Oh Dios, ¿no habrá hecho los juicios con la misma forma de razonamiento? Esto ante todo lo perjudica. Entonces, en mi opinión, sería mejor que un magistrado siempre nos diga lo que sabe, lo que ve y lo que puede documentar, pero la expresión 'alguien', 'no sé si él o algún otro', estas son cosas que no pertenecen a la cultura de la justicia y al poder judicial que siempre debe basarse en las pruebas".

Un pasaje muy poco feliz, si no grave, desde el momento en que se descalifica la profesionalidad y la historia del fiscal. El elemento adicional, que no se tuvo en cuenta en la reconstrucción del programa, es lo que Di Matteo declaró a La Repubblica, donde explicó por qué estaba preocupado por el paso atrás ("Primero una propuesta, luego otra. Desde entonces, siempre me he preguntado qué había sucedido en el medio. Si, y de dónde, había llegado una indicación negativa, tal vez una señal de los aliados o de otros, esto no puedo saberlo") y agregó que, en la segunda reunión, el ministro le dijo que "para Asuntos Penales no hay disenso o falta de voluntad".

De ahí la consideración de que "alguien" pudo haber "inducido" al ministro en su elección. Una sospecha legítima acompañada de la certeza de que los jefes mafiosos en prisión se habían opuesto al mero rumor de que el magistrado podría ser designado en el DAP.

Esa sospecha legítima basada en algunas pistas que los ciudadanos no pueden pasar por alto, nació de un magistrado que realizó decenas y decenas de investigaciones, como recordó Travaglio, obteniendo condenas importantes como la de primera instancia en la Tratativa Estado-mafia, pero también sentencias definitivas en los juicios sobre las masacres de Chinnici, via d'Amelio y tantos otros crímenes de la mafia, o contra el presidente de la Región, Totò Cuffaro, por nombrar algunos.

Hacerse preguntas es un deber especialmente cuando, después de dos años, todavía no ha habido claridad sobre ciertas decisiones. Porque a menudo se olvida que el tema de las palabras de los jefes que no querían a Di Matteo, aunque no se había revelado como sucedió en las últimas semanas, ya había surgido, y fue informada por este periódico, por el Espresso y por Il Fatto Quotidiano, y nunca fue desmentida por parte de via Arenula.

Sin explicaciones

No creemos, y no lo hemos dicho, que el ministro haya sido ciertamente empujado por la mafia. Pero destacamos una larga serie de errores macroscópicos que demuestran que, en el frente de la lucha contra la mafia, y en particular en el manejo de la emergencia en las cárceles que condujo al escape de jefes peligrosos, ha habido una incompetencia y mediocridad que van más allá de la simple desatención. Errores que comenzaron justo hace dos años a partir de la elección del jefe del DAP, y que han persistido en el tiempo.

Aunque ha habido sesiones informativas en el Parlamento, turnos de preguntas, entrevistas, declaraciones frías y calientes, sostenemos firmemente esto: no estamos satisfechos con las respuestas recibidas y el Ministro de Justicia, para nosotros, debe renunciar.

Intentaremos explicar, una vez más y con gran detalle, por qué hemos llegado a una conclusión tan extrema y decisiva.

Comencemos con la primera pregunta: ¿por qué el ministro Bonafede eligió a Francesco Basentini en lugar de Nino Di Matteo, volviendo sobre sus pasos en la primera propuesta que le hizo?

Entendimos que el ministro Bonafede reivindica la elección y la legitimidad de su discrecionalidad (incluso confiando en el hecho de que "había logrado resultados considerables en términos de eficiencia", indicado en un informe anual de la Dirección Nacional Antimafia), pero no explicó sobre qué base ocurrió esto dentro de las 24 horas.

No podemos creer que todo sea fruto de un malentendido (como todavía se quiere hacer creer). Porque es una ofensa para la inteligencia de los hechos. En primer lugar, porque la Oficina de Asuntos Penales de hoy no puede equipararse a la de Giovanni Falcone en el momento en que Claudio Martelli era ministro.

En segundo lugar, porque Bonafede, como él mismo admitió, estaba al corriente del enojo de los jefes en las cárceles, y no podía haber una "señal más clara e inequívoca para el crimen organizado" (para usar las palabras del ministro mientras justificaba su visión de incluir a Di Matteo en Asuntos Penales) que nombrarlo como jefe del DAP, precisamente porque ellos (los mafiosos) habían dicho que no lo querían. Es una cuestión de lógica.

Para aquellos que pensaban que había motivos ocultos en el discurso de Di Matteo, la suposición no se sostiene por cuanto cuando la transmisión se llevó a cabo después del nombramiento del nuevo jefe del DAP.

El fracaso de Basentini en las cárceles

Hoy está claro que, en el tema carcelario, se jugó una partida que el gobierno, en el mejor de los casos, no pudo entender y, en el peor, no quiso entender. Porque los parches, que lograron detener lo que el Fiscal Nacional Antimafia, Federico Cafiero de Raho, llamó "una hemorragia de excarcelaciones", llegaron sólo desde el 30 de abril, con Basentini ya renunciado (quien fue reemplazado la semana pasada por Dino Petralia, con el nombramiento de un excelente magistrado como Roberto Tartaglia como vice jefe), hasta el último decreto ley que ofrece mejores herramientas que permitan a los tribunales de vigilancia, a los magistrados y jueces que han emitido órdenes de suspender la sentencia también a detenidos del más alto nivel, para reevaluar sus decisiones.

Conocemos las listas. El número final recogido por el DAP y que llegó a las oficinas a través de via Arenula habla de 498 excarcelaciones (entre el 41 bis y Alta seguridad).

El dato que podemos entender es que en la última semana ha habido una única excarcelación, gracias al excelente trabajo de Roberto Tartaglia, lo cual demuestra que la dirección política se ha implementado. Así como la importancia del paso por el cual se "modifica el régimen relativo al beneficio de la detención domiciliaria para los acusados en prisión preventiva y para los presos condenados, así como, para estos últimos, el de aplazamiento de la pena, en casos de delitos asociativos con fines subversivos, terroristas, de tipo mafioso o relacionados con el narcotráfico. El texto establece que, en caso de que estos beneficios sean otorgados por razones relacionadas con la emergencia de salud por Covid-19, el juez de vigilancia o el tribunal supervisor que ha adoptado la disposición, habiendo obtenido la opinión del fiscal de distrito antimafia del lugar donde se cometió el delito y, en casos específicos, del fiscal nacional antimafia y antiterrorista, debe evaluar la permanencia de los motivos relacionados con la emergencia médica dentro del plazo de quince días desde la adopción de la disposición y, posteriormente, mensualmente". Bien, muy bien. Pero todo esto sucede después de una demora muy grave, que objetivamente existió, y que se está evaluando para identificar la responsabilidad de lo sucedido, es decir que en dos meses y medio ocho mil personas salieron de prisión, disminuyendo el hacinamiento y, entre éstos, también 500 prisioneros entre los del 41 bis y alta seguridad.

Sobre esto se debe hacer una evaluación que concierne a todos los componentes: los del poder judicial, los de las oficinas de las cárceles y el Ministro de Justicia.

La responsabilidad de los jueces

Marco Travaglio dijo, entre otras cosas, que el gobierno no tiene nada que ver con las liberaciones en virtud del hecho de que las decisiones son tomadas por jueces que emiten sentencias y órdenes dentro del pleno respeto de su autonomía e independencia. Obviamente, quienes dicen lo contrario, están mintiendo.

Personalmente también agregamos que, con respecto a la liberación masiva que tuvo lugar, pudo incidir la indicación transmitida a principios de abril por el Fiscal General de la Casación, Giovanni Salvi, a todos los Fiscales Generales de Italia en la que se sugería "la oportunidad de evaluar las diferentes opciones que la legislación actual pone a disposición para reducir la población carcelaria". Eso es exactamente lo que sucedió con las medidas que, como se ha destacado varias veces, definirlas como "dislate" es un eufemismo. Basta pensar en el jefe Francesco Bonura, que pasó del 41 bis al arresto domiciliario en su casa de Palermo, con autorización para salir y acompañar a su familia al dentista o a otras visitas médicas, y salir de Palermo para participar en bodas, bautismos, funerales, así como las celebraciones del "25 y 26 de diciembre, domingo de Pascua y lunes del Ángel".

Pero también hay otro "pero" que debe considerarse. Ha habido una larga serie de expertos (el mismo Di Matteo, Sebastiano Ardita, Nicola Gratteri, por nombrar algunos) que en los últimos meses han lanzado más de una alarma sobre lo que podría haber sucedido también a la luz de algunas medidas gubernamentales.

El decreto Cura Italia

Los periódicos más cercanos al centro-derecha, así como los líderes políticos, de manera falsa y tendenciosa, han tratado de hacer creer que, con el decreto Cura Italia del 17 de marzo de 2020, el gobierno había abierto las puertas de las cárceles a los mafiosos. En el texto se preveía que la detención domiciliaria pudiera obtenerse por los presos que estaban cumpliendo una condena, o un residuo de condena, de hasta 18 meses, pero con un procedimiento simplificado. Y la norma excluía a aquellos sujetos que habían cometido delitos particularmente graves, como los mencionados en el artículo 4 bis del ordenamiento penitenciario, maltrato familiar o el acoso, y aquellos que participaron en los disturbios en las cárceles a principios de marzo. Todo es cierto, pero fue de los pliegues de esta disposición de donde surgió el supuesto que permitió que los prisioneros de la mafia también salieran.

Lo afirmaron, según recordamos, magistrados de alto rango como Sebastiano Ardita, que como todos saben no es un recién llegado al tema carcelario.

Excarcelaciones y responsabilidad política

Ardita, analizando los hechos (vale recordar dos entrevistas con las asociaciones Agende Rosse y Memoria e Futuro), observó un aspecto central. Porque es cierto que, con respecto a la autonomía e independencia del juez, los que deciden son los jueces de vigilancia, con medidas paradójicas e ilógicas (ver las relativas a Francesco Bonura o Pasquale Zagaria, por nombrar algunas de las más sensacionales) y, aunque se basaron en normas ordinarias y principios constitucionales sobre el derecho a la salud, hicieron una referencia clara a la emergencia pandémica, creyendo que los detenidos (incluso los mafiosos del 41 bis y en alta seguridad, ya sea condenados o en espera de juicio) estaban más seguros fuera de la prisión que dentro.

Un dato totalmente desmentido por las cifras publicadas por el Garante de los detenidos que habló de 159 contagiados sobre 62 mil prisioneros.

La suposición del riesgo de contagio de Covid-19 es la que llevó al gobierno a adoptar una medida, el decreto Cura Italia que afectaba en los papeles a una población de unos 6000 prisioneros, considerada adecuada para garantizar la salud de los mismos.

El problema es que esto fue dicho sin ninguna base científica, sin ningún informe técnico y sin un estudio sobre los riesgos reales, alimentando la idea de que en la cárcel existe el peligro de propagación del virus en mayor medida que en el exterior.

Y ya aquí hay una primera responsabilidad política. Porque el DAP, el departamento que responde al Ministerio de Justicia, ha cometido una larga serie de errores con respecto al manejo de la emergencia pandémica.

Falta de comunicación y enfrentamientos

En los últimos días, el ministro Bonafede ha hecho la larga lista de cosas que se hicieron durante la gestión de Basentini en estos dos años, pero es un hecho que en los circuitos de Alta Seguridad y del 41 bis hubo problemas. Tanto es así que, en diciembre del 2019, en las oficinas de la Fiscalía Nacional Antimafia, hubo una reunión sobre el punto a la que asistieron varios jefes de las Fiscalías italianas y también el propio Basentini.

Pero volvamos a la pandemia

Desde enero del 2020 ya se hablaba de la emergencia con una proyección del riesgo en términos catastróficos para todo el territorio nacional. El gobierno intervino con medidas extraordinarias, en la primera de ellas se dispuso suspender las entrevistas con los miembros de la familia (reemplazándolas con Skype o conexiones telefónicas) hasta el 31 de mayo del 2020. Esa noticia fue suficiente para desencadenar simultáneamente, en varios institutos italianos, una serie de disturbios en los que murieron 14 prisioneros (se dijo que por sobredosis) y se causaron daños millonarios.

En esos días, el fiscal jefe de Catanzaro, Nicola Gratteri, en una entrevista con Il Fatto Quotidiano, destacó la falta de planificación para hacer frente al hacinamiento y al mismo tiempo denunció: "Un estado moderno y europeo no puede darse el lujo de dar un mensaje de rendición a quienes organizaron disturbios, produjeron daños millonarios y usaron la violencia contra los funcionarios de las prisiones. No puede ceder al chantaje y recompensar la violencia. Sería, en pequeña medida, repetir lo que hizo el Estado después de las masacres de la mafia, cuando muchos mafiosos fueron sacados de la prisión dura, del 41 bis".

Sin embargo, la respuesta a esos disturbios fue el Cura Italia

Al mismo tiempo, el DAP de Basentini (el hombre elegido por Bonafede en lugar de Di Matteo, respecto a quien hoy el ministro reivindicó en el Parlamento su discrecionalidad en la elección) mostró una total falta de planificación.

"Lo que tenía que garantizarse – recordó Ardita recientemente – era una condición de seguridad desde el punto de vista sanitario-epidemiológico que se refería a la generalidad de los prisioneros con respecto al riesgo de contagio y al individuo sometido a tratamiento médico como sujeto enfermo. Por lo que el problema radica precisamente en el hecho de que evidentemente la conducción del DAP no garantizó las condiciones de seguridad desde un punto de vista epidemiológico y de salud". Un dato de hecho si se analiza también la historia de la famosa circular del 21 de marzo del 2020.

La circular del 21 de marzo

Lamentablemente no es una noticia falsa o una simple "vulgata" el peso que tuvo la misma. Dice Gian Carlo Caselli en una entrevista con La Stampa: "Por falta de comunicación sobre sus propósitos precisos, fue interpretada como una especie de 'lista de espera' de prisioneros. De ahí la prisa por las preguntas y excarcelaciones que se han convertido en una avalancha".

Leímos ese documento y nos hicimos una idea. Es cierto que la palabra excarcelación no se menciona, pero está implícita desde el momento en que se da indicaciones a los directores de las cárceles para comunicar "con diligencia a la autoridad judicial, para cualquier determinación de competencia", el nombre de los detenidos que tengan más de 70 años y estén afectados por ciertas enfermedades.

Por lo tanto, no fue una simple circular de monitoreo. No se menciona la excarcelación, pero está implícita porque, sin distinguir el tipo de prisionero, de hecho, la gestión de emergencias se descarga en el magistrado de vigilancia. Como si dijera: "Te he advertido que este prisionero sufre de esta patología específica que aumenta el riesgo de contagio de Covid-19. Ahora míralo tú mismo". Y no es coincidencia que para 60 de los 376 prisioneros en la primera lista enviada al ministerio, no hubo solicitud de liberación de los abogados, sino un informe de la administración. Entonces, Rosalia Di Trapani, la esposa de Salvatore Lo Piccolo, regresó a su casa y podría haber regresado también Nitto Santapaola, si no fuera porque el Tribunal de Vigilancia de Milán consideró que el jefe mafioso de Catania estaba más protegido en la prisión, donde está restringido al 41 bis, que en casa. Un aspecto curioso, considerando que para Francesco Bonura la evaluación fue diferente.

Lamentablemente, la circular del 21 de marzo también se menciona de forma explícita en las disposiciones. Se puede leer la adoptada contra el jefe de la Camorra, Michele Zagaria, y el de Angelo Porcino, un mafioso importante de Barcellona Pozzo di Gotto.

Otra magistrada autorizada como Alessandra Dolci, Fiscal adjunta de la República en los Tribunales ordinarios de Milán, en un artículo publicado en "Jurisprudencia Penal 5/2020" explicó cómo "dicha nota, de manera inapropiada, no distingue entre prisioneros comunes, detenidos en alta seguridad y detenidos bajo el régimen mencionado en el artículo 41 bis del Ordenamiento Penal". También señaló que "incluso el DAP no instó a los directores de las instituciones a comunicar qué medidas se habían tomado para evitar el peligro de contagio, pero las diferentes condiciones de detención aún deberían estar sujetas a evaluación por parte del juez, quien podría solicitar información adicional".

Las mismas consideraciones las había hecho días antes, precisamente en Il Fatto Quotidiano.

Otras críticas a esa misma nota fueron hechas por el Fiscal Nacional Antimafia, Federico Cafiero de Raho. "La administración penitenciaria – dijo el magistrado hace unos días – ha insinuado que no puede excluir el riesgo al trasladar la responsabilidad a los tribunales" señalando que "los presos podrían ser asignados a centros de atención penitenciaria". También agregó que "de esta nota, la Dirección Nacional Antimafia se enteró de su existencia recién el 21 de abril", cuando los primeros jefes ya habían regresado a casa. La "fiesta" se interrumpió cuando los especialistas, los familiares de víctimas de la mafia, la prensa y la sociedad civil se levantaron a coro pidiendo el cese.

Y fue el propio de Raho quien llamó la atención del Ministro de Justicia, pidiendo "recibir las solicitudes de liberación puestas a disposición de los tribunales de vigilancia para expresar una opinión". Así es como se llegó al primer decreto con el cual se hizo obligatoria la opinión de las Direcciones Distritales Antimafia (para los presos por mafia y terrorismo) y de la Dirección Nacional (para los presos bajo el 41 bis).

Por qué las renuncias

En nuestra opinión, a la luz de lo que ya había sucedido a principios de marzo, con los enfrentamientos en las instituciones penitenciarias, un ministro de Justicia serio, competente y decidido en la lucha contra la mafia debería haber monitoreado cada paso del Departamento de Administración Penitenciaria.

Deberían haberse tomado medidas inmediatas para revocar la circular, emitiendo un signo opuesto para indicar a las autoridades judiciales competentes (magistrados de vigilancia y tribunales ordinarios) que presten mayor atención a los detenidos por delitos mafiosos y bajo el 41 bis, informándose todas las medidas que se han adoptado para enfrentar la emergencia de salud y el estado de la situación epidemiológica de las instituciones de detención individuales. Y reservándose el derecho de informar sobre las necesidades de salud extraordinarias que puedan evaluarse de conformidad con los art. 275 co y 4 bis cpp para el reemplazo de medidas de detención penitenciaria.

Todo esto no se ha hecho

Si el ministro había estado al tanto de la circular del 21 de marzo, o se había enterado de su existencia más tarde, el 21 de abril, no se sabe. En ambos casos, sin embargo, se revela una responsabilidad política que se agrava aún más cuando el hombre elegido por él para encabezar el Departamento renuncia.

Al informar en el Parlamento, sobre el asunto del nombramiento del jefe del DAP, Bonafede reivindicó iniciativas gubernamentales recientes, como el cambio de jefatura delDAP (Dino Petralia como jefe y Roberto Tartaglia como vice), la circular del 30 Abril, que especifica que para cualquier liberación de jefes detenidos bajo el 41 bis y en Alta Seguridad, se requiere la opinión de la Fiscalía Nacional Antimafia y de la DDA de competencia, o el Decreto Ley que requiere que los Tribunales de Vigilancia "reevalúen la persistencia actual de las condiciones para la liberación de prisioneros de alta seguridad y 41 bis", a la luz de la nueva "fase" en la que ha entrado la emergencia sanitaria.

Es otra señal política. Tanto es así que en las últimas semanas el número de excarcelaciones casi ha desaparecido (la noticia de hoy fue el "no" a la liberación del jefe de la Camorra, Raffaele Cutolo).

Más vale tarde que nunca, hay que decirlo, pero no pueden ser la "hoja de parra" detrás de la cual esconder los graves errores que se han cometido.

Y lo mismo es cierto para esa lista habitual de leyes y reformas (voto de intercambio, corrupción en la administración pública, bloqueo de la prescripción) que, aunque útiles e importantes, se recuerdan continuamente para garantizar la bondad del trabajo propio.

Debido a que la hemorragia fue grave y todos saben que incluso un sólo día de libertad es suficiente para que los jefes, buenos para entender todas las señales que provienen del mundo legislativo y judicial, se regocijen y reafirmen su fuerza.

Y la alerta sigue siendo alta porque después de los casi 500 prisioneros hay una lista adicional de jefes que deberán ser evaluados. Está claro que fue y siempre será el juez, y no el ministro, quien decidirá, pero tenía que haber una postura política fuerte, que se retrasó.

El ex ministro de Justicia, Claudio Martelli, ha contado repetidamente cómo el gobierno de la época, después de la muerte de Giovanni Falcone, con el decreto ley del 8 de junio aplicó las reglas "al límite de la constitucionalidad". Se dirá que en ese momento el Estado italiano estaba en plena emergencia, precisamente porque fue golpeado por las masacres de la mafia, y que hoy vivimos en una situación diferente. Tanto es así que la lucha contra la mafia se ubica en el decimotercer lugar del plan de gobierno. Quizás este sea precisamente el punto sobre el que deberíamos reflexionar. Casi 28 años después de las masacres ha habido un colapso de la atención pública y social de la lucha contra la mafia y se olvida la fuerza que tienen Cosa Nostra, la 'Ndrangheta y la Camorra, capaces de alterar una democracia.

A la luz de todos estos hechos, querido Marco Travaglio, insistimos en pedir la renuncia del Ministro de Justicia Alfonso Bonafede. Porque ante los graves errores cometidos, los retrasos y la inercia, no nos gustan los compromisos ni los cálculos políticos. Ni siquiera cuando ciertas alineaciones, movimientos o partidos los realizan, lo que puede ser más o menos agradable que otros.

Ante la arrogancia del poder no puede haber pesos y medidas diferentes. Una arrogancia que se ha mostrado en toda su esencia precisamente en la historia del fallido nombramiento de Di Matteo en el DAP.

Alguien dirá que, en este momento, pedir la renuncia del Ministro de Justicia significa, automáticamente, abrirle una crisis al gobierno. Este tipo de evaluación no nos pertenece y, paradójicamente, fue el espíritu que, hasta ayer, encontramos y apreciamos también al leer Il Fatto Quotidiano. Hoy, frente a tan extenuantes defensas políticas de un Ministro de Justicia que ha demostrado ser inútil y mediocre en el tema de las cárceles y de las excarcelaciones, parece que ese ya no es el caso.

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*Foto de Portada: © Imagoeconomica/Paolo Bassani : Marco Travaglio

*Foto 2: © Imagoeconomica/Paolo Bassani : Nino Di Natteo

*Foto 3: © Imagoeconomica/Paolo Bassani: Alfonso Bonafede

*Foto 4: © Imagoeconomica/Paolo Bassani: Centro carcelario

*Foto 5: © Imagoeconomica/Paolo Bassani : Dino Petralia e Roberto Tartaglia