por Giorgio Bongiovanni – 30 de enero del 2017

El sábado se inició oficialmente en Italia el Año Judicial 2017. Los más altos niveles del poder judicial opinaron sobre el estado de la justicia en el país, enumeraron los problemas, señalaron el número de investigaciones y procesos en curso e indicaron las medidas que se deben tomar en el aspecto normativo.

Una vez más, sin embargo, leyendo las declaraciones de los Fiscales Generales, Fiscales en Jefe y Presidentes de los Tribunales de Apelación, de Roma a Milán y hasta Palermo, uno se queda atónito e indigando.

Es cierto que, según se afirma en muchas de ellas, la mafia sigue siendo fuerte y se hace necesaria una reforma legislativa para enfrentar el fenómeno de la corrupción y de la 'proliferación' de los delitos de 'cuello blanco'. Pero parece absurdo, veinticinco años después de los atentados, que nadie haya tenido el valor o el sentido común de decir unas pocas palabras sobre aquellos compañeros condenados a muerte o sometidos a pesadas amenazas del crimen organizado y de otros personajes. Magistrados que son objeto de proyectos de atentados todavía vigentes.

Ninguno quiso expresar su solidaridad con figuras como el fiscal Nino Di Matteo, Nicola Gratteri, Giuseppe Lombardo o incluso el mismo Roberto Scarpinato, quien puede sentirse incómodo al tener que hablar de las amenazas que lo afectan. Pero ¿y todos los demás que tomaron la palabra? ¿Puede resultarles tan incómodo? ¿Y por qué ni una sola referencia al proceso de la tratativa Estado-mafia, mientras se eligió citar otros procesos, aunque sean ordinarios?

Así, una vez más, hemos sido testigos en el día hipocresía.

Una hipocresía que ya se había manifestado en la jornada del jueves, cuando en el auditorio de la Corte Suprema de Justicia, Giovanni Canzio y el fiscal general Pasquale Ciccolo han tenido a bien señalar a fiscales "culpables" de "distorsión del proceso en los medios de comunicación" en vez de dirigir la crítica contra una política que busca cada vez más estrechar el cerco alrededor de los jueces, amenazando su autonomía e independencia.

Por supuesto ¿qué otra cosa se podía esperar de aquellos que han disfrutado de un decreto "ad personam" que extendió la edad de jubilación a los 72 años?

El silencio de las autoridades más importantes del poder judicial y la del Presidente de la República Sergio Mattarella, que también es Presidente del Consejo Superior de la Magistratura, son una clara señal de que el tema va más allá de la mera indiferencia.

Que se caigan las máscaras, entonces. Que se diga que es falso, que los ataques contra Nino Di Matteo, al día de hoy el hombre más custodiado de Italia, como el mismo Jefe de Estado, y contra los demás jueces que conforman la primera línea en la lucha contra la mafia no son más que fábulas e invenciones. Paolo Borsellino, con motivo de los treinta días de la masacre de Capaci, dijo claramente que Giovanni Falcone fue asesinado por la mafia el 23 de mayo de 1992, pero empezó a morir el 19 de enero de 1988. Se refería a la fecha en que el Consejo Superior de la Magistratura prefirió elegir a Antonino Meli como sucesor de Nino Caponnetto antes que a Falcone, para el cargo de Jefe de la Instrucción de Palermo.

Así pues, fue dentro del mismo poder judicial que se inició el aislamiento de los jueces asesinados. Un aislamiento que regresa y se manifiesta en un "silencio que mata".

Hoy, como entonces, regresan las acusaciones de "protagonismo" y se olvida que en los tiempos de Falcone y Borsellino ellos fueron de los pocos en dar entrevistas para crear conciencia sobre la mafia, desafiando el riesgo de un procedimiento disciplinario.

Es una historia que se repite en el tiempo. Esperemos que no se repita