El proyecto de ley ya tiene su media sanción en el Senado y respaldada por los grandes bloques parlamentarios (FA, PN, PC) y se espera su inminente aprobación en las próximas horas en Diputados. Coincidente con la visita el próximo 17 de mayo de los directivos de la trasnacional finlandesa UPM y la confluencia de los grandes partidos del régimen de aplicar a pie juntillas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que recientemente visitó el país.

Compartimos con nuestros lectores los comunicados de los organismos de DDHH.

Comunicado del Espacio Anti represivo

Comunicado de Plenaria Memoria y Justicia

Montevideo 14 de Mayo de 2019

Comunicado:

Se está por votar una ley denominada antiterrorista que más allá de todo aspecto técnico en debate, en los hechos es otro episodio más que contribuye a la militarización de la sociedad y la criminalización de la protesta. Frenar al fascismo es frenar el conjunto de mecanismos que lo fortalecen. Esta ley es uno de esos mecanismos.

El pasado 7 de mayo en la cámara de senadores fue aprobado un proyecto de ley denominado: “Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Este hecho se debe a las presiones ejercidas por el capital internacional para obtener de parte del Estado “garantías” para los inversores transnacionales como es el caso de la tercera planta de celulosa que se quiere instalar.

Se enmarca en un proceso de criminalización de la protesta en Latinoamérica que impulsan EEUU y el Sionismo, mediante organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), con directivas a los gobiernos nacionales. Ejemplo de ello son los casos de Argentina y Chile donde la persecución y represión de la lucha Mapuche y la de los trabajadores de “Las Heras” es criminalizada con este tipo de leyes.

Esto se ve implicado dentro de las políticas represivas antiterroristas donde Uruguay, ya cuenta con 4 leyes; ley 17704 del 2003, ley 17.835 del 2004 (modificada por la 18.474), ley 19574 y este nuevo proyecto, que muestra el avance de la represión hacia las organizaciones sociales, así alineándose a las políticas internacionales dictadas por los intereses del capital transnacional.

Esta ley define de forma amplía el concepto de terrorismo que ya existía en la Ley 17.835. de forma ambigua y laxa, dejando a criterio de los fiscales y jueces, qué actividades se verán enmarcadas dentro de la misma, por ejemplo; dejando impune las decisiones que tome el Estado a través de la criminalización de organizaciones o individuos que busquen romper con el status quo.

Asimismo, bajo la excusa de prevenir actos terroristas explicita el aval para el uso de técnicas especiales de investigación, tales como, la intercepción de comunicaciones, o lo más grave, la infiltración de tiras dentro de las organizaciones que ellos entiendan puedan realizar estos actos. Esto último es, legitimar una persecución política, que ya existe, de organizaciones sociales a través de la infiltración de tiras. (Esto se explicita en el artículo 64 de la ley n° 19.574).

Llamamos a las organizaciones sociales e individuos a parar este avance represivo en nuestra región.

Contra la criminalización de la protesta

Contra la ley antiterrorista

Plenaria Memoria y Justicia

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(*) Gentileza de Sebastián Artigas y La Izquierda Diario

*Fotos de: www.la Izquierda Diario