RASGAR EL SILENCIO PARA  FRENAR EL TORMENTO
Madres de jóvenes recluidos denuncian torturas en establecimientos del Estado uruguayo
Por Jean Georges Almendras

¿Podremos comprender algún día el sentimiento de impotencia que  una madre puede sentir al saber que su hijo adolescente, privado de su libertad en un establecimiento del Estado –por haber  transgredido la Ley y en cumplimiento de una orden judicial- este siendo víctima de apremios físicos, de humillaciones y de vejámenes físicos y psicológicos?. No creo que lo podamos comprender. No tendremos la sensibilidad necesaria para asimilarlo, sencillamente  porque no lo estamos padeciendo en carne propia. Y eso ya es más que suficiente para distanciarnos de la situación. Para alejarla circunstancialmente, mirándola desde la otra vereda, evitándonos así comprometernos con ella o literalmente, ni siquiera pensarla como parte de nuestra vida. Hasta quizás de esa forma, evitando cuestionarla o si se quiere investigarla. Será más cómodo decirnos a nosotros mismos que al final de cuentas esos chicos,    encerrados por orden de la Justicia, algo habrán hecho y que por lo tanto la vida allí dentro no les será fácil. ¿Y llegar a esa conclusión puede resultar saludable y ético?.Todo lo contrario. Llegar a pensar  que las penurias en las vidas de esos chicos entre rejas no es tema que importe a la sociedad y que no es tema que nos deba preocupar como ciudadanos, individualmente, nos demuestra inexorablemente que hemos llegado a un grado de egoísmo, de insensibilidad y de inescrupulosidad tal que  verdaderamente nos debería dar vergüenza considerarnos “buenos ciudadanos”, porque verdaderamente  pensando así, nos estamos equivocando y mal.

Recientemente –en los primeros días de julio de 2014- la prensa uruguaya hizo punta a los cuatro vientos sobre un tema relacionado con los jóvenes menores de edad infractores recluidos en establecimientos del Estado, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Se trató públicamente un tema áspero y cruel y seguramente muy incómodo para ciertos sectores políticos, en particular de la oficialidad. Por todos los diarios y noticieros de radio y televisión se dieron a conocer denuncias de malos tratos –torturas- cometidos contra jóvenes recluidos bajo la orbita del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), del INAU. Oportunamente  los periodistas de Montevideo fueron informados por la abogada de las madres de los jóvenes internados, Sandra Giménez, que estas denuncias primero fueron presentadas ante Jurídica del SIRPA, y que como no se tomaron medidas decidieron llevarlas a la Institución de Derechos Humanos y a la Justicia Penal, de la ciudad de Pando, el departamento de Canelones.

La inmediata respuesta  a la prensa,  del Presidente del SIRPA, Ruben Villaverde, fue la siguiente: “tengo todo el equipo de Jurídica concentrado en las denuncias sobre el Hogar SER “(que se encuentra en predios de la Colonia Berro, en el departamento de Canelones). Y agregó:” Actuaciones ha habido. Quiero decir que los casos son  complejos y también son de enorme complejidad los tiempos de nuestra área jurídica y de la Justicia, por eso se ha demorado”.  Y luego recordó que las primeras denuncias de maltratos las había radicado él mismo en el juzgado de Pando en el mes de setiembre de 2013 y que en febrero de este 2014 había reiterado ante la Justicia denuncias  de presuntas palizas cometidas por  funcionarios  del hogar  SER, cuyas autoridades iniciaron investigaciones administrativas que no concluyeron,  iniciándose algunos sumarios y disponiéndose que algunos funcionarios de ese hogar fueran separados de sus cargos.

Hasta este punto  la noticia ya sería más que suficiente para calmar las ansiedades de las madres denunciantes, y  perfectamente la opinión pública podría  dar la vuelta la página y esperar el curso de las investigaciones, sin mayores repercusiones, lo que verdaderamente me resultaría vergonzoso.
 
¿Vergonzoso por qué? Pues porque sería el sumun de la indiferencia ciudadana ante hechos, que de ratificarse, estarían poniendo en evidencia la presencia de una de las facetas más negras de las páginas del Estado en su delicada tarea de educar y de rehabilitar jóvenes infractores. Tarea que debería desempeñarse a conciencia y bajo pautas o parámetros propios de una cultura de ética y de valores, que me atrevería a decir carecen muchos de los funcionarios del INAU –especialmente aquellos que se aferran a la cultura de la corrupción-  salvo excepciones, por cierto.

Pero vayamos con calma, porque las investigaciones –según las autoridades- aún no nos dicen nada. Y tal parece que en este sentido, el camino que ha sido elegido por las autoridades, es el más largo y en consecuencia el más lento.  Pero  de igual forma (o mientras tanto,) como ciudadano y como periodista me surgen interrogantes.  Por ejemplo, de confirmarse los malos tratos, me pregunto (y pregunto):¿Sera  acaso que en materia de centros de rehabilitación de infractores, todavía haya quienes  lleven a la práctica, intra muros, desvíos  del poder, más propios de los tiempos de dictadura que de los tiempos de democracia?.¿Será posible que el Estado pueda hacer la vista gorda a un tema en extremo preocupante, a riesgo de formar parte de una actitud más en favor de la impunidad, que en favor de la verdad?¿Será posible que todavía haya funcionarios que adopten los apremios físicos o malos tratos como una forma habitual de relacionamiento  con los recluidos, porque se trata de jóvenes que cometieron delitos?¿Será posible que el Estado uruguayo –ahora con un gobierno progresista que ha hecho punta , o procura hacerlo,  con temas relacionados a los derechos humanos- tenga entre sus filas personajes que  violen abierta y descaradamente normas y lineamientos de rehabilitación en los establecimientos de reclusión de jóvenes y adolescentes?
 
En mis casi 40 años de periodismo y en mis casi 60 años de vida, no han sido pocas las veces que he escuchado (ventilándose en los diferentes medios de comunicación, en los pasillos del Palacio Legislativo y en las sedes de los juzgados penales) denuncias de carencias de todo tipo, abusos y malos tratos a los jóvenes internados (recluidos)  de lo que en otros tiempos era el Consejo del Niño, el INAME, hoy INAU. El mal trato, la golpiza, o mejor dicho, el abuso de autoridad y el abuso de poder, siempre llevaba de la mano a la denuncia. Sea anónima o no. Sea por unos, sea por otros. Sea en la década del cincuenta, o en la década del sesenta, o del setenta, o del ochenta, o del noventa, o del dos mil. Es decir, hoy.

 La repugnante práctica de malos tratos en esos centros es un tema añejo y bien directo, y sin resolver. O quizás ha sido resuelto solamente a medias. ¿O quizás solamente ha sido anestesiado?  Lo cierto es que de tanto en tanto, las aguas turbias del funcionariado deshonesto y corrupto de esos centros de reclusión, donde los infractores son menores que han transgredido las normas de convivencia –en muchos casos ejerciendo violencia extrema con en costo de vidas-  salen a la luz pública de una o de otra manera. Y felizmente que eso ocurre porque la impunidad, ante esos atropellos y esas prácticas contra quienes están privados de su libertad, resulta ser tan repudiable o más aún, que los delitos cometidos por los recluidos, a quienes la sociedad extra muros, demoniza inmediatamente con asombrosa ligereza. Y entonces, me resulta altamente repugnante que todavía haya funcionarios del Estado que no hayan asimilado los alcances de su función de educadores, y hasta si se quiere, la ignoren al punto de creerse los dueños de la vida humana, y  en particular de esas vidas humanas sumidas en el encierro, en la desolación o en el conflicto. Y en aras de esa vulnerabilidad, los carceleros (“educadores”) de turno, opten por entender, erróneamente, que el castigo físico aplicado a los delincuentes (porque los sienten como la escoria de la sociedad) sirva de instrumento para cerrar las heridas del dolor ciudadano. Como si por arte de magia, al torturar, al  humillar y al vejar al victimario (al delincuente) intra muros, la sociedad  entera, tendría la posibilidad de recuperar vidas y de saciar su sed de venganza. A menos que esos malos tratos encierren motivaciones más retorcidas  y más acorde con el sentimiento de corrupción expandido entre algunos funcionarios (que por cierto empañan la buena gestión y la profesionalidad de otros) quizás, buscando algo mucho más grave aún, como ser la distorsión de los parámetros de rehabilitación dirigido a esos jóvenes, para transformarlos en sus aliados ¿para que ellos cometan delitos en el futuro?¿para amoldarlos a sus metodologías mafiosas? ¿ o para utilizarlos con miras a lograr objetivos reñidos con la ley?¿ o para que no se atrevan a trasgredir los mantos y los códigos de la impunidad de sus carceleros, instalados en el sistema desde hace años ?.

Ver si todos esos malos tratos o vejámenes denunciados son verdaderos o son trapisondas y manipulaciones de los denunciantes constituye la otra cara de la moneda. Y en el correr de los últimos días esa etapa de investigación está sobre el tapete público. Y de acuerdo a lo que hemos podido ir observando en las diferentes entrevistas realizadas a las autoridades del INAU y del SIRPA, todavía no hay resoluciones. Ergo, todavía estas denuncias no han sido ratificadas, al menos desde el punto de vista de la Justicia, la que en consecuencia aún no se ha expedido.
Fuera de las sedes judiciales y fuera de las oficinas o los despachos de los jerarcas de los centros del INAU consultados, o del SIRPA mismo, el clamor de que se haga justicia se palpa abiertamente. Con el sello propio del dolor y del drama por el que están atravesando las familias de los jóvenes denunciantes, los testimonios y las quejas han tomado estado público, significativamente.

Uno de los principales voceros de estas denuncias ha sido y es la abogada Sandra Giménez, quien en diálogo con los medios de prensa ha explicado que tras realizarse las pericias forenses de los adolescentes en cuestión se aguarda que la Justicia cite a declarar a los menores. Asimismo la doctora Giménez no escatimó críticas al SIRPA principalmente por la demora en procesar las denuncias.

En el otro extremo de las apreciaciones públicas de la abogada Giménez, de neto corte jurídico, las madres de los jovencitos no tuvieron mejor idea que acudir a los medios de comunicación ¿para ser escuchadas únicamente?. No. Sino para que estos episodios no queden en el silencio y no queden en la impunidad. Y es más. Para que los jóvenes  -sus hijos- puedan, si acaso, cumplir con su  respectiva reclusión sin el plus del tormento, cuya práctica dejará en la sociedad y en los adolescentes mismos una huella altamente negativa, cuyas repercusiones nadie aún parecería estar considerando. ¿Qué valores puede aprender un joven internado en un centro de reclusión cuando es constantemente mal tratado?¿Qué caminos de esperanza se pueden abrir en las agudas heridas de la vida de esos jóvenes que llegaron al extremo del delito, más como una  expresión de su deterioro afectivo y social, producto de vaya uno a saber que cadena de sufrimientos y carencias, que como una opción inevitable?¿Cómo podremos regresar al alma de esos jóvenes, lacerada y marcada por las injusticias sociales, la credibilidad y la confianza en la educación que imparte el Estado, si cuando éste último, que tiene la oportunidad de demostrárselo, termina abofeteándolos descaradamente,  amparado en la impunidad de un sistema, que tiene en sus mismas entrañas, horrendos matices de corrupción y de poder?

Toda la prensa uruguaya, en particular los medios locales, sacaron a la luz pública los relatos de las madres. Relatos estremecedores ventilados en diarios, noticieros y programas de televisión. La prensa como instrumento de denuncia, para unos. La prensa como forma de amarillismo lucrativo para otros. Los unos, luchando para que la verdad salga a luz. Los otros, para que la impunidad se mantenga incólume. Y en el medio de esa contienda, bochornosa e inmoral, y totalmente insensible, el sistema político aportando su cuota especulativa. El oficialismo, cuidadoso de las formas y de los escraches en épocas electorales. La oposición, aventurando una opinión presuntamente esclarecedora, pero no por ello rebuscada, aprovechando la situación para buscar la quinta pata al gato. Como toda oposición, solo que ésta vez, todas las razones parecen inclinarse en favor de la crítica.

En un programa de televisión de Canal 12 de Montevideo, “Código País”, del cual es conductor el colega Aldo Silva y su editorialista el periodista y escritor Alfonso Lessa,  todas las partes tuvieron la oportunidad de hablar. Y se oyeron todas las campanas. Y los periodistas que encararon al Presidente del INAU, el doctor Javier Salsamendi, le hicieron todas las preguntas pero no hallaron todas las respuestas. Y el televidente creo que tampoco, porque Salsamendi, esta vez como  representante del Estado, no hizo otra cosa que circunvalar muy hábilmente las interrogantes, sin responder directamente sobre las verdades que se le iban demostrando a lo largo del programa a través de testimonios de madres de los jóvenes torturados y hasta de ex funcionarias del sistema que optaron por rasgar el silencio. Las preguntas  que predominaron durante la velada periodística aludieron directamente a las resoluciones judiciales aún inexistentes; a los riesgos que se exponían quienes denunciaban los malos tratos, en particular los jóvenes bajo encierro, obviamente por ser los  más expuestos a una represalia por sacar a la luz todos los atropellos que sus madres relataron a los medios de comunicación, una y otra vez, anónimamente o no; al significado de todo este problema, que más que un problema aislado, apunta mas bien a ser un grave y urgente asunto de Estado (coincidiendo con Lessa); al futuro de los denunciantes y al pasado y al presente del INAU, sin dejar de aludir al ex jerarca del INAU, sacerdote progresista Mateo Méndez, a quien lo recordamos años atrás renunciando a su cargo y declarándose superado, entre otras cosas, por la corrupción existente dentro de la institución. ¿Una corrupción instalada allí desde tiempos pasados y de difícil desmantelamiento, dados los intereses que rodean a la gestión del sistema?¿Una corrupción traducida en la presión de las luchas intestinas entre los grupos antagónicos existentes entre los funcionarios, con el saldo inevitable del entorpecimiento descarado de los programas educativos  o los proyectos que quiso llevar a la práctica el sacerdote?¿Una corrupción acunada y sustentada en metodologías mafiosas, que además de perjudicar  los cometidos naturales de la institución toma de rehenes a los jóvenes internos , a la postre ignorados, desatendidos y los que es más grave aún, vejados y mortificados física y psicológicamente?  

¿Y cuáles fueron los testimonios de las madres de los jóvenes que salieron a la luz pública en los medios de comunicación?. Son unos cuantos y de distinto tenor. Veamos algunos de ellos: “Mamá, se cansaron de darme palo. Se cansaron de darme palo” dijo una madre refiriéndose a los dichos de su hijo, relatando  además  que en su siguiente visita tuvo conocimiento de que éste había intentado ahorcarse.
La madres relataron además, reiteradamente, que sus hijos fueron sometidos a golpizas estando desnudos, que estuvieron horas esposados en el patio con la obligación de limpiar pisos con cepillos de dientes y que “si los chicos no dicen ¡Viva la Policía! les dan palo abierto”.
 Pero hay un relato por demás significativo y preocupante, que demuestra a las claras el grado de vulnerabilidad en el cual se encuentran los jóvenes por haber confidenciado a sus madres los atropellos a los cuales son sometidos. Una mujer, dijo a los periodistas de diferentes medios que a su hijo le hicieron comerse el papel de la carta de citación para declarar a una funcionaria al tiempo de decirle: “¡Comete esta carta, porque a tu madre le gusta hablar en la tele y contar cosas!”
A la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tal  como lo consigna el diario El País en su edición del día 5 de julio, se ratificaron muchas denuncias. Y en uno de los titulares de esa información queda resumida una situación en extremo grave: “Testimonios dicen que cada vez que denuncian, sus hijos son maltratados”.
¿Y cuáles son esos testimonios? En la nota de El País, del colega Eduardo Barreneche, se consigna: ”Yo entregué a mi hijo porque cometió un delito. Lo entraron de los pelos y me quedé escuchando. Como madre me dolió muchísimo oír los gritos desgarradores de mi hijo. Después que me lo entregaron estuve internada por la desesperación•” El testimonio, pertenece a una de las cuatro madres de menores infractores que concurrieron a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, para testificar sobre las condiciones de internación en los centros del INAU.

Siguiendo la línea del relato se señala que días después la madre se encontró con su hijo en la visita y allí, ella llorando le preguntó el motivo por el cual había sido golpeado. Su hijo, presentando la ceja y los labios partidos, y el rostro desfigurado, le dijo:”Porque vos me entregaste. Si vos no me hubieras entregado, no me golpeaban”.

En relación a la misma temática, otra madre denunció que en la anterior dirección del Hogar SER, su hijo recibió golpizas. En tal sentido, la dirección decidió intervenir el Hogar luego de que una decena de funcionarios, el día 13 de junio, declarara ante la Justicia de Pando.

El periodista Eduardo Barreneche publicó en El País que según las actas taquigráficas de la sesión de la Comisión de derechos Humanos a las que tuvo acceso  una madre dijo que como su hijo se quiso ahorcar, los funcionarios  lo llevaron al Hospital Vilardebó donde le dieron inyectables y pastillas, y que en una oportunidad, en una de las visitas le dijo a su hijo: “ me acabo de enterar en la cola por una de las mamás que hubo seis o siete chicos que dejaron desnudos en el patio, durante cinco días, haciéndolos saltar y engrillados”.

También la señora relató que en una oportunidad denunció que su hijo sufría malos tratos en el Hogar SER y que por ese motivo “a mi hijo le hicieron comer la carta de citación dirigida a la entonces directora del Hogar, diciéndole ¡comete esta carta, porque tu madre le gusta hablar en la tele y contar cosas¡ y después le hicieron comer el papel, lo llevaron al patio y le dieron golpizas desnudo. Tenemos los nombres de los torturadores”

Por su parte la abogada Sandra Giménez agregó: ”Los adolescentes relataban que los sacaban desnudos en invierno, mojados, golpeados, siempre esposados y engrillados, y que cuando pedían para ir al baño en los centros masculinos los esposaban con las manos en la espalda. Obviamente que era muy difícil bajarse la ropa para hacer sus necesidades y se orinaban en la ropa”
De todo el cúmulo de testimonios, hay uno en particular que  deja al descubierto una situación que merecería la atención (y la investigación de las autoridades competentes) . Una madre además de informar a la Comisión de Diputados que Villaverde las recibió en el correr de los últimos meses del año pasado dijo que él las ayudaría y que dejaran todo quieto, y que eso estaría bien. Después dijo:”Cuando estábamos por salir  nos pidió los nombres de los chicos. Una madre dio el de su hijo –yo no lo hice porque no me inspiró confianza- y lo torturaron todos los días durante meses (“porque a la mamá le gusta denunciar”). El único que sabía el nombre del adolescente era Villaverde”.

Uno de los capítulos de la extensa nota del diario El País incluye cuatro testimonios de madres: “En una visita entra un chico muy delgado que mira a mi hijo. ¿Lo conoces? Le pregunté. Si mamá. Muchas noches cuando yo estaba colgado (del  techo) en el baño, él inventaba que tenía que hacer pichi y caca para ponerse de cuatro patas para que a mi me doliera tanto los brazos. El me contaba esporádicamente esas cosas. No lo hacía de manera natural” dijo una madre. Otra madre aportó otro testimonio:”Están entrenando ahí dentro para que salgan a reventar gente, que es algo que ya me pasó. A otro de mis hijos, que no era malandro, lo mató un chico que hacía diez días que había salido del SER”. Un tercer testimonio fue el siguiente:”A mi hijo le dieron una paliza brutal esposado de pies y manos; lo dejaron tres días en una pieza, tirado en el suelo, de calzoncillos”. El cuarto testimonio fue éste:”¿Dicen que los funcionarios no pueden pegar?. El tal “Popeye” que figura en varios expedientes, lo mató a palos. Fue una tortura lo que le hizo: mi hijo estaba esposado de pies y manos”.

En la edición del diario El Observador de fecha 7 de julio de 2014, un titular es demasiado claro en lo que respecta  a la postura de los legisladores del Frente Amplio. Dice así: “Denuncian a legisladoras del FA de presionar a madres de infractores para que no hablen con la prensa. La diputada Daniela Payssé rechazó las denuncias de madres de menores internados en el hogar SER”
En el desarrollo de la información se consignan los dichos de una madre que asistió junto a  otras a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La señora en cuestión, que tiene a su hijo en el Hogar SER, dijo a El Observador:”Nos están acosando para que  no hablemos”. Esta persona además, que prefirió mantener su nombre en reserva para que “no maten a palos “a su hijo, dijo que las diputadas frenteamplistas Daniela Payssé(de Asamblea Uruguay) y Orquídea Minetti(del MPP) las presionaron por haber hablado con los periodistas sobre estos incidentes porque la prensa es “amarillista” y “agranda las cosas”. La señora explicó que durante la reunión en lugar de buscar una solución a los problemas que plantearon, se les advirtió que no hablaran con la prensa.

“Payssé y la otra enojadísimas, la Orquídea (Minetti) esa se puso a gritar también” fueron  las palabras de la señora quien además destacó que durante el encuentro, en determinado momento el diputado del Partido Colorado Gustavo Espinosa, presidente de la Comisión, las respaldó señalando que era bueno hablar con la prensa:”porque al fin gracias a la prensa están consiguiendo cosas que antes no conseguían como jabones, pastas de dientes, cepillos de dientes”. Por su parte la denunciante prosiguió:” Ellos (los diputados) nos, contaron lo que habían visto cuando fueron a los hogares. Que ellos tenían material para trabajar para que se cumplieran los reglamentos y después siguió la discusión por la prensa” . Otra madre de uno de los menores que denunciaron golpizas afirmó:”No es que nos trataran bien, sino que nos citaron ahí para decirnos que no habláramos con la prensa, que estaba la prensa esperando y que no habláramos con ella. Y afuera estaba la prensa esperando y les dijimos que no. No hablamos porque ella (Payssé)nos dijo que no “ .Enseguida agregó:”Respondiendo a Payssé, nuestra abogada (Sandra Giménez) dijo que cuando fuimos a la prensa ya habíamos agotado todos los recursos y nadie nos daba corte. Y la prensa ayudó. Estamos desde julio del año pasado haciendo denuncias y no salimos en la tele ni en ningún lado”    

La prensa consultó a la otra parte  y en tal sentido  la legisladora Paysse dijo a El Observador negó rotundamente que ella haya actuado de esa manera y para ello se valía de las actas para demostrarlo. En cambio, el Presidente de la Comisión, Gustavo Espinosa dijo que el tema de la prensa estuvo planteado en la reunión y comentó que en las primeras intervenciones de los legisladores oficialistas “se empieza a hablar del tema”. El periodista de El Observador preguntó a Espinosa si los comentarios de las diputadas habían sido negativos, y el legislador respondió: ”Obvio, eso sí. Fueron comentarios críticos y que señalaron matices. No puedo juzgarlos como una presión porque no sería objetivo”. El diputado del Partido Nacional pablo Abdala, que estuvo en la reunión de la Comisión, pero en carácter de oyente, dijo a El Observador:” se habló del tema prensa y que hubo referencias a que esto no es conveniente tirarlo por la prensa. Existió referencia de algún diputado del Frente Amplio de que si el tema se ventila por la prensa la cosa se politiza. Pero quedó claro y lo dijeron varios diputados, que en un país libre y democrático, hablar con la prensa es un derecho que todos tenemos”

En relación a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la periodista Natalia Uval, de La Diaria informó que dicha Comisión sesionó el día 9 de julio con el fin de evaluar los testimonios de las madres de los jóvenes recluidos en el Hogar SER, de la Colonia Berro, que en la semana anterior denunciaron torturas y maltratos a sus hijos en ese ámbito. Según lo señalado por la colega el presidente de la Comisión Gustavo Espinosa tenía previsto proponer convocar a las autoridades del SIRPA y al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. En este sentido, Espinosa, en diálogo con La Diaria puntualizó: “Además de las responsabilidades penales, acá hay que analizar las responsabilidades políticas”. A todo esto el diario El País consultó a Villaverde sobre las declaraciones de la abogada defensora de los jóvenes recluidos, Sandra Giménez, en la Comisión de Derechos Humanos, donde la profesional sostuvo, en una reunión que mantuvo con Villaverde, que éste le había dicho que era “muy difícil estar permanentemente negociando con el sindicato” y que los “malos tratos eran prácticas difíciles de erradicar”. Posteriormente Villaverde enfatizó al diario El País:” Nunca dije esas cosas sobre el sindicato del INAU. Respeto mucho el trabajo de la doctora Giménez, y no vamos a abrir comentarios sobre sus actuaciones”
En los primeros días del mes de julio el tema se catapultó de tal forma que los medios de comunicación no escatimaron información sobre las particularidades de las denuncias ni tampoco sobre las repercusiones a diferentes niveles. Por ejemplo, se informó que el Comité de los Derechos del Niño denunció a dos fiscales de la ciudad de Pando por demorar expedientes sobre golpizas a internos efectuadas por  educadores de la Colonia Berro, razón por la cual el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, pidió informes a los fiscales.
Podríamos continuar consignando idas y contramarchas en torno al verdadero escándalo que resulta ser el cúmulo de denuncias de torturas, humillaciones y vejaciones a las cuales se habrían sometido a los jóvenes de los centros u hogares involucrados, dependientes del INAU. Pero también podríamos pecar de inocentes si consideráramos que se tratarían de denuncias infundadas o malintencionadas, tanto sea por intereses políticos o amarillistas. Una inocencia que  no podemos permitirnos tomando en cuenta que se trata de una situación, que por su naturaleza resulta en extremo grave y en extremo preocupante. Son muchos los factores que deben hacernos reflexionar ante todas estas informaciones. Por nombrar algunos de estos factores deberíamos profundizar en la esencia misma de un verdadero entramado, casi de difícil resolución y muy presente en el asunto, consistente en el hecho de que si se denuncia, se corre el riesgo de ser pasible de una represalia, de una golpiza. Y entonces, como denunciar significa querer derribar los muros de la impunidad ¿no hay otro camino que correr los riesgos del caso y seguir denunciando estos hechos, aunque duela hacerlo como madre y como adolescente interno en el hogar SER o en otro hogar? Efectivamente no hay otro camino. Porque se llegó al límite. Porque esos jóvenes allí encerrados han llegado al límite. Porque esas madres llegaron al límite y porque algunos funcionarios del INAU también llegaron al límite ¿O acaso tenemos el derecho, como sistema de rehabilitación estatal, de mortificarlos y torturarlos a esa juventud  viviendo el sufrimiento que ya de por sí constituye la privación de libertad? No tenemos derecho, ni en nombre del sistema político, ni en nombre del poder.

La pulseada está clara. Los unos, amparados en las sombras y entre los muros de un sistema que más parece sobrevivir y destacarse por los desvíos que por los aciertos. Y los otros, que  doblegados por su conflictiva personal y por la soledad y desamparo del encierro  – y a merced de sus celadores y de sus “educadores”- viven además el calvario de la tortura, como si esa fuera la forma más ideal de reinsertarlos en la sociedad. Y si alguien piensa así, está totalmente extraviado y totalmente corrompido, como funcionario del Estado, y como hombre. Porque no es de hombres –y  mucho menos de educadores-  aguijonear con el mal trato y la humillación a una juventud cuando ésta se encuentra vulnerable, abatida y sometida. Es de cajón que este asunto debería ser encarado, como un asunto de Estado. Y es de cajón que todo lo que ha salido a la luz pública me hace pensar que hay corrupción muy pesada y muy impune, en las filas del INAU y del SIRPA, sin distinción de cargo ni de responsabilidades. Un deterioro funcional flagrante que atenta contra el sistema mismo y contra la sociedad, y contra los derechos humanos, Un deterioro funcional y operativo que hay que desenmascarar con suma urgencia. Una tarea que requiere de todos, para fortalecer la denuncia y para fortalecer a los denunciantes. Un verdadero reto a la sociedad uruguaya, al sistema judicial, y al sistema político, y en particular a algunos de sus integrantes que parecería que prefirieran que no se haga escándalo ni que se haga amarillismo,  ni que se denuncie, porque al final de cuentas, primero hay que investigar y hay que reunir pruebas, y no importa si esa tarea lleve su tiempo. Entre tanto, que los jóvenes y los adolescentes sigan masticando rabia, rencor y el dolor de los atropellos físicos y psicológicos que se les infringen manos y mentes corruptas, con nombre y apellido. Entre tanto, que sus madres sigan deambulando por despachos y oficinas públicas, por sedes judiciales y salas de redacción de diarios y canales. Veamos por cuánto tiempo más se podrá mantener la farsa y la mentira, siempre y cuando entendamos que todos estamos comprometidos en esto. Todos, sin excepción. De ahí que rasgar el silencio para frenar los tormentos que se aplican a estos jóvenes, nos atañe a todos. No se justifican esos atropellos porque son jóvenes infractores. Sería lo peor que se pudiera llegar a hacer o a pensar.

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