JUICIOS EN ITALIA POR CRIMENES DE DICTADURAS SUDAMERICANAS

El denominado “Plan Cóndor”, de tiempos de la dictadura en Sudamérica, tuvo sus repercusiones en pleno 2013, en Italia, en materia de castigo a los responsables de violaciones de los derechos humanos, porque el fiscal de Roma Giancarlo Capaldo pidió la apertura de juicio nada menos que  para 35 personas, entre ex militares y civiles, de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. De acuerdo a lo consignado por la prensa italiana y las agencias internacionales AFP y EFE, las 35 personas estarían involucradas en la muerte de 23 ciudadanos italianos en diferentes episodios de los años 70 y 80.

Según  el fiscal romano Capaldo la primera audiencia preliminar se deberá celebrar en el mes de octubre”, trascendiendo además que entre los acusados  figuran el ex ministro del Interior de Bolivia, Luis Gómez Arce, el ex primer ministro peruano Pedro Ritcher Prada, el ex jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras y el general Francisco Morales Bermúdez, que por cinco años fue presidente de Perú. Pero además y de acuerdo a las informaciones procedentes de Italia, también se solicitó la apertura de juicio para el ex dictador uruguayo  Gral. Gregorio Conrado Alvarez Armellino  y para el ex ministro de Relaciones  Exteriores del gobierno de facto uruguayo, Juan Carlos Blanco. Las personas inculpadas -2 bolivianos, 12 chilenos, 4 peruanos, 17 uruguayos) tienen entre 64 y 92 años y están siendo acusados de delitos de secuestro de personas y homicidio múltiple agravado. Se informó además que en la lista original de inculpados se encontraba el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry, que como sabe ya falleció en el año 2011.
Los ciudadanos italianos muertos o secuestrados, según lo consignan las agencias internacionales, se oponían al régimen militar del país en el que se encontraban. Trascendiendo además que el fiscal romano Capaldo había abierto las investigaciones en relación a la terrorífica estrategia del Plan Cóndor hace ya más de quince años como resultado de las denuncias presentadas por los familiares de los italianos desaparecidos.
Uno de los pocos periodistas uruguayos especializado en temas relacionados con los derechos humanos, es Roger Rodríguez y él, precisamente, a propósito de la información referente al pedido de apertura de juicio, consignó en un sitio web –de Vertiente Artiguista- que el fiscal Capaldo estuvo diez años investigando la coordinación represiva entre las dictaduras militares del cono sur en los años setenta, señal ando que entre las víctimas se incluyen los ítalo-uruguayos Daniel Banfi (1974), Gerardo Gatti, María Islas de Zaffaroni, Armando Arnone y Juan Recagno (1974), Andrés Bellizzi, Sara García Ramos, Edmundo Dossetti, Yolanda Casco, Julio D Elia, Raúl Borelli, Raúl Gámbaro y Héctor Giordano¨(1977). También señala que la investigación de Capaldo , que fue cerrada en octubre de 2006, implicó no solo a los ex presidentes Alvarez y Juan María Bordeberry, sino a tres ex  ministros: Juan Carlos Blanco, Walter Ravena y Adolfo Folle Martínez y a los ex comandantes Raúl Bendahan, Víctor Gozález Ibargoyen y  Francisco Sangurgo. Asimismo, entre  los represores se acusa a José Arab, Alberto Ballestrino, Carlos Calcagno, Julio Casco, Ricardo Chávez, Manuel Cordero, Ramón Díaz Olivera, Daniel Ferreira, Nosé Gavazzo, Juan Larcebeau, Walter Machado, Pedro Mato, Luis Maurente, Ricardo Medina, Antranig Ohannessian, Iván Paulós, Ernesto Ramas, Nelson Sánchez, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Jorge Tróccoli y Gilberto Vázquez.
Historiando este caso de pedido de juicio desde Italia para quienes  estuvieron involucrados en el Plan Cóndor, el periodista Roger Rodríguez consignó que en el mes de febrero de 2008 el fiscal Capaldo había solicitado a la jueza Luissana Figliola un pedido de captura y extradición sobre el mismo grupo de militares y civiles uruguayos pero por aquellos días la solicitud fue rechazada por “vicios formales” ya que la misma había sido enviada a través de Interpol y no a través de la cancillería uruguaya.

Ahora, el reclamo de Capaldo –prosigue Roger Rodríguez. Fue modificado ya que sólo pide que se notifique a los eventuales encausados para que fijen domicilio en Italia, a efectos de recibir allí las notificaciones del proceso judicial que se iniciará una vez finalizada la presente etapa, ya que en Italia existe la posibilidad de realizar los juicios “en ausencia” del acusado.

Se señala además que oportunamente, la fiscal uruguaya Mirtha Guianze  al admitir el reclamo  de la justicia italiana había advertido que varios de los implicados están procesados en el Uruguay. Tal era el caso de Juan María Bordaberry –quien  ya falleciera  tiempo después-  y del ex canciller Juan Carlos Blanco, como así también de varios militares y ex policías, todos ellos recluidos en una cárcel especial de la calle Domingo Arena del barrio Piedras Blancas de la ciudad de Montevideo. Estos militares son: Alvarez, Larcebeau, Arab, Gavazzo, Maurente, Ramas, Silveira,Vázquez y Calcagno, éste último fallecido en el mes de mayo, cumpliendo prisión domiciliaria. En cuanto al militar uruguayo Manuel Cordero, el mismo se encuentra detenido y procesado en  la República Argentina. Otro militar uruguayo inculpado fue Juan Antonio Rodríguez quien se suicidio. Se precisa además que Ohanessian se encuentra detenido en Buenos Aires debido al pedido de captura internacional que solicitó el propio fiscal Capaldo, mientras que otro militar, Jorge Trócoli –cuya extradición fue solicitada por Uruguay- se encuentra en Italia donde deberá ser juzgado.

En el artículo periodístico del colega  Roger Rodríguez se puntualiza que varios de los uruguayos indagados por Capaldo fallecieron en los diez años que le llevaron realizar la investigación, estos son: el general Ballestrino, el Brigadier Bendahan, el vicealmirante González Ibargoyen, el coronel aviador Machado, el capitán de navío Sangurgo y los ex ministros Ravenna y Rovira.

Rodríguez destaca que las personas implicadas en los próximos juicios en Italia, y que aún se encuentran en libertad, son los militares Julio Casco, Ricardo Chávez Domínguez, Ramón Díaz Olivera, Daniel  Ferreira, Pedro Mato Narbondo, Iván Paulos y Nelson Sánchez, los cuales deberán  establecer domicilio en Italia a los efectos de ser juzgados en ausencia, o próximamente se requeridos en extradición.
Redacción Antimafia Dos Mil. Montevideo. Uruguay