Pin It
claudio rojas cecilia bartholinPor M. Cecilia Bartholin y Claudio Rojas desde Chile-10 de junio de 2020

Tras la llegada y posterior rápida proliferación del virus del Covid-19 en el territorio chileno, el virus ideológico pareció encontrar en esta crisis humanitaria un nuevo horizonte que le permitiría su supervivencia: estado de catástrofe, militares en la calle, toque de queda, cierres de fronteras; cordones sanitarios; prohibiciones de cualquier reunión u encuentro masivo; cierres de locales comerciales; cierres de instituciones; despidos masivos; evitar el contacto físico; aislamiento parcial; aislamiento total; reapertura de mall, por mencionar solo algunos de los hitos pandémicos que el capitalismo-neoliberal utilizó para lograr mantenerse en lo que es su cuna: Chile.

Nuestro país, estuvo dormido, esperó por mucho tiempo la promesa de “la alegría ya viene”, una sociedad anestesiada por el consumo, en donde las migas fueron para la mayoría y el pan entero para la avaricia de unos pocos. En el país donde se termina la tierra, al fin del mundo, la injusticia reina y es hora de hacer un −contrato social−, pero no cualquiera, ni acordado entre gallos y medianoches, por una clase política totalmente deslegitimada por el mundo social.

En marzo la pandemia estaba causando un enorme desastre sanitario en Europa, y ya habían contagiados en Chile, por tanto, el hambre que están sufriendo las familias más vulnerables es responsabilidad del actual gobierno por su falta de planificación para ayudar a quienes no pueden darse el lujo de hacer una cuarentena. Se sabía que un sector importante de la sociedad chilena no tiene las condiciones económicas para confinarse, porque esta pandemia está demostrando que jamás hemos sido un oasis en Latinoamérica, sino más bien un iceberg, en donde a simple apariencia todo es hermoso del agua hacia arriba, pero en el fondo se encuentra toda la basura de la injusticia social del modelo neoliberal instaurado a sangre y fuego en dictadura.

Muchas familias viven el mes a mes, con salarios bajos referente al alto costo de vida, pagando la educación de sus hijos, comida, transporte o la hipoteca. La triste realidad de la mayoría de nuestros compatriotas es trabajar para sobrevivir y pagar deudas. La mayoría de los adultos mayores reciben jubilaciones que no dan para tener una vida digna y feliz en las últimas décadas de sus vidas (por el contrario, jubilarse es caer en la miseria absoluta). Entonces con toda esa precariedad es imposible hacer una cuarentena sin una ayuda potente del Estado, asistiendo directamente a las familias más proclives para disminuir el contagio del coronavirus.

Chile hambriento y enfermo, desnudo de los falsos oropeles que el yugo neoliberal ataba a su cuello, se prepara para lo peor. ¿Qué viene? ¿El estallido del hambre y cesantía post pandemia, o la irrupción de una alternativa revolucionaria? El Estado tiene conciencia que octubre del año pasado fue el comienzo del fin. No sólo ocurrió un “estallido social”, como lo bautizó la lexicografía mediática. La violencia del 18 de octubre y la marcha una semana después de un millón doscientas mil personas que exigían terminar con la institucionalidad de los privilegios, forman parte de un proceso insurreccional. Se caracteriza por su pluriclasismo y por su prolongación soterrada en el tiempo.

Mientras organizaciones sociales y políticas continúan divagando en las tinieblas de la confusión, el Estado oligárquico cava trincheras y refuerza sus líneas defensivas. Se incrementan las compras de equipos, armamentos y nuevas tecnologías de inteligencia. Las adquisiciones van desde vehículos blindados para Carabineros hasta fragatas para la Armada. Las cuarentenas sanitarias y el toque de queda se utilizan para afinar los planes de ocupación militar de ciudades. Más de 20 mil efectivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se han sumado a 60 mil carabineros en el patrullaje del país. En este ejercicio participa la Brigada de Operaciones Especiales (BDE) del Ejército: los temidos boinas negras, también enviados a “pacificar” La Araucanía.

Por su parte el Congreso, dócil instrumento del sistema, encuentra a sus miembros llenos del miedo de perder sus muchas comodidades a manos de la turba “que todo lo destruye” porque son “anarquistas”, entonces en sus cómodos sillones optan por defender “el sistema” apoyando todos los enclaves y proyectos que van transformando el gobierno en una dictadura formal.

El gobierno aprovecha el estado de catástrofe decretado en marzo para aceitar los engranajes de la maquinaria represiva. Sabe que el proceso insurreccional está latente. La agitación social se mueve en las ollas comunes, en los comprando juntos, en las redes sociales, en las juntas de vecinos, en miles de micro organizaciones populares que actúan bajo la costra institucional. Es el factor subjetivo que produce la masiva desobediencia civil a las autoridades sanitarias, que lamentablemente agrava la pandemia. El pueblo -aún a riesgo de su vida- desconfía de toda autoridad institucional a la que no reconoce legitimidad.

El gobierno mientras transmite que está preocupado por las cifras de la Pandemia, no presenta proyectos de ley o decreta alguna medida que vaya en ayuda a los más necesitados, cuya situación se torna cada día más dramática; opta por blindarse ante la justicia internacional por requerimiento presentado ante la Fiscalía de la CPI –Corte Penal Internacional- en La Haya; y, le puso suma urgencia al proyecto que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional, lo que desató una ola de críticas de la oposición, académicos y del mundo de DD.HH.

Otra propuesta que forma parte de las preocupaciones del Gobierno “cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no sólo puede ser externa, sino que provenir de “grupos nacionales”, advierte la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Además está tramitándose en la Cámara de Diputados proyecto de Ley de Inteligencia, en el cual se diseña un sistema de Inteligencia que lidera el Presidente de la República asesorado por sus ministros de Defensa, Interior, la ANI, Policías y Fuerzas Armadas. Este proyecto, sumado al de Infraestructura Crítica permite el despliegue de las FFAA por todo el territorio nacional sin la necesidad de contar con Estado de Excepción Constitucional, facultando legalmente a la Inteligencia Militar para que funcione en contra de grupos nacionales que amenacen el orden público. Si se llegan a aprobar estos proyectos el Presidente Sebastián Piñera concentraría más poder, y dispondría de un Sistema policial y militar para apuntar a quienes considere una amenaza a la seguridad del país.

Se reactiva la represión y asesinatos en el pueblo mapuche (y nadie habla de esto) con represión arbitraria y desmedida.

Nada de todo esto sirve contra la pandemia; y de paso no hace más que revelar que la política del actual gobierno está dando pasos agigantados para la eliminación definitiva del plebiscito ya postergado, y la instauración de un estado policial y militar.

El gobierno para distraer la atención de su responsabilidad en la horrible gestión de esta crisis sanitaria, está convocando a la clase política a un gran “Acuerdo Nacional”. Nuevamente, este gobierno acude a los partidos para salir del paso y éstos acuden al llamado como si la ciudadanía les tuviera la confianza necesaria para legitimar sus pactos.

Definitivamente, no escucharon nada de lo que el país en su mayoría les estaba comunicando en los meses precedentes a la llegada del virus.

En conclusión, Chile quiere ser un pueblo soberano, en donde el sentido común prime en la voluntad general de la ciudadanía, no en los intereses de unos pocos empresarios y partidos políticos. En estos momentos en donde la pandemia está causando un gran dolor en los sectores sociales más desprotegidos, el país no necesita acuerdos entre la clase política, sino reales medidas, que den un sustento contundente a las familias que no tienen los medios para hacer un estricto confinamiento e inyectar todos los recursos necesarios en nuestros hospitales públicos para impedir que sigan falleciendo más de nuestros compatriotas. El Contrato social se hará cuando el pueblo sea legítimamente soberano redactando su propia Constitución.

-------------------------
*Foto de Portada: www.youtube.com

STAFF DE ANTIMAFIA DOS MIL

Director fundador: Giorgio Bongiovanni
Director Redacción Uruguay: Jean Georges Almendras

REDACTORES DE AMÉRICA LATINA
-Erika Pais
-Inés Lepori
-Matias Guffanti (Our Voice)
-Jorge Figueredo
-José Guzmán
-Agustín Saiz
-Paola Beco
-Félix Vera
-Alejandro Díaz
-Eduardo Godoy (Our Voice)
-Claudio Rojas
-María Cecilia  Bertholin

REDACTORES ITALIANOS

-Giorgio Bongiovanni
-Saverio Lodato
-Giulietto Chiesa
-Aaron Pettinari
-Lorenzo Baldo
-Anna Petrozzi
-Margherita Furlan
-Mirian Cuccu
-Francesca Mondin
-Jamil El Sadi (Our Voice)
-Karim El Sadi

REDACTORES INVITADOS DE MEDIOS AMIGOS  DE AMÉRICA LATINA
-Sebastián Artigas  (La Izquierda Diario de Uruguay)
-Damián Recoba (La Izquierda Diario de Uruguay)
-Periodistas de programa FRECUENCIA JOVEN de Rosario, Argentina.

APOYO DE REDACCIÓN
-María Lezcano
-Patricia Aboal

WEB MASTER
-María del Carmen de Huertos
-Fabio Mamelli
 

CONTACTOS

ANTIMAFIADUEMILA

REDACCIONES

ban_antimafiaanti

 

ban_antimafiaarg

 antim2

 

ban antimafiapy

PAGparaguay

 

 globebottom2

© 2009 ANTIMAFIADOSMIL.com | Fundador Internacional Giorgio Bongiovanni | Derechos Reservados.