Por Sebastián Artigas- 20 de setiembre de 2018

Después de más de 30 años de impunidad y con solo un puñado de represores condenados persiste la improvisación en el manejo de estos temas en medio de un marco político con la corporación militar defendiendo sus privilegios de casta sin ruborizarse.

Han pasado más de 30 años después del Pacto de impunidad del Club Naval y la salida de la dictadura, que garantizó por largo tiempo - con Ley de Caducidad mediante - la impunidad de los represores de la dictadura. Hoy día nos encontramos con solamente un puñado de criminales de lesa humanidad condenados pero con privilegios - como las jubilaciones, la cárcel vip y la prisión domiciliaria - para no hablar de los que tienen el privilegio de “escaparse” como Ferro y Tróccoli.

Entre la falta de voluntad política y la desidia burocrática

Como lo han advertido diversas organizaciones de Derechos Humanos la creación de, por ejemplo, la Unidad Especial de Derechos Humanos de la Fiscalía es una sumatoria adicional a las instituciones ya creadas por el Estado, pero en su conjunto lo que se muestra es una falta de voluntad de investigar hasta el final y de forma sistemática. Si bien la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos ha removido algunos casos últimamente, la situación sigue reflejando los problemas centrales que se han señalado.

La ex jueza Mariana Mota que estuvo a cargo del juzgamiento de varios casos de delitos de lesa humanidad en dictadura, declaró recientemente al dejar su cargo de presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos que “la actuación está desperdigada y eso hace bastante difícil tener resultados” y agregó “Ojalá que las excavaciones den resultados. Pero deberían estar enmarcadas en una política de Estado para que se busquen a todos los desaparecidos y con una línea de investigación definida. Actualmente no hay una actuación uniforme y con una política de Estado que dirija”.

En realidad lo que manifiesta esta situación es la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales y el régimen en su conjunto, que puntualmente toman alguna medida aislada para mantener calmadas las aguas pero en su conjunto los intereses son otros.

Esto también se puede ver en la falta de una respuesta eficiente del gobierno y las autoridades ante los casos de atentados a los memoriales de Derechos Humanos, las amenazas en contra de personalidades de Derechos Humanos o el atentado contra el GIAF de hace unos años. También es alarmante la pasividad - o más que eso - del régimen en su conjunto ante las crecientes intervenciones del poder militar en la opinión pública, cuestión expresamente prohibida por la Constitución Nacional.

¿Los milicos nos adoran?

(Extracto de entrevista a Eleuterio Fernández Huidobro en Semanario Voces en 2014. Recopilado en el libro de María Urruzola “Eleuterio Fernández Huidobro.

Sin Remordimientos”)

La impunidad pactada a la salida de la dictadura fue acompañada por una política de reconciliación con las FFAA sostenida por todos los gobiernos hasta ahora incluidos los gobiernos del Frente Amplio. Recordar nada más el intento de Vázquez durante su primera presidencia de fijar un día de celebración para la reconciliación o las relaciones carnales con los militares en el gobierno de Mujica a través de su Ministro de Defensa Huidobro.

El resultado de esta política sostenida por todos los partidos del régimen es el re prestigio de las FFAA que goza hoy día de una base social golpista que los ve como los salvadores de la patria. Acentuado esto, como ya pasó décadas atrás, por el actual sentimiento anti política a partir del surgimiento de escándalos de corrupción del régimen político. Las encuestas de opinión reflejan un represtigio de la imagen de los militares y correspondientemente una baja acentuada en la imagen de los políticos y el Parlamento, sumado a su vez al actual pedido de la vuelta de los militares para reprimir a “la delincuencia”.

La política de reconciliación ha aportado su parte en este re prestigio y sobre todo la sostenida por el Frente Amplio en paralelo a la continuidad de la impunidad de la mayoría de los represores de la dictadura.

Especial mención merece la política hacia las FFAA sostenida por el sector del ex presidente José Mújica y el fallecido ex Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro que llegó a afirmar que los milicos los adoraban porque nunca los habían tratado como ahora. Y es que se encargaron de garantizarle a los milicos las dos demandas básicas que exigen: impunidad y dinero. A su vez el ex presidente Mujica se encargó de aportar lo suyo a la reconciliación con gestos desde su frase de que no quería más “viejitos presos” hasta su visita al hospital a torturadores y asesinos de la dictadura (entre otras perlas). El mecanismo de esta forma de reconciliación es por un lado argumentar la separación temporal entre las FFAA de la dictadura y las actuales, pero por el otro relativizar y “perdonar” los crímenes de los genocidas de la dictadura.

El resultado de todo esto se puede ver en el accionar de Manini Ríos que fue puesto por Mujica y Huidobro y posteriormente sostenido por Vázquez. En los hechos Manini se ha encargado de violar constantemente la Constitución interviniendo en la vida política y desafiando de esta forma a las autoridades civiles elegidas por sufragio. La respuesta tímida del Poder Ejecutivo no hace más que reconocer de hecho el terreno ganado por los militares para intervenir en la vida política y la justificación de violar las normas vigentes cuando les plazca.

La reconciliación no solo ha sostenido la impunidad sino que ha re prestigiado a los militares y ha preservado el rol represivo de las FFAA dentro de la sociedad.

Las FFAA y el Estado

La impunidad pactada le dio forma al régimen actual, con papeles repartidos para cada “actor” desde el poder judicial hasta el sistema de partidos en su conjunto y también el poder legislativo. El objetivo central es garantizar el rol esencial reservado a las FFAA en la represión, como ya demostraron en la dictadura, haciendo el trabajo sucio a favor de las clases dominantes. Es el último núcleo de garantía de dominio de las clases dominantes y sus políticos sobre el resto de la sociedad.

El régimen en su conjunto se agrupa en defender ese rol y para eso necesitan sostener los privilegios de casta de la corporación militar. Cuando se toca mínimamente algo de esos privilegios - como podría ser la Reforma de la Caja Militar - emerge un tsunami de “polémicas” y manifestaciones de poder e insubordinación como las ya mencionadas acciones del Jefe del Ejército Manini Ríos y la cúpula militar. Pero incluso dentro de este incidente el rol del gobierno actual y el Frente Amplio es actuar como una pata más del mismo régimen manteniéndose dentro de los pactos establecidos (hacen silencio o ni siquiera desmienten los rumores sobre las supuestas declaraciones “anónimas” del resto de la cúpula) sin avanzar realmente en contra de los privilegios materiales y de impunidad de la casta militar.

La impunidad y el poder

La impunidad por lo tanto es el resultado de mantener el poder de los capitalistas y sus administradores sobre el resto de la sociedad.

El resultado es un régimen de democracia recortada, una democracia para los ricos y privilegiados. Empezando por la impunidad de los genocidas, pero pasando por la impunidad de los poderosos (las cárceles son para amontonar pobres, los ricos si los condenan pasan a lo sumo una pequeña temporada y con privilegios). También por el cercenamiento a reformas que responden en algo al reclamo popular (sobre todo en el Senado) en el que se trancan o diluyen proyectos de leyes (como pasa ahora con la Ley Trans). El rol que juega el poder judicial para trancar causas de Derechos Humanos (como lo hizo más de una vez la Suprema Corte de Justicia con sus cargos aristocráticos y privilegiados), las políticas de gatillo fácil que criminalizan y asesinan a la juventud pobre, entre muchos casos.

Todo lo que se haga o no, está dentro de los marcos de no romper ese poder establecido y que tuvo su refundación a partir de la dictadura y los pactos de impunidad posteriores.

Para acabar con la impunidad es necesario acabar con el régimen que la garantiza y el poder que la sostiene. La movilización de los trabajadores/as, estudiantes y el pueblo oprimido en general es la que puede imponer una salida real a favor de las mayorías populares a través de un gobierno de los trabajadores.

Acabar con el régimen de la impunidad es acabar con los privilegios de casta y las instituciones que garantizan el poder de hecho de una clase social sobre el resto, por eso es imprescindible la necesidad de juzgar a todos los militares y a sus cómplices civiles que orquestaron y llevaron adelante el golpe militar.

Hay que llevar a la cárcel común y efectiva a los asesinos de nuestros compañeros y familiares que hoy no están. Hay que abrir los archivos de la dictadura para conocer el destino de nuestros desaparecidos. Y en esa pelea luchar por disolver las FFAA y las fuerzas represivas en su conjunto que hoy mantienen su estructura intacta desde las épocas más oscuras.

También se deben terminar todos los mecanismos que mutilan el régimen democrático, por lo tanto es necesario imponer para empezar la elección de los jueces por voto popular, la eliminación de la Cámara de Senadores y la figura presidencial con su poder de veto (recordar cómo lo uso Tabaré Vázquez en contra de la Ley de Salud Sexual), que cada legislador o funcionario político gane lo mismo que un docente y su mandato sea revocable, entre otras medidas elementales.

La impunidad de los represores de la dictadura y la lucha contra ella es en cierta forma un caso testigo que da cuenta de las injusticias y las limitaciones que se les impone a los trabajadores y a las grandes mayorías oprimidas de una u otra forma. La conciencia de esto nos debe llevar a la lucha colectiva en contra del régimen del Pacto del Club Naval garantizado por esta democracia "recortada".

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Extraído de La Izquierda Diario

*Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com