En un hecho sobradamente nefasto e irracional (y notoriamente tendencioso) el juez Gustavo Villanueva  hace unos 48 horas notificó formalmente a las titulares de Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) el rechazó a la querella presentada en la causa relacionada con el asesinato del integrante de la comunidad mapuche de Villa Mascardi, Rafael Nahuel, en un operativo de desalojo ocurrido el 25 de noviembre de 2017, en Bariloche. Según comunicado expreso de APDH que llegó a nuestra mesa de redacción el magistrado argumentó que “el hecho materia de investigación  no constituye un delito de lesa  humanidad ni tampoco una grave violación de los derechos humanos”

En el comunicado de APDH se puntualiza:”el juez vergonzosamente afirma que  este hecho no constituye una grave violación a los derechos humanos cuando los principales sospechosos del asesinato de Rafael Nahuel son las fuerzas represivas del Estado”

“El juez Villanueva obedece así a la política del gobierno que ha venido a crear un enemigo interno nuevo, reflejo de la Doctrina de Seguridad Nacional, incrementando la represión y la persecución a la comunidad mapuche, y no permitiendo cumplir nuestro rol como organismo de derechos humanos”

En el comunicado de APDH se pone especial énfasis en señalar que el transcurso de la semana pasada el mismo juez recibió a la presidenta de la organización Norma Ríos y que en esa oportunidad no hizo mención alguna  sobre esta inminente decisión ni  tampoco los argumentos que se dieron a conocer después.

En tal sentido APDH apelará la decisión para ser querellante en la causa que debe investigar las responsabilidades del Estado en el asesinato de Rafael Nahuel. Firman el comunicado las presidentas de APDH Gisela Cardozo, María Elena Naddeo y Norma Ríos.

En ese marco, desde Montevideo consultamos a Norma Ríos sobre toda ésta situación y ella personalmente nos contestó “Los compañeros de la regional Bariloche de la APDH le habían pedido la reunión al juez Villanueva porque yo iba a estar en Bariloche, estuve por todo el Sur realizando diversas actividades y es así que el día 3 de agosto nos manda llamar y nos recibe junto al abogado Sebastian Feudal que va a estar a cargo de la causa de Rafael Nahuel. Nos recibe alrededor de una hora. Una charla sumamente amable si tomamos en cuenta la medida que iba a tomar donde lo fundamental que podemos decir que en ningún momento nos manifiesta nada de lo que después dice en el escrito fundamentalmente esta aberración de que nuestra participación en la búsqueda de justicia por Rafael Nahuel no tiene nada que ver con los derechos humanos. Es decir, plantear que un asesinato cometido claramente por manos de la represión policial en este caso por Pintos del grupo Albatros, como ya lo han denunciado muchos medios y nadie ha salido en contra por lo cual entendemos que mucho de verdad tiene y mucho de cierto tiene. El mismo Villanueva lo cita a Pintos más allá de que lo deja en libertad, no le da prisión preventiva ni nada para seguir investigando. Pero todas las pruebas apuntan hacia ese lugar, que fue un asesinato no tenemos ninguna duda y un asesinato a manos del aparato represivo es un hecho de derechos humanos fundamental para la Asamblea Permanente. Esto nos parece absolutamente terrible. En realidad y sintetizando, con esta medida, que por supuesto vamos a apelar el doctor Villanueva no hace más que ratificar una vez más la obediencia debida hacia la política represiva del Estado terrorista en el que estamos viviendo. Realmente desde la doctrina Chocobar, la defensa de los Gendarmes en el caso de Santiago Maldonado y tantas otras barbaridades que vemos asiduamente, recibir a los asesinos en la sede gubernamental, es la esencia de lo que nos está pasando y lo que nos puede seguir pasando, no? mano dura para los pobres, mano dura para el pueblo, mano dura para los que luchan y resisten a estas políticas económicas y de entrega de la soberanía nacional”

Contundentes, precisas y clarificadoras las palabras de Norma Ríos respecto a la inaudita decisión del Juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche Gustavo Villanueva.

Un hombre del Poder Judicial de la República Argentina, que parece  -a juzgar por sus decisiones y sus acciones- buscar siempre los caminos más lerdos para que se haga justicia en el caso de Rafael Nahuel.

¿O los caminos más complacientes para con los intereses que no necesariamente se relacionan con la justicia?

Ni la familia de Rafael, ni las comunidades mapuches del sur de Argentina, ni los periodistas de los diarios y sitios web alternativos que buscan la verdad, ni nosotros, podemos dejar a un lado, es decir olvidarnos de las actitudes del magistrado Villanueva, respecto a las sugestivas demoras en las investigaciones de los trágicos hechos de Villa Mascardi del día 25 de noviembre del año pasado.

Porque las evidencias de esas lentitudes no son pocas y son por demás significativas: : el juez Gustavo Villanueva se quedó a medio camino en la labor de investigación del asesinato de Rafael, porque solo convocó al Cabo Primero del Albatros Francisco Javier Pintos de cuyo sub fusil MP5 habría salido el disparo que causó la muerte del mapuche de 22 años, restando materializar las citaciones para que declaren en el Juzgado Federal de Bariloche los otros cinco funcionarios del Albatros que junto a Pintos fueron focalizados como directamente involucrados en las instancias trágicas del desalojo practicado en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, sobre la ruta 40 a unos 30 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Oportunamente Pinto dijo que aquel día él no ingresó con su arma a la comunidad, responsabilizando tangencialmente a un compañero suyo: Juan Ramón Obregón. El juez Villanueva , hasta hoy, que escribimos estas líneas, no resolvió la situación procesal de Pintos, ni citó a Obregón para una audiencia indagatoria.

Pero hay más demoras: no dispuso aún una “pericia antropológica” que fuera oportunamente solicitada por la Defensora Oficial en la causa por el desalojo de la comunidad.

Pero hay más: no se expidió aún al pedido de nulidad de la pericia sobre pólvora en las manos que fue realizado tanto por los abogados querellantes como por los representantes legales de Fausto Jones Huala y Lautaro González, que según el expediente siguen imputados. Cabe consignar que el pedido de nulidad de la pericia sobrevino dadas las diferencias entre el informe dado a conocer por el Departamento de Materiales del Centro Atómico Bariloche (Institución donde se concretó la pericia ) y el informe del Laboratorio Regional del Cuerpo de Investigaciones de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta.

Ya van nueve meses del asesinato de Rafael Nahuel.

Ya van nueve meses de impunidad.

Y  descaradamente ya se van mostrando las cartas desde tiendas judiciales, como por ejemplo, una reunión con el juez Villanueva sobrada en educación y sin peros, y  sorpresivamente una decisión suya que pone a APDH fuera del rol de querellante.

Como un lanzaso por la espalda.

Y todo por la obediencia debida.

¿Hasta cuándo seguiremos siendo testigos de tantas manipulaciones desde tiendas judiciales y gubernamentales (exclusivamente en causas donde las comunidades mapuches y los sectores sociales más vulnerables, son las víctimas, o son los imputados, o son los perseguidos)  todas dirigidas a consolidar impunidades, en particular de integrantes de las fuerzas represivas o de funcionarios de confianza del gobierno de Mauricio Macri?

¿Hasta cuándo la obediencia debida, de los tiempos de dictadura militar?

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*Foto de Portada: www.diarioderionegro.com