Por Jean Georges Almendras y José Guzmán, con fotos de Sergio López
Enviados especiales a la provincia de Chubut, Argentina. 11 de agosto de 2017

Los caminos para hallar la verdad, en cualquier orden de la vida, requieren de ciertos elementos o requisitos, que se tornan indispensables. Y los caminos para saber la verdad respecto al paradero de Santiago Maldonado, en la provincia de Chubut, no escapan a la regla: porque en este caso en particular, tanto el Estado y todos los involucrados en el episodio de presunta desaparición forzada del ciudadano argentino (que venía apoyando la lucha de la comunidad mapuche del Lof Cushamen, distante unos 80 kilómetros de la ciudad de Esquel, sobre la ruta nacional 40) tienen mucho que ver. Esto quiere decir, que tanto los presuntos responsables de estar comprometidos con el hecho (efectivos de la Gendarmería Nacional y los testigos presenciales, no deben estar ausentes a la hora de judicializarse las investigaciones para aclarar toda la situación.  Esto quiere decir también, que el Estado no puede permitirse estar omiso, a la hora de poner todo de sí (como institución), para echar aguas claras sobre lo acontecido, ni tampoco deben permitirse igual omisión, los denunciantes (los testigos)  de todo este episodio, que se ha tornado escandaloso y complejo desde todo punto de vista. Ergo, no deben faltar las pericias, ni tampoco los testimonios.

En la víspera, las pericias se realizaron (y dieron  resultados negativos), pero los testimonios, continuaban siendo una asignatura pendiente, no descartándose que al momento de publicarse el presente artículo, al menos uno de los testigos de los hechos, haya ya efectivizado su versión ante el juez Federal Guido Otranto y la Fiscal Silvina Avila. De todas maneras, y es lo más preocupante hasta el momento, el joven seguía sin ser ubicado. Entonces, aún con pericias realizadas, el caso parecería estar más cerca de allanarse por los senderos de la incertidumbre que por los senderos de la verdad. Un panorama, que entendemos, podría ser el resultado de una no muy celera actuación de las autoridades  de gobierno y de los operadores judiciales, o quizás por tratarse de un caso estrechamente vinculado a un conflicto entre una comunidad indígena y el Estado. ¿Conflicto en el que los intereses económicos habrían ejercido su nefasta influencia para inclinar la balanza en desmedro de los movilizados y en favor de los poderosos? ¿Tanto así, como para correr el riesgo de incurrirse, a conciencia o no, en un descarado y oprobioso acto propio de los  tiempos de los  terrorismos de Estado (lo que sería un verdadero daño o un verdadero atentado para la  democracia argentina de nuestros días)?

Desde tempranas horas de la mañana del jueves 10 de agosto, las instalaciones del Escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional de la ciudad de Esquel, fueron escenario de un inusitado despliegue de efectivos de la policía científica de la Policía Federal y de otras dependencias, y de operadores judiciales y de la fiscalía, dando  el marco propio  de una jornada destinada a la realización de peritajes en los diferentes  sectores del edificio, como así también en algunos de los vehículos estacionados en patios exteriores y en un galpón, tal el caso de un camión con remolque cargado con fardos de pasto. Las pericias en cuestión, en la que también se utilizaron perros de rastreo, según versiones oficiales, no arrojaron resultados positivos. Lo que significa, que las investigaciones están aún a fojas cero. En todas éstas instancias periciales participaron numerosos especialistas y operadores de justicia, estando también presentes el Dr. Fernando Machado, defensor de la justicia federal y la Dra. Verónica Heredia, patrocinadora de la familia de Santiago Maldonado.

Precisamente, ésta última profesional, como defensora del joven desaparecido, declaró a los periodistas apostados en las aceras circundantes  del establecimiento de la Gendarmería, que los peritajes se llevaron a cabo recién a los diez días del momento del operativo policial bajo sospecha de haber sido irregular y con resultado de desaparición del artesano. Al mismo tiempo señaló, según lo afirmado a ella por los especialistas, que los indicios orgánicos pertenecientes al joven desaparecido, aún era viable hallarlos en el lugar. Pero estos indicios no fueron ubicados, y la abogada, personalmente,  informó que los resultados de toda la labor pericial fueron negativos.

Por su parte, el juez Guido Otranto optó por el silencio, manteniéndose distante de los requerimientos periodísticos. La Fiscal Silvana Avila, en cambio, explicó a la prensa que las investigaciones continuarían sin aportar mayores detalles de los pasos a seguirse en fechas posteriores. Pasadas las 13 horas, los diferentes equipos de trabajo pericial se retiraron de las instalaciones de la Gendarmería, con las manos vacías.

Los hechos así planteados, nos hacen  pensar, indefectiblemente,  que todo este asunto tiene muchas aristas y la mayoría de ellas no han sido, ni están siendo sólidas en su esclarecimiento. Por un lado, las interrogantes  sobran, respecto a la desaparición misma del joven artesano Santiago Maldonado, respecto a los pormenores del episodio,(en el que intervinieron los efectivos de la Gendarmería Nacional, de ahí que es vital contar en el expediente judicial, con los testimonios de los testigos), respecto a las actuaciones de la justicia actuante, respecto a las motivos por los cuales se ha instalado en la zona de El Bolsón un conflicto (de vieja data) entre comunidades mapuches y entre poderosos imperios financieros en uso de tierras que los pueblos originarios reclaman como propias desde tiempos ancestrales , respecto a la postura de cautela en prestar declaraciones ante la Justicia por parte de los testigos oculares del operativo policial  y respecto a la importancia y el significado  de la lucha mapuche, una lucha que entendemos, tiene sólidos fundamentos históricos, que no son comprendidos y que no son valorados, desde filas gubernamentales y desde ciertos sectores de la sociedad y del periodismo argentino, y del empresario Luciano Benetton.

Los hechos así planteados, nos hacen pensar, indefectiblemente, que la persecución a los pueblos originarios, es una persecución, no solo que compromete a la Argentina, sino que compromete a toda América Latina, porque en definitiva es un descarnado tema cultural y económico regional. Un  tema de impactos, entre el pasado y el presente, un presente conservador, consumista y perverso, financieramente hablando. Un tema que requiere de sus protagonistas, estatales y en reclamo, coherencia, equilibrio, sensibilidad, inteligencia y por sobre todo ética, tanto sea en la protesta, como en la atención (desde el gobierno) a esa protesta. Una protesta y un reclamo que no se soluciona con represión ni con demagogia, ni con intolerancias de los eruditos y los doctorados de las filas del Estado. De un Estado que no tiene derecho en absoluto de actuar con las metodologías del terror y de la violencia dictatorial, hoy por hoy.

El episodio de presunta desaparición forzada del artesano Santiago Maldonado, es la punta del iceberg de un conflicto sustentado en la matriz cultural de una postura estatal obsoleta y paranoica, que no sabe elegir, entre la supervivencia de las ricas culturas originarias y la supervivencia de una cultura capitalista y devoradora de hombres, mujeres, niños y ancianos. O peor aún, devoradora de esperanzas. Devoradora de sueños. Devoradora de recursos naturales y de una convivencia humana pacífica.