Los últimos días del año pasado, la Sala IV de la Camara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia para los involucrados en las causas “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio”, donde se investigó una red criminal dedicada al narcotráfico que había infiltrado el entramado institucional de la municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Por estos delitos fueron condenados: Sergio Fausto Varisco (ex intendente de Paraná), Héctor Pablo Hernández (ex concejal) y Griselda Bordeira (sub comisaria y Secretaria de Seguridad de la municipalidad). Además, fue condenado Daniel “Tavi” Celis, quien estando preso por una causa anterior, coordinaba el grupo. Otras 20 personas completan la lista de condenados.

El Tribunal compuesto por Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos decidió por unanimidad rechazar los planteos de nulidad propuestos por las defensas y procedió a confirmar la condenas impuestas por el Tribunal Oral Federal de Paraná.

En un escrito de 279 fojas, publicado por www.analisisdigital.com.ar los magistrados presentaron los pedidos de anulación propuestos por cada una de las defensas y los fundamentos de la negativa. Así como también el recorrido que realizó la causa durante la etapa de instrucción, dividido en dos tiempos: el primero bajo el rótulo “tramo Celis”, donde se describen las actuaciones en torno a la interceptación de un cargamento de 317 kilogramos de marihuana. El segundo “tramo Lemos”, una consecuencia derivada de la primera, donde la organización se vincula al tráfico de cocaína. Es a partir de esta investigación que  quedan demostradas las vinculaciones y responsabilidades de los funcionarios públicos, entre los que se encuentra Sergio Fausto Varisco y sus cortesanos.

A partir de las investigaciones “…el Tribunal realizó un exhaustivo análisis que le permitió afirmar que el vínculo entre Daniel Celis y los empleados municipales, inició a partir de la campaña para la elección a presidente municipal, en el año 2015, aunque también se pudo establecer que Daniel Celis ya había participado en la campaña de 2011, teniendo en ambas el mismo rol de financiador”.

Esta financiación Celis la hizo valer, y poco a poco fue ganando espacios dentro de la municipalidad, en especial en la Unidad Municipal N°2. Allí, Celis, sin ser funcionario público tomaba decisiones sobre la operatividad del lugar. Disponía de los recursos, de los presupuestos y por sobre todas las cosas de los puestos que distribuía entre sus seguidores, no sin antes cobrarles una tarifa sobre sus rentas. En su momento el periodista Daniel Enz, denunció que llegaban a 150 las personas vinculadas a Celis, empleadas en la municipalidad.

Detallan los magistrados: “A todas luces la pretensión del “Jefe de la organización” era posicionar gente bajo su hegemonía en determinadas áreas estratégicas de la comuna para desplegar “a buen cubierto” su ilícita organización delictual”.

El flujo de recursos provenientes del Estado, más la evidente complicidad de los altos mandos del municipio dio a la banda de Celis un fuerte impulso. Los magistrados destacan la gravedad que implica la participación necesaria y activa de representantes de las instituciones en actividades vinculadas a la criminalidad organizada en general y al narcotráfico en particular. No solo no se dedicaron a combatir esta red criminal sino que la favorecieron, la respaldaron y le dieron cada vez más lugar dentro del organigrama.

“A pesar de saber quién era y qué hacía Daniel Celis, Varisco celebró y ejecutó el acuerdo ‘político’ con vistas al proceso electoral del año 2015. No hay dudas de que él lo fue a buscar a su domicilio, acompañado de Hernández. Permanecía horas frente al mismo esperando ser atendido, y cuando ello ocurrió comenzaron la campaña" (declaración de Luciana Lemos).

Pero al tiempo, el acuerdo comenzó a tener problemas. En primer lugar Celis estaba detenido por un hecho de violencia, en un supuesto conflicto entre narcos, donde un rival le había “robado” un gran cargamento de droga. Ese golpe fue muy duro para su organización que, sin la droga y con el líder preso comenzó a perder territorios. De repente, Varisco ya no atiende el teléfono, está preparando su imagen para otro paso en su carrera política, como hombre fuerte del PRO de Mauricio Macri en Entre Ríos. Pero Celis, no se deja amedrentar, y amenaza con dar una entrevista a la prensa. Ante estas presiones es que se llega a un nuevo acuerdo: “…durante los primeros días de septiembre del año 2017, cerca del día 5 de dicho mes, se celebró un acuerdo entre el Intendente de la ciudad de Paraná Sergio Varisco, secundado por el concejal municipal Pablo Hernández y por la Sargenta 1º de la Policía de Entre Ríos (activo efectivo afectada en comisión de servicio al Área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná) Griselda Bordeira y Daniel ‘Tavi’ Celis (con la intervención de Luciana Lemos), cuya finalidad era proporcionar recursos económicos periódicos para que la organización ilícita pueda continuar adquiriendo y comercializando material estupefaciente. Concretamente el acuerdo consistió en la entrega de $ 50.000, el 15 de cada mes, hasta que Varisco termine la gestión”.

De repente Varisco es tapa de todos los diarios: “El intendente de Paraná vinculado al narcotráfico”, la dirigencia del PRO le quita el apoyo. Varisco, Hernández y Bordeira pagan los platos rotos. Pasan el año en prisión preventiva.

Es importante tener en contemplación, que teniendo ya un fallo de primera instancia en una causa vinculada al narcotráfico, Varisco siguió ligado directamente al entramado público siendo secretario de bloque. Más allá de que su compañera es concejala municipal.

Tanto la estructura criminal de Celis como la estructura política de Varisco pertenecen a espacios más amplios, los proveedores son delincuentes y no hay espacio para otro análisis, pero los responsables políticos, los “padrinos” políticos de Varisco deben dar respuesta de su silencio. ¿No preguntaban, no averiguaban sobre los orígenes del dinero con el cual Varisco financiaba la campaña de un proyecto político nacional?

Cuando hay votos de por medio todos se abrazan, pero cuando uno cae en desgracia, camina por el largo pabellón de los condenados, solo. Me pregunto si será hipocresía o una regla establecida.

Sera imprescindible para el desarrollo de una política criminal aggiornada a nuestros tiempos, tratar de analizar, si la banda criminal de narcotraficantes se infiltró en el entramado institucional o si las estructuras políticas se apoyan en el narcotráfico para sostener sus posiciones en el juego democrático. La tercera opción invita a comprender que no hay uno sin otro, y que funcionan de manera coordinada y sistematizada en un modelo de corrupción criminal, que podemos identificar bajo la órbita del Sistema Criminal Integrado. 

Esto no es solo una causa por narcotráfico, no solo. Esta causa logró evidenciar el financiamiento político a partir de estructuras criminales, que como quedó demostrado, más que una financiación, es una inversión. Las organizaciones criminales se desarrollan, se expanden, buscan objetivos cada vez más complejos. Y mientras la sociedad se ve abrumada por los debates políticos regresivos y al mismo tiempo es atontada con el producto del narcotráfico, el sistema de poder usurpa el Estado.

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*Foto de portada: www.eldiario.com.ar / Sergio Varisco