Además, el informe señala que “las garantías constitucionales del debido proceso no se cumplen” en nuestro país, “en gran parte debido a la corrupción que permea el sistema judicial”.

“Las personas con influencia o acceso al dinero con frecuencia pueden obtener un trato favorable en el sistema judicial”, se puede leer en el texto, donde Paraguay alcanza una calificación de 65 sobre 100, número que lo ubica como un país parcialmente libre.

Entre las preguntas que se responden en el documento está por ejemplo. Si el jefe de gobierno paraguayo libremente elegido y los representantes legislativos nacionales determinan las políticas del gobierno: “Si bien los funcionarios electos determinan la política del gobierno, el crimen organizado y la corrupción a menudo influyen o dificultan la toma y la implementación de decisiones. En 2018, Cartes intentó extender su influencia política más allá de su mandato presidencial, pero el Senado lo frustró. La Corte Suprema a principios de año dictaminó de manera controvertida que Cartes podía postularse para un escaño en el Senado con plenos derechos de voto. Los críticos dijeron que esto contravenía la constitución, que establece que los ex presidentes se convierten en senadores de por vida, pero carecen de derecho a voto y solo pueden contribuir a los debates. Cartes ganó un escaño en el Senado en las elecciones de abril, pero el Senado de junio bloqueó su decisión de dejar la presidencia antes de tiempo para ocupar su escaño; esto le impidió prestar juramento, ya que la Constitución no permite que el presidente sirva simultáneamente como senador. Cartes luego retiró a regañadientes su renuncia”.

“Un gran escándalo surgió en julio de 2019 después de que surgieran pruebas de que un abogado, que afirmaba representar al vicepresidente había estado negociando en privado con funcionarios brasileños sobre los precios de la energía relacionados con la represa de Itaipú. Esto avivó los temores de que una renegociación importante de los dividendos de la presa que vencen para 2023 no sea determinada por funcionarios electos sino por intereses privados. En el punto álgido del escándalo, una facción de Colorado en el Congreso leal a Cartes apoyó los esfuerzos para acusar a Abdo Benítez en agosto, solo para objetar después de negociaciones clandestinas. Poco después, el presidente nombró a un aliado cercano de Cartes para encabezar el importante Ministerio de Agricultura, a pesar de las críticas por su supuesta falta de calificaciones. El episodio sugirió que el ex presidente todavía tiene una influencia considerable sobre la política y el personal del gobierno“.

Así mismo el Informe señala como respuesta a la pregunta si las salvaguardias contra la corrupción oficial son sólidas y eficaces: “La corrupción es un problema grave y las leyes anticorrupción se han implementado deficientemente. Los casos a menudo languidecen durante años en los tribunales sin resolución, y muchos delitos quedan impunes debido a la influencia política en el poder judicial. Las manifestaciones masivas contra la corrupción estallaron a mediados de 2018, y varios funcionarios de todos los partidos y facciones, dimitieron, fueron investigados y luego procesados. El gobierno de Abdo Benítez ha adoptado una línea algo más firme contra la corrupción que sus predecesores. En medio de un escándalo por la represa de Itaipú en agosto de 2019, el presidente destituyó a varios funcionarios, entre ellos el canciller, el embajador en Brasil, el director paraguayo de Itaipú y el director de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos o Activos (SEPRELAD) . En octubre, tras las acusaciones de malversación de fondos con respecto al gasto policial, el presidente reemplazó al ministro del Interior”.

En cuanto a las libertades civiles (libertad de expresión) el reporte menciona: “Las libertades constitucionales de expresión y prensa se mantienen de manera desigual. La presión directa contra los periodistas, incluidos las amenazas de grupos delictivos y autoridades corruptas, fomenta la autocensura y ocasionalmente se producen ataques violentos contra periodistas. En julio de 2019, dos periodistas resultaron heridos por balas de goma disparadas por la policía mientras cubrían una protesta en Asunción, lo que provocó la condena de los grupos de libertad de prensa“.

En cuanto a los derechos de asociación y organización el dossier internacional expresa: “Las manifestaciones y protestas son comunes pero a veces reprimidas. Las protestas periódicas contra la corrupción en 2019 se desarrollaron sin interferencias, en particular por el escándalo de julio y agosto que involucró a la represa de Itaipú. Las protestas provocaron la dimisión y el despido de varios altos funcionarios”.

En relación a la pregunta de si existe libertad para los sindicatos y organizaciones profesionales o laborales similares, señala: “Los procedimientos de registro de los sindicatos son engorrosos y los empleados a menudo están desprotegidos de las represalias de los empleadores. Sin embargo, el activismo laboral fue robusto en 2019”.

En cuanto al Estado de Derecho, el reporte expresa: “Las garantías constitucionales del debido proceso no se cumplen, en gran parte debido a la corrupción que permea el sistema judicial. Las personas con influencia o acceso al dinero con frecuencia pueden obtener un trato favorable en el sistema judicial. Casos como el asesinato en 2012 de seis policías y 11 campesinos en Curuguaty aún no se han investigado de manera exhaustiva y justa“.

Al cuestionario sobre si existe protección contra el uso ilegítimo de la fuerza física y libertad frente a guerras e insurgencias, la respuesta fue la siguiente: “Paraguay es uno de los países más seguros de la región. Sin embargo, el Ejército Popular Paraguayo (EPP), un grupo guerrillero, sigue activo en el noreste. La guerra de pandillas tiene lugar predominantemente a lo largo de la frontera brasileña, pero se está extendiendo. Aún se producen detenciones ilegales y torturas por parte de la policía. El hacinamiento y las malas condiciones sanitarias son problemas graves en las cárceles”.

Dentro del estudio también se destaca una interrogante. ¿Garantizan las leyes, las políticas y las prácticas, la igualdad de trato de los distintos segmentos de la población?

“Los pueblos indígenas también enfrentan discriminación y carecen de acceso a una atención médica adecuada. La deforestación desenfrenada, los incendios forestales provocados por el hombre y los desalojos forzosos amenazan a los últimos grupos indígenas ayoreo en aislamiento voluntario y asentamientos indígenas guaraníes”.

En cuanto a la autonomía personal y derechos individuales en parte del Informe se señala: “Aunque existen pocas restricciones formales sobre la actividad empresarial privada y los derechos de propiedad, las disputas por la tierra, a menudo vinculadas a la apropiación indebida histórica de tierras públicas y el respeto de los derechos territoriales indígenas, siguen siendo un problema. El EPP ha amenazado, secuestrado y extorsionado a ganaderos en zonas donde mantiene presencia”.

“En julio de 2019, Amnistía Internacional continuó advirtiendo sobre amenazas de nuevos desalojos violentos contra comunidades campesinas e indígenas. Una protesta de seis meses terminó en Asunción en abril de 2019, donde los miembros indígenas de la comunidad Tacuara'i del pueblo Ava Guaraní Chiripá habían acampado después de haber sido desalojados violentamente de uno de los últimos territorios ancestrales que les quedaban en el este del país”.

Freedom House “es una organización estadounidense fundada en 1941, dedicada al apoyo y defensa de la democracia en todo el mundo. Desde 1973 lanza un informe que emplea los métodos de análisis de las ciencias sociales para evaluar el nivel de libertad en cada país, con una puntuación numérica y una clasificación como Libre, Parcialmente Libre o No Libre. El informe se conoce como Freedom in the World (Libertad en el mundo)".

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*Foto de Portada: www.ultimahora.com /El Senador Javier Zacarías Irún es un político con mucho poder y ha quedado impune varios de sus supuestos hechos ilícitos.