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Argentina en bancarrota: entrevista al Juez de 1era Instancia Juan Alberto Rambaldo

Por Jean Georges Almendras y Giorgio Bongiovanni-26 de mayo de 2020

Literalmente Argentina está quebrada, económicamente. Lo que es decir, que está en bancarrota. Tal es la percepción (coreada a voces recientemente) entre los entendidos en la materia, sin perjuicio de que a nivel de “Juan Pueblo” la percepción es exactamente igual, pero a su forma. La sociedad argentina vive estos tiempos de Coronavirus, obviamente con los sacudones propios de la pandemia, en un contexto extremadamente complejo, donde el deterioro político-social y el deterioro económico se encuentran abrazados. ¿Deterioros de vieja data? ¿Abrazos de vieja data? ¿La resultante de influencias de procedencia imperialista? ¿La resultante de administraciones desquiciadas? Lo cierto es que hoy en Argentina se vive un dramático momento, en el que la crisis financiera hace estragos –como no podía ser de otra manera– en los sectores sociales más vulnerables (pero en los no vulnerables también). Los medios de comunicación argentinos, que siempre ponen el ojo sobre los más ásperos temas de la convivencia ciudadana, en el correr de los últimos meses, han sido extremadamente directos (y claros) en sus titulares, y en los contenidos de una lluvia de artículos, de análisis y de opinión, sobre el panorama económico. Ríos de tinta y horas y horas de minutos de radio y de televisión se han dedicado a todos estos asuntos, que conciernen a los bolsillos de los argentinos pobres y ricos. Y formando parte de esta brutal realidad, también la clase media argentina padece los mismos efectos. Pero los efectos (vale decir las consecuencias de todos esos deterioros) hoy, sobran, en un país considerado como uno de los gigantes de nuestra América Latina.

A propósito de todo este gravísimo panorama, desde tiendas del Epoch Times, se ha escrito, por ejemplo, que Argentina “entra en el año 2020 con una deuda de 332 billones de dólares” y que este total “incluye préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 148 billones debidos a obligacionistas privados”. Se puntualiza además, en la publicación, que “las agencias de calificación bajaron la calificación de la deuda argentina a causa de la decisión del nuevo gobierno de retrasar el pago de 9,1 billones de dólares de cuentas de la tesorería. Esto ya constituye un impago técnico –un distressed debt Exchange- según los criterios de Fitch Ratings, 64 billones más se deberán en 2021”

Siempre siguiendo la línea de análisis de Epoch Times, pagar la deuda “será difícil para cualquier nueva administración, dada la situación política terrible afectada por el amiguismo, la criminalidad, el proteccionismo y la inestabilidad monetaria”. Se han señalado además que “la inflación supera el 55 por ciento y la economía se contrajo tres por ciento en 2019. Durante los últimos cuatro años 21.500 pequeñas y medianas empresas, una fuente esencial de empleo, se han cerrado. Esto ha llevado a una tasa de desempleo de 10.1 por ciento, y aproximadamente la mitad de la población económicamente activa trabaja en la economía informal. Argentina también sigue ahuyentando el capital: 72.2 billones de dólares se han ido desde 2015”

Dentro de este verdadero tsunami que ha derrumbado la economía argentina nos orientamos a recabar la opinión (o la visión) de un ciudadano argentino inmerso en el mundo de la política, y fundamentalmente en el mundo de la jurisprudencia, siendo además un excelso observador de la realidad nacional. Nos estamos refiriendo al juez de 1era Instancia de la Provincia de Santa Fe Dr. Juan Alberto Rambaldo (*)

-¿Qué lectura puede hacernos de todo este panorama económico de Argentina?¿Realmente está en una situación de bancarrota?¿Qué entiende como bancarrota en términos de un país en plena pandemia?.

“Trataré de unificar la respuesta porque tengo para mí que no se puede hacer un análisis abstracto fuera de la realidad que actualmente nos acontece. Argentina viene de soportar crisis sucesivas como consecuencia de la intrusión del proceso militar del 24 de marzo de 1976 que tuvo como objeto promover la dependencia absoluta del país al proyecto del capital financiero, siendo su eminencia gris el Dr. Alfredo Martínez de Hoz con el respaldo de la Trilateral Comission. A tal fin se generó una extraordinaria deuda externa que Alejandro Olmos Gaona calificaría de “gran estafa” y que merecería el fallo ejemplar del Juez Federal en lo Criminal Jorge Ballesteros que calificó con carácter de sentencia firme a la deuda externa como "ilegítima y fraudulenta”. Los gobiernos sucesivos, ya sean los sostenedores de la ortodoxia liberal o los denominados populistas y neokeynesianos,no pudieron y/o no quisieron alterar este sistema de dependencia, incurriendo en una seguidilla de actos de corrupción que fueron desde la desnacionalización de las empresas públicas más importantes del país, hasta el contubernio con las empresas monopólicas y el vínculo con el narcotráfico. Pero la entrega a los grupos financieros tuvo su punto culminante con el advenimiento del gobierno del Ing. Mauricio Macri con el desproporcionado incremento del gasto público, la descarada acumulación usuraria y transferencia de ingresos a los grupos financieros internacionales (llámese fondos de inversión), logrados con el beneplácito del F.M.I. que aceptó prestar fondos destinados a solventar las acreencias de los prestamistas financieros, y orquestada por los operadores del presidente, Luis y Nicolás Caputo y Nicolás Dujovne”

“Este preámbulo fue para hacer una somera semblanza del por qué Argentina está inmersa en una situación financiera en la que resulta imposible hacer frente a una deuda externa que, además, tiene un origen absolutamente espurio. Si esta situación era complicadísima desde el punto de vista financiero por la imposibilidad de generar los recursos para el pago de una deuda que superaba el P.B.I. anual, la aparición de la pandemia introdujo una variante inesperada por la necesidad del gobierno de reasignar el destino de miles de millones para invertirlos en: el sostenimiento del sistema público de salud que se encontraba totalmente abandonado por la administración macrista; el sostenimiento de las empresas que -con motivo de la cuarentena- imprevistamente vieron totalmente frenada su gestión, que ya venía muy golpeada por la crisis económica derivada de 4 años de crecimiento negativo; atemperar en alguna medida la crisis laboral como consecuencia de la caída del régimen ocupacional, y finalmente paliar el hambre de un 40% de la población con trabajo informal y/o carente de recursos”.

“El gobierno, con el apoyo de la mayoría de los bloques opositores, presentó una propuesta de pago a los acreedores, la que no fue aceptada por los grandes fondos de inversión que, cual Shylock modernos, siempre están dispuestos a obtener una renta desmedida pero jamás van a querer disminuir sus utilidades”.

Rambaldo

-¿La nueva administración Fernández-Fernández podrá revertir esta situación?

“Hasta ahora la postura del gobierno (incluida la mayoría de la oposición) fue la de privilegiar el sostenimiento del orden interno a través de políticas públicas, pero ignoro si ésta será la posición que adoptará en el futuro inmediato ante la presión de los grupos económicos extranjeros y locales. Esta decisión política es básica; pero para revertir la situación también es fundamental que el país salga del histórico círculo vicioso de una burguesía local acostumbrada a sostenerse a través de las políticas de un Estado del cual se sirve mediante la obtención de una renta diferencial producto del cohecho y de la utilización de mecanismos monetarios que la favorecían”.

-¿Qué proyecciones puede hacer desde su puesto ciudadano para un país que se encuentra en medio de la bancarrota?¿Qué visión de futuro puede delinearnos?

“Es innegable que la Argentina necesita crecer asignando recursos a obras de infraestructura y de utilización de ciencia y técnica con la que contamos, como quedó demostrado históricamente, pero que se encuentra imposibilitada de desarrollarse como consecuencia del control político que ejercen los sectores financieros y los vinculados a la industria extractivista y de producción de commodities. Soy consciente que esto que digo requiere de la estructuración de una política con autoridad soberana que cuente con el apoyo social necesario para proyectarla en el tiempo”

-¿La situación en las Villas de emergencia de Buenos Aires, especialmente en la 31, es uno de los ejemplos más claros de lo grave de la situación?

“La cuestión de las villas requiere de un análisis histórico-social. Las villas del Gran Buenos Aires aparecieron como fruto de la concentración económica en la urbe generada en la primera mitad del siglo pasado y la consiguiente migración de la población rural hacia los centros urbanos. Hoy la ciudad de Buenos Aires y las ciudades del Gran Buenos Aires concentran a casi la mitad de la población total del país y gran parte de esa población se encuentra concentrada en las denominadas Villas de Emergencia donde se confunden personas a las que el Estado les brinda poca o ninguna contención social (trabajadores de empleos regulares, trabajadores de la construcción, changarines, delincuentes comunes, distribuidores de drogas, etc.).La villa 31 que cuenta con 40.000 habitantes no es “ni por lejos” la villa de emergencia más grande, y es quizás la mejor organizada urbanísticamente hablando, lo que sucede es que se encuentra asentada en el centro de la ciudad de Buenos Aires por lo que es una imagen absolutamente visible. En estos asentamientos, que son muchísimos operan desde hace décadas los denominados “curas villeros” y diversas ONG de ayuda solidaria con más de 500 comedores que dan asistencia a más de 70.000 personas”.

“La pandemia del coronavirus no podía menos que generar una situación caótica. El asinamiento es motor de la expansión del virus, la disminución del trabajo (tanto formal como informal) aumentó la carencia y los comedores existentes no dieron abasto por la multiplicación de las personas que requerían comida, por lo que fue necesario que el gobierno utilizara las tropas de gendarmería para la distribución de alimentos que siempre y en todo caso, fueron insuficientes. A ello hay que agregar que la provisión de alimentos se vio resentida por cuanto los proveedores del gobierno se negaron a entregar la mercadería a los valores oficiales, solicitando un incremento de los precios del producto. Esto ha traído como consecuencia que comenzaran producirse movilizaciones pacíficas y respetuosas del protocolo de la cuarentena, pero destinadas a requerir la intervención del Estado en la solución de esta restricción alimentaria. La decisión que tome el gobierno irá demostrando el camino que está dispuesto a transitar. Asimismo se verá si mantendrá su criterio de no criminalizar la protesta o si retomará el criterio represivo sustentado por la nunca bien ponderada Pactricia Bulrich, ministra de seguridad durante el gobierno del Ing. Mauricio Macri y actual presidenta del PRO”

-¿Cómo hombre de Derecho, como operador de la justicia, qué descripción puede hacernos de la realidad argentina, comparándola quizás con realidades de otros tiempos, de otras épocas de la historia nacional? ¿Encuentra paralelismos con la presencia de la ingerencia yanqui y de la corrupción?

“Te diría que la cuestión no pasa por mi percepción como “hombre de derecho” sino como ciudadano de la Argentina, donde se intentaron varias propuestas de desarrollo de políticas con mayor o menor grado de participación popular pero con algún grado de autonomía política y económica que nunca se pudieron concretar. La ingerencia de los EE.UU. en la Argentina data de muy lejos, baste mencionar el derrocamiento del Gral. Perón en 1955, de Frondizi en 1962, de Illia en 1966 y de Isabel Perón en 1976; pero fue con ese último golpe de estado que se consolidó la dependencia y se hizo patente el dominio por parte del país del norte”.

“Yo no me confundo, así como la imposición del orden militar fue una exigencia de EE.UU., el “ablandamiento” del ejercicio represivo fue también una decisión de los dueños del poder y baste para ello con leer los documentos Santa Fe I, II y IV para entender lo que podríamos llamar el “movimiento pendular” de la política latinoamericana en la que después de la aparición de gobiernos con “pincelazos” de autonomía (caso Lula, Lugo, Kirchner, Morales, Correa), vuelven los gobiernos directamente subordinados a los “amos del norte”. Tengo para mí que, más allá de las buenas o malas intenciones de los denominados “gobiernos populistas” no podrán sustraerse al condicionamiento que supone su dependencia de un sistema subordinado al capital financiero internacional. Los dueños del poder utilizan a su favor los mecanismos de la “democracia formal” y cuando ya no le sirve la quitan. Es que -como decía un ex presidente argentino- “hay democracia de medios y democracia de resultados”. Lo único que determina la existencia o no de democracia son los hechos”.

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(*) Juez de 1ra. Instancia de Circuito N° 23 de la Pcia. de Santa Fe, Argentina - Ex profesor de Derecho Procesal Civil en la U.N.R. (S.F. - Argentina) - Ex director del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario (S.F.) - Director de los Congresos 1° y 2° Nacional (3° y 4° Internacional) en la Lucha Contra la Mafia y la Corrupción organizado por la U.N.R. (S.F. - Argentina)

*Foto de Portada: www.expansion.com 

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