A pesar que la mayor parte de los habitantes del país se dedican al trabajo informal e independiente, donde los ingresos dependen de lo que se vende o del servicio que se preste en el día, (generando por eso angustia, disconformidad y hambre ya, en parte de la población), con un inmenso sacrificio y consciente de que la salud y la vida es más importante que todo, se han respetado todas las disposiciones del Poder ejecutivo y las recomendaciones de las autoridades judiciales y fiscales.

El coronavirus generó un paro general, que recluyó a los paraguayos en sus casas, menos a la corrupción y a los privilegios de los amos del país que siguen actuando en plena libertad, a pesar de algunas medidas de transparencia y combate a la corrupción, implementada por el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

El coronavirus ha desenmascarado a los grandes delincuentes de cuello blanco, ya que una gran mayoría de los políticos y gobernantes que forman parte de los poderes ejecutivo y legislativo, en décadas muy poco han invertido en la salud y educación paraguaya. La mayor parte de los recursos del estado se ha malversado, yendo a parar a los bolsillos de los corruptos de turno. Los principales hospitales y centros de salud , incluido el IPS ( Instituto de Previsión Social) carecen no solo de los insumos básicos para enfrentar esta pandemia, sino a lo largo de los años han funcionado en condiciones paupérrimas, sin medicamentos, sin contar con elementos sanitarios elementales como agua oxigenada, gasas, etc., y donde se le da solo recetas a los pacientes para que puedan comprar todo lo que necesiten en las farmacias privadas, que comúnmente están ubicadas alrededor de estos centros de salud.

El costo de los medicamentos es altísimo en estas farmacias, no existiendo un control serio de los precios y mucho menos de la calidad de los productos comercializados, en desmedro de la salud y la economía de los enfermos o pacientes. Los precios inflados y altos de los remedios, hacen que los pobres e incluso la clase media no pueda acceder habitualmente a comprar lo que necesita para su tratamiento, o si lo compra no tiene ninguna garantía que el producto que está consumiendo sea de la calidad que corresponda para combatir las enfermedades.

Siendo la salud el principal bien público, es increíble cómo se ha administrado hasta ahora los recursos del Estado, que se ha direccionado para pagar salarios, en su mayor parte para subsidiar a los grandes empresarios del transporte, sojeros, industriales, dueños de los grandes medios de comunicación, amañar licitaciones a favor de las grandes cadenas farmacéuticas, y empresas de maletín que facturan millones de dólares, incluso nos hemos dado el lujo que el IPS, cuyo servicio por años ha sido pésimo, haya otorgado crédito consistente en millones de dólares a una multinacional de telefonía celular, que muy poco ha aportado al Paraguay para su desarrollo.

Esta poca transferencia de los recursos públicos al Ministerio de Salud y una aún menor ejecución, ha ocasionado desde hace décadas la privatización de hecho de la salud pública, ya que nada es gratuito en los pocos hospitales y centros de salud que existen en la República.

Esta tremenda inequidad, ha tenido como consecuencias que la mayoría de los pobres y excluidos del sistema, que son como 3 millones de paraguayos no acudan casi nunca a los servicios sanitarios del Estado, sin embargo los ricos cuentan con seguros privados y públicos que les garantiza el acceso inmediato a una importante cobertura sanitaria.

El Gobierno ha adoptado medidas extremas pero correctas con bastante anticipación, priorizando la salud sobre la economía, siendo uno de los motivos quizás que hasta el momento haya habido pocos contagiados y muertos, en relación a países como Ecuador, Brasil, Italia, España y Estados Unidos. Esta decisión se debió a que las necesidades sanitarias son bastantes y escasa la infraestructura y recursos humanos disponibles; ya que contamos con pocas camas de terapia intensiva, respiradores, tapabocas e incluso materiales de bioseguridad, esencial para realizar los análisis en cantidad suficientes en los laboratorios para tener un diagnóstico certero del volumen de infectados en Paraguay y sobre todo proteger a los trabajadores de blanco, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, y todos los que forman parte de la vanguardia en la lucha contra el virus, y que están más expuestos al mismo.

A pesar de la injusticia histórica descripta, creíamos cándidamente que en este tiempo excepcional, nadie se aprovecharía de la situación para intentar lucrar o robar los pocos recursos con que cuenta el país para enfrentar la pandemia. Sin embargo estábamos equivocados.

En esta semana diversos medios de comunicación de la capital se hicieron eco de las denuncias de que existirían indicios de sobrefacturaciones en la compra de insumos sanitarios en diversas entidades del Estado como DINAC, PETROBRAS Y UNA.

En comunicación con Radio Ñandutí la diputada Kattya González mencionó que remitieron una denuncia a la Fiscalía General del Estado donde solicitan la apertura de una investigación penal sobre la supuesta sobrefacturación en la compra de barbijos en la DINAC (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil). Dijo que no se puede permitir que las autoridades lucren con la situación de la pandemia “Sería una vergüenza, una calamidad, una desgracia, para el Paraguay, lamentó“

“Acabamos de remitir la denuncia, suscripta por un grupo de diputados de la multi bancada, a la Fiscalía General del Estado donde solicitamos una investigación penal atendiendo los hechos que han sido publicados y que dan cuenta de probables conductas relevantes penalmente, y eso amerita efectivamente la apertura de una investigación”, explicó.

“Que en este momento se esté pasando o justificando compras sobre facturadas nos parece realmente despiadado. Desde todo punto de vista esos precios por los cuales se adquirieron esos materiales no condicen con los precios de mercado (…) Los precios no cierran el círculo con las justificaciones que dio la Dinac y eso amerita la apertura de una investigación penal y así lo estamos haciendo”, refirió la parlamentaria.

La diputada Kattya González también manifestó a Radio Ñandutí que ampliaron la denuncia contra el titular de la Dinac Edgar Melgarejo “porque hay un hilo conductor entre la empresa de la que se compró los tapabocas y el Consorcio AEROTECH a quien la Dinac adjudico una licitación por un monto total de G. 1895 millones para asistencia y mantenimiento de equipos aeronáuticos, comunicación, navegación, vigilancia”. Según Kattya tiene a las mismas personas de la licitación del tapabocas interactuando y además una llamativa adjudicación.

Varios diputados que habían ampliado la denuncia contra el titular de la Dinac, entre ellos Carlos Rejala y Rocío Vallejo, denunciaron esta semana que Melgarejo supuestamente los amenazó con querellarlos y le lanzaron un abierto desafío. “Vamos a dejarnos de utilizar frases como persecución política o les voy a demandar y vamos a cuidar la plata ajena”, dijo Vallejo.

Melgarejo quien en principio alegó un trasfondo político y abrió un sumario administrativo para todos los funcionarios y empresas vinculadas a la compra de mascarillas, renunció a la presidencia de la Dinac, luego de la denuncia, negando rotundamente que haya incurrido en irregularidades.

Luego de la mencionada denuncia, varios agentes fiscales simultáneamente realizaron allanamientos en las diversas oficinas de la Dinac, procediendo a la incautación de documentos, computadoras y recabando informaciones para dilucidar la responsabilidad penal del ex presidente. Conforme a las primeras declaraciones de uno de los fiscales intervinientes Omar Legal “Existen fuertes indicios de que las empresas a quienes la Dinac adjudicó los contratos para la provisión de los insumos sanitarios se trataría de empresas de maletín”, es decir, sin existencia física, que solo figuran en los papeles y que se constituyen al solo fin de lucrar o de apropiarse indebidamente de los recursos del Estado a través de acuerdos con sus funcionarios corruptos.

Estos indicios de corrupción denunciados nos enseñan, que a pesar de la pérdida de investidura de varios parlamentarios en los últimos años, por hechos punibles cometidos, abuso de poder y grave irresponsabilidad en el ejercicio del cargo, no son suficientes para acabar con la voracidad de los delincuentes del sector público y privado.

Ni siquiera basta con el hartazgo ciudadano en soportar los viejos vicios de la politiquería, si no apuntamos a desenmascarar a los verdaderos ideólogos y responsables de la gran desigualdad social existente en el país, cuyas causas son la corrupción, la injusticia tributaria vigente -pues los poderosos y ricos pagan muy pocos impuestos- en desmedro de la clase media y pobre que sostienen los gastos de todo el aparato estatal, la enorme cantidad de tierras mal habidas (adjudicadas en la época de Stroessner y que nunca fueron recuperadas por ningún Gobierno luego del 89) la destrucción de nuestros recursos forestales, la contaminación de las aguas, suelos, y alimentos con agroquímicos administrados y comercializados por grandes empresarios del agro-negocio, que atentan contra la verdadera riqueza de los paraguayos que es la naturaleza, y no los grandes créditos otorgados por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, luego del coronavirus, ni tampoco las reservas internacionales, que podrán ayudar a pagar por algunos meses el sueldo de los funcionarios públicos, pero que no garantizan en absoluto una desarrollo sostenible y con calidad de vida de los paraguayos del presente y de las futuras generaciones.

Como lo afirmó en estos días en una charla virtual con NPY (Noticias Paraguay) el reconocido filósofo y educador colombiano Bernardo Toro al referirse al paradigma del cuidado en medio de la pandemia del coronavirus. “La salud es el principal bien público, pero pareciera que no entendemos. Hemos conseguido plata para conseguir automóviles, pero no para fabricar respiradores”.

Si no establecemos estrategias claras y fuertes de combate a los corruptores, corruptos y las diversas asociaciones criminales formadas para asaltar y tomar como botín las arcas del estado, a través de las políticas públicas, este tipo de actos criminales, donde hay claramente un matrimonio entre el sector público y privado, no solo continuarán, sino que además quedarán en la impunidad los verdaderos cerebros, que matarán mucho más que el coronavirus.

En estos tiempos en que en el país se habla y debate sobre la necesidad de reforma del Estado, indudablemente eso no es suficiente. Urge el despertar de conciencia que apunte a que paremos de dañar a la tierra, y a todos los seres vivos del Paraguay y el planeta. Porque sin dinero podemos vivir, pero sin los elementos que sustentan nuestra vida: el agua, la tierra, el aire puro, los bosques, los animales, y minerales, no sobreviviremos y la extinción será nuestro futuro muy cercano.

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*Foto de Portada: Agencia EFE