La jornada sabatina del pasado 28 de diciembre en el despacho del Fiscal Enrique Rodriguez estuvo signada por la indagatoria a los dos titulares del establecimiento rural del departamento de Soriano de donde salieron al Puerto de Montevideo dos contenedores con un cargamento de harina de soja con destino al África, cargamento que el día antes, en la terminal portuaria (debido a los controles con un escáner) se constató que no era tal, sino mas bien 4 toneladas 418 kilos de cocaína en bolsas. A esa altura de los acontecimientos las autoridades establecieron que el embarque de soja pertenecía al establecimiento rural “Las Camelias” propiedad del empresario Luis Gastón Murialdo Garrone , razón por la cual las primeras actuaciones se cumplieron en ese lugar, es decir en un punto cercano a la ciudad de Dolores. Allanado el establecimiento se pudo saber que dos empleados de Murialdo pretendieron retirar del inmueble bolsas que una vez revisadas se pudo constatar que en ella había 1.300 ladrillos de cocaína, que quedaron desperdigadas por el terreno. Los dos empleados fueron detenidos allí librándose orden de captura de Murialdo y de un hijo suyo de 19 años, quienes horas más tarde al saberse requeridos optaron por presentarse voluntariamente en la sede de la Fiscalía, quedando detenidos. Fue el inicio de la gran investigación sobre una de las mayores incautaciones de cocaína en el Uruguay. Un cargamento cercano a las seis toneladas, valorado en el mercado local en 40 millones de dólares, pero en el mercado europeo en 230 millones de dólares, estimando las autoridades que el valor final, en el submundo del hampa alcanzaría a un poco más mil 300 millones de dólares.
En el curso de las primeras indagaciones y con el correr de las horas se fueron conociendo detalles en torno al caso. En cuanto a los titulares del establecimiento rural se supo que Murialdo padre viene siendo defendido por el ex fiscal Enrique Moller, mientras que a su hijo lo defiende una abogada cuyo nombre no fue dado a conocer, al tiempo que los empleados están asesorados por abogados de oficio. La prensa local informó que el sábado mismo el Fiscal formalizó a todos los detenidos imputados de un delito de “tenencia y exportación en el grado de tentativa”, trascendiendo que se les aplicó prisión preventiva, siendo destinados a la Cárcel de Punta Rieles. Se pudo conocer por las informaciones aportadas por fuentes fiscales que a Murialdo padre le correspondieron 180 días prisión, a su hijo 90 y a los dos empleados 60 días. También se pudo conocer que los Murialdo negaron rotundamente su participación en el embarque de droga indicando que desconocían por completo la forma en que la cocaína había sido colocada en los contenedores, manifestando “no encontramos explicación a lo sucedido”.
A nivel de la Fiscalía, y sin perjuicio de las declaraciones de inocencia de los Murialdo, se dio a entender (en diálogo con la prensa) que las pruebas en contra de los imputados eran abrumadoras.
En el contexto de las investigaciones de la Fiscalía, que están en pleno desarrollo trascendió que el Fiscal Rodríguez habría identificado a más personas para indagar y esto seguramente habrá de ocurrir en el correr de la semana entrante, seguramente después de disponer nuevos operativos o detenciones; pero además se supo que el Fiscal pondrá especial atención en lo que atañe a los controles que realiza el Ministerio de Ganadería y Agricultura, puesto que los contenedores habrían salido del establecimiento rural precitados. ¿Cómo fueron los controles entonces? ¿Tienen o no responsabilidad los inspectores ministeriales?
Asimismo, la Fiscalía y el resto de las autoridades involucradas en el caso, pondrán especial interés en definir (porque es una faceta sumamente vital en esta materia) quien es el propietario del cargamento de cocaína. Vale decir, cuál es el origen de la maniobra, y eso implicará además determinar la procedencia de la cocaína y cómo (y bajo la protección de qué ámbitos oficiales o extraoficiales) ingresó al Uruguay, y cuándo. Y tomando en cuenta que la Fiscalía determinase que los Murialdo estén definitivamente involucrados en la maniobra, la Fiscalía lo deberá demostrar con pruebas, desmantelando así todo el entramado alrededor de los imputados. Entramado criminal exclusivamente destinado a materializar la tenencia de la droga, y su exportación, vía portuaria, solo que en esta oportunidad el cargamento fue interceptado.
No en vano el Fiscal dispuso que se hagan pericias a los celulares (cinco en total) y a las computadoras incautadas en el allanamiento, corriendo igual suerte dos notebooks, un rifle, dos escopetas y sus respectivos cartuchos.
La activa presencia de organizaciones criminales internacionales de gran poder de acción (para corromper funcionarios públicos de diferente rango, para aportar apropiada logística para el ingreso de la cocaína, para facilitar medios y recursos para el desplazamiento de la droga hacia el África, etc.) es un tema que sobrevuela en el ambiente y que su identificación constituye un verdadero desafío para la Fiscalía y la Justicia uruguayas.
No podemos presumir que todo se centra y termina en la eventual implicancia de los empresarios dueños del establecimiento rural, porque en todo caso ellos solo serían una de las caras visibles de la maniobra, cuyo formato y metodología se asemeja a las operaciones criminales que comandan, supervisan, financian y controlan personajes de la mafia italiana `Ndrangheta, cuya zona de acción incluye al Rio de la Plata y a otros países de la región, desde hace diez años como mínimo. Y no podemos minimizar la nómina de implicados para la maniobra porque tanto carteles mexicanos, como mafias italianas interactúan y se entrelazan con sobrada solvencia, no solo por el manejo de las influencias sino por los recursos financieros que tienen entre manos para abrir puertas, útiles para que los cargamentos lleguen a buen puerto, más allá del Atlántico.
En el Uruguay el operativo en cuestión causó impacto a diferentes s niveles y hay una diversidad de bemoles en cuanto a los implicados, vale decir respecto a los empresarios (y los dos empleados) cuya respectivo grado de responsabilidad será ahora lo que tendrá que definir le Fiscalía. Pero de hecho, repetimos, los Murialdo, de corroborarse irrefutablemente su participación, solo son una parte del iceberg. Serían eventualmente solo una pieza de un gran rompecabezas criminal que debe haber invertido mucho contante y sonante, para la compra de la droga (seguramente en Bolivia o Colombia), para su traslado al Uruguay, y para su transporte más allá del Atlántico.
Entretanto no se vayan juntando las piezas del rompecabezas, es decir entretanto las investigaciones se vayan realizando y aún algunas aristas de la maniobra no sean literalmente reveladas, los Murialdo se mantienen firmes en su declaración de inocencia, y esas son las reglas del juego, en el mundo del narcotráfico internacional a gran escala.
En un reciente artículo del diario El País se dio a conocer el pedido del proceso penal de la Fiscalía para los detenidos. Textualmente dice: “Resta mucho aún por investigar, recabando otras evidencias y diligenciando más probanzas tendientes a dar con el origen de las sustancias, saber quiénes son sus dueños, cómo fue ingresada a nuestro país, qué otros involucrados pueden haber. Son aspectos todos que seguramente los imputados padre e hijo conozcan, pero cuya información no brindaron quizás por temor”.
También se dan a conocer en el matutino El País los fundamentos que expuso el Fiscal Enrique Rodríguez para solicitar la prisión preventiva para Murialdo padre e hijo, alegándose el peligro de fuga de ambos: “En efecto, se trata de un ilícito grave relacionado con el tráfico de estupefacientes. Los imputados estaban en posesión de una cantidad considerable de cocaína, la acondicionaron en bolsas de harina de soja y trataron de exportarla, trámite aduanero mediante. Todo lo cual conlleva una logística que los imputados llevaron a la práctica para cumplir con su cometido final que era la exportación de la sustancia al extranjero. Dicha actividad ilícita, conforme a la normativa vigente, conlleva una pena que oscila entre los dos y diez años de penitenciaría, y por ende no es excarcelable”.
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*Foto de Portada; UNICOM (Unidad de Comunicaciones del Ministerio del Interior)/ Cocaína incautada en el puerto de Montevideo
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