De ganar la pulseada el sistema criminal integrado, el territorio nacional se convertiría en zona liberada para el negocio de los residuos tóxicos, en palabras del periodista Antimafia Roberto Saviano: “un mercado (residuos tóxicos) que ha experimentado en los últimos tiempos un incremento global del 29,8%, equiparable únicamente a la expansión del mercado de la cocaína”.
Es viable tomar como antecedente, hecho cronológico-histórico, como desde finales de los ´90 la Camorra (organización criminal Mafiosa, Originaria de Nápoles) se ha convertido en la líder continental europea del vertido de residuos. Facturación que ha alcanzado la cifra de 44.000 millones de euros en cuatro años. Ya en el informe del año 2002 realizada por el ministro del interior para el parlamento italiano se recogen datos de cómo se pasó de la recolección residencial de residuos a el tratamiento de miles de toneladas de residuos peligrosos, para acabar ejerciendo un control total del ciclo entero. Todo esto sacado a luz por varias investigaciones del comando de carabineros de Italia, como la operación “Rey midas”, “Mosca” y “Agricultura biológica”.
El ministro de justicia y de DD.HH, Germán Garavano, señaló que la reforma plantea una “regulación medioambiental avanzada" y una “fuerte sanción y represión de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y las asociaciones vinculadas con el narcotráfico”. Claramente declaraciones contradictorias con lo que plantea en sí la reforma del código penal. ¿Acaso el gobierno de la Alianza Cambiemos pretende convertir al territorio nacional en un gigantesco vertedero similar al sur de Italia? Sabemos que las organizaciones criminales mafiosas no cambian su modus operandi, los mafiosos son esencialmente mentirosos. Alegamos también que para la lógica empresarial en sintonía con el pensamiento mafioso, el tratamiento de residuos es un costo a disminuir o eliminar. Totalmente esperable de una gestión gubernamental que se caracterizó por los “ajustes sociales”, donde la vida no vale nada.
En vista al derecho y cultura de la legalidad se encuentra el aspecto constitucional que puede verse claramente dañado, tal como se detalla en el art. 41 de la constitución nacional: “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. “Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”. “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos peligrosos, y de los radiactivos”.
Para concluir es esencial que los responsables jurídica y socialmente como lo son los diversos integrantes de la oposición impidan que esto suceda, para rendir homenaje a símbolos de la lucha socio ambientales como lo fue y es Fabián Tomassi y Ana Zabaloy, maestra y psicopedagoga dedicada a la docencia rural, parte de la Red de Docentes por la Vida, luchadora contra la fumigación con agrotóxicos en las cercanías de las escuelas, que falleció el sábado pasado de cáncer, producto de los agrotóxicos , padeciendo desde una parestesia facial hasta una insuficiencia respiratoria.
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*Foto de Portada: www.anccom.sociales.uba.ar Foto de Rocío García /Movilización.
*Foto 2: www.primeraplana.com.ar / Ana Zabaloy.