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El juez Ramos Padilla y una oscura trama mafiosa internacional

Por Dra.  Inés Lépori – 19 de marzo del 2019

El escándalo que involucra a miembros del Poder Judicial de la Nación ha tomado estado público y amenaza con convertirse en el más grave de la historia institucional argentina. La densa trama de aprietes y extorsiones desarrollada por falsos abogados, fiscales, jueces, servicios de inteligencia y embajadas ya alcanzó las dimensiones de una enorme crisis política.

Tan es así que en su discurso de apertura del año judicial pronunciado en el día de hoy, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, se vio obligado a reconocer ante los magistrados de todo el país que existe una "crisis de legitimidad" en el Poder Judicial. Sin más recordó que "la legitimidad del Poder Judicial es esencial" y que "toda crisis de legitimidad es en gran parte una crisis de confianza. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportamos como verdaderos jueces de una democracia republicana", siguió diciendo.

Nunca mejor expresado Dr. Rosenkrantz. Porque hoy, en Argentina, ya casi nadie cree en los jueces.

El juego de espías se dio a conocer cuando el empresario Pedro Etchebest denunció por extorsión al falso abogado Marcelo D’Alessio, supuesto agente de la DEA en la Argentina, quien según sus propios dichos actuaba por cuenta y orden del fiscal federal Carlos Stornelli. La cantidad solicitada de trescientos mil dólares era para evitar que lo detengan en la causa conocida como la de las fotocopias de los cuadernos, llevada adelante por el juez federal Claudio Bonadío contra funcionarios del gobierno anterior. La denuncia se presentó en el juzgado federal de Dolores, Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alejo Ramos Padilla en razón de que el delito se habría cometido en un balneario de la costa atlántica.

Lo más inquietante es que esta denuncia se salió de los parámetros que caracterizaron a la mayoría de las otras que se conocieron en los últimos años: poco serias y sin pruebas, todas publicadas antes de ser investigadas y que siempre eran conocidas por ciertos periodistas y medios antes que por los inculpados. En este caso no sólo hay pruebas, sino que la cantidad de evidencia aportada a la denuncia y la que luego fue recolectada en los allanamientos judiciales es tanta que aún no pudo ser analizada en su totalidad. Hay audios, videos, fotos y registros de celulares que acreditan los alarmantes intercambios de opiniones, maniobras y acciones realizadas entre los denunciados.

El caso dejó al descubierto lo que se ha dado en llamar “lawfare” o guerra jurídica, una palabra inglesa de pocos años que aún no figura en el diccionario y que describe a un modo de guerra no convencional en el que se usa a la ley como el arma para conseguir un objetivo militar. Para lograr ese objetivo es necesario un poder judicial cómplice, políticos que construyan la ofensiva y medios de comunicación que trabajen para convencer a la opinión pública sobre las bondades del ataque.

Y acá no faltó nada: gobierno nacional, servicios argentinos y extranjeros, falsos abogados, miembros del poder judicial, diputados oficialistas, bandas del narcotráfico, periodistas réprobos, embajadas extranjeras y los principales medios de comunicación, todos mezclados como en la famosa vidriera irrespetuosa de los cambalaches, como dice el tango de Discépolo.  

El nexo que señala y une a los principales actores del caso es Marcelo D’Alessio, al que antes todos conocían, a quien ahora nadie reconoce y del que todos tratan de despegarse. Pero las fotos, los audios y la documentación encontrada dicen otra cosa. El que los desune y encuadra es el juez Ramos Padilla, quien tuvo la mala idea de investigar lo que en la Argentina de hoy no se investiga. Y no sólo eso, también se atrevió a concurrir a la Cámara de Diputados de la Nación cuando fue convocado y a exponer los hechos indagados y las evidencias contenidas en sus primeras resoluciones del caso.

A pesar del blindaje mediático proporcionado por los principales medios de comunicación, que ignoran, silencian, ningunean o critican la actuación del juez, el tema se difundió rápidamente en medios alternativos y redes sociales del país, y causó estupor en el exterior.

El Poder Ejecutivo no sólo lo dejó solo y desprotegido, sino que lo quiere afuera del Poder Judicial. Una especie de represalia inmediata. En el día de ayer el Gobierno presentó el pedido de remoción en el Consejo de la Magistratura. Hace poco, un Macri evidentemente fuera de sí, dijo en una entrevista televisiva que Ramos Padilla "no es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay, el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo".

Pero los problemas del gobierno son aún mayores. El juez federal Ramos Padilla que hace unos días denunció "una trama de espionaje político y judicial" que involucra hasta a países extranjeros, ha salido primero o quedado entre los primeros lugares en los últimos concursos. Debido a ello deberá presentarse el próximo el 25 de marzo en el Consejo de la Magistratura para la entrevista personal del Concurso 348 destinado a cubrir el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata. Está primero en el orden de mérito aprobado por la Comisión de Selección del organismo para ser nombrado en ese juzgado que tiene competencia electoral. Es un puesto estratégico porque es el juez que debe decidir en los futuros conflictos en el mayor distrito electoral del país. El ejecutivo nacional deberá decidir si desconoce los resultados del concurso y evita nombrar a Ramos Padilla.

El único rayo de luz de estos días provino de la Corte Suprema, quien acusó recibo de la falta de recursos para llevar adelante la tarea denunciada por el juez ante la Cámara de Diputados y le proporcionó dos auxiliares y un auto. No alcanza, pero es un pequeño gesto simbólico de reconocimiento a su tarea. O de vergüenza, tal vez.

Pero lo que realmente podría marcar la diferencia es la actitud de toda la sociedad que debería exigir al Gobierno que le dé protección integral al juez Ramos Padilla, para que prosiga las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

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*Foto de portada:www. © Diario Popular

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