Por Jean Georges Almendras y Charly Santana-15 de mayo de 2018
Lo de Ayotzinapa fue violencia absoluta. Fue un crimen maldito. Fue una crueldad indescriptible. Fue el horror en toda su expresión. Fue uno de los barbarismos más grandes cometidos en un México superado en violencias y en muertes. Un México superado, pero en extremo.
Un México ensangrentado. Un México con sangre regando su tierra y sus sus calles. Sangre de inocentes y un dolor ciudadano imposible de describir con palabras.
México vive tiempos de sangre y de corrupción. Corrupción al más alto nivel. Esa corrupción que abre las puertas al crimen. El crimen que ya está instalado en el poder. El crimen que genera desconfianzas. El crimen que ha anulado la esencia y el sentido de la democracia y de sus instituciones. Y que ha barrido con hombres y mujeres. Y que se ha impuesto con rigor malsano, como se impone una marca comercial, masivamente. Día a día, semana a semana y año tras año.
¿Y los normalistas de Ayotzinapa?
Lo de Ayotzinapa fue violencia absoluta y un crimen maldito.
Ya han transcurrido cuatro años del horror de los horrores. Y todavía tenemos que seguir escribiendo con signos de interrogación, porque la impunidad está ahí, presente. Muy presente. Devorando esperanzas y causando dolores. Y destrozando familias. Y sembrando tristezas y angustias indescriptibles entre madres y padres desesperados; entre hermanas y hermanos, y abuelos y abuelas desesperados. Y niños desesperados que preguntan y preguntan por sus jóvenes queridos.
Ya han transcurrido 43 meses del horror de los horrores y esos seres humanos sumidos en el estupor, la rabia, el dolor y la soledad de los dolientes siguen firmes, recorriendo calles y llenando plazas pidiendo justicia. Y primero que nada saber lo que ocurrió. Y primero que nada hallar los cuerpos de sus seres queridos o saber la verdad de los hechos. Saber con pelos y señales quienes fueron los responsables. Saber. Para acusar y pedir el castigo de los culpables, con nombre y apellido. Los culpables de una tragedia que ha teñido las manos de los gobernantes y de todos los que hablaron después, prometiendo investigaciones y prometiendo verdades. Prometiendo sin cumplir.
¿Verdades? ¿Qué tipo de verdades? ¿Las verdades del oficialismo?¿Las verdades a medias? ¿Las falsas verdades?
En los últimos días en la agenda de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos se incluyó el tema de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa. El tema también se incluyó en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En los últimos días de abril familiares y compañeros de los jóvenes, por enésima vez, marcharon portando fotos y pancartas, y gritando a viva voz que ya van 43 meses de los hechos y las respuestas brillan por su ausencia.
En los últimos días, esas pancartas y esos enérgicos pedidos de justicia se llevaron a la sede de la cancillería, precisamente cuando sesionaba la CIDH en República Dominicana.
Y en esa sesión participaron Emiliano Navarrete (padre de uno de los estudiantes desaparecidos) , José Ángel Navarrete y Joaquina García, madre de Martín Sánchez.
Y en esa sesión ella acusó a las autoridades mexicanas de “no hacer nada” para llegar a la verdad sobre lo que le sucedió a su hijo y al resto de los estudiantes. Y también les acuso de decir mentiras.
Pero los reclamos siguieron.
Reclaman que se presente en México una investigación elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicada en el mes de marzo y que ha sido titulada:”Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del Caso Ayotzinapa”
La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar. Oficialmente dijeron (o mejor dicho, acusaron) que el documento contiene conclusiones “prematuras”.
Según informaciones periodísticas la oficina de la ONU no solo ratificó su informe sino que además defendió su metodología y sus hallazgos. De acuerdo al documento, durante las primeras etapas de la investigación sobre los hechos del 2014, entre los sospechosos interrogados, unas 34 personas o más “fueron torturadas y detenidas arbitrariamente”. Se puntualizó además que estas acciones “fueron a su vez inadecuadamente investigadas o encubiertas”
Pero hubo más.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Luis Raúl González, denunció públicamente que “la Procuraduría de la República está demorando la entrega de información que le solicitó. Se trata, en particular, de la referida al diálogo telefónico y por mensaje de texto entre supuestos integrantes del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos”
En los últimos días se supo que miembros de Guerreros Unidos que se encontraban en Chicago, EEUU y otros que se encontraban en el municipio mexicano de Iguala (donde desaparecieron los normalistas) intercambiaron información sobre ellos, los desaparecidos.
Periodistas mexicanos dijeron que las conversaciones fueron interceptadas por orden de un magistrado y que se desprende de los dialogados de que integrantes de Guerreros Unidos supusieron que la movilización de los estudiantes en Iguala formaba parte de una operación de un grupo rival, denominados Los Rojos.
En los últimos días se supo también que uno de los hombres dijo a otro:
“!!Hay 60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro!!” se estima refiriéndose a personas ¿algunas capturadas y otras muertas?
En los últimos días se supo también que en otra conversación de días posteriores, alguien dijo a otra persona:
“!!50 chavos desaparecidos!!”
Trascendió en medios periodísticos mexicanos que el responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dijo que esa era una información parcial ya que se registraron filtraciones.
En los últimos días, nuestro colaborador mexicano de Antimafia Dos Mil, Charly Santana, entrevistó en la cafetería “Vive Zapata”, de Colonia Alamos, de Ciudad de México a Omar García, sobreviviente y testigo de la desaparición de los 43 normalistas.
Omar García le dijo a nuestro redactor:
- "Mi nombre es Omar, soy uno de los sobrevivientes de Iguala de 2014. El 26 de setiembre del año 2014 en un operativo en conjunto entre policías de todos los niveles del país, el ejército y supuestamente el crimen organizado, atacaron a un grupo de estudiantes de una Escuela Normal, en Guerrero, México, y desaparecieron a 43, asesinaron a tres de ellos, más otros tres civiles. Y hubo unos 40 heridos .Esto supuestamente para contener una protesta que estábamos haciendo, que en realidad lo que estábamos haciendo era tomar autobuses para utilizarlos el 2 de octubre, que en México se realiza cada año una manifestación conmemorando la masacre del 2 de octubre de 1968 “
“Desde entonces hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con los estudiantes, a dónde se los llevaron, quiénes se los llevaron, qué hicieron con ellos. Las investigaciones van en dos sentidos: la investigación oficial dice que la policía tomó a los estudiantes, los entregó al crimen organizado, y que el crimen organizado los calcinó en un basurero; por otro lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó a un grupo que se llamó el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes y ellos establecen la imposibilidad de que estas cosas hayan ocurrido; en primer lugar porque se torturó a los presos, en segundo lugar porque no se han investigado a los Cuerpos de policía en general, ni al Ejército mexicano, y en tercer lugar porque se le atribuye todo al Narco”
“Nosotros hemos visto eso en el país una constante de que todo se le atribuye al Narco. Ya estamos en abril de 2018 y hace tres días nos enteramos también aquí de la desaparición forzada de tres estudiantes en Jalisco y que fueron asesinados también supuestamente por una célula del Narco y disueltos en ácido, supuestamente según las versiones oficiales; pero otra vez recurren a la investigación, donde las familias no están participando, las investigaciones no son independientes, y en un país donde la impunidad es el pan de cada día, donde no se puede confiar en las autoridades. Entonces, lo que vemos en las desapariciones forzadas en general es esa constante de que las autoridades siempre buscan a quien atribuirle la culpa para lavarse las manos”
“La desaparición forzada se da según el concepto, cuando las personas son privadas de su libertad por agentes del Estado o por particulares con la aquiescencia de agentes del Estado; y en la noche de Iguala en nuestro caso, de los 43 participaron policías del ejército, policías federales, políticos. Y aunque haya participado el narcotráfico, participó con la ayuda de las corporaciones del Estado, por lo tanto, es una desaparición forzada y no han querido catalogarla hasta este momento así”
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*Foto de Portada: www.telesurtv.net