Jueves 18 Abril 2024
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COLUMNA ANTIMAFIA

El diputado de Cabildo Abierto denunció que el empresario uruguayo Gonzalo Aguiar, asesinado hace algunos meses, no solo habría cometido delitos, sino que además, estaría vinculado a altas jerarquías del gobierno uruguayo. Por este motivo el legislador fue amenazado de muerte. No lo aislemos.

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santimaldoJean Georges Almendras-20 de noviembre de 2017

Para el viernes 24 de noviembre está prevista la junta médica que establecerá las causas de la muerte de Santiago Maldonado. La noticia, dada a conocer desde hace ya más de una semana, se expandió por la Argentina, la región y el mundo, rápidamente. Y aunque se aguardan las conclusiones finales de la autopsia, no se presume que con rapidez el caso quede concluso. Y quienes así lo consideren, pueden irse ya desdiciendo, porque ese informe no será el cierre del caso, sino que por el contrario, será (y es una obligación que así sea) el punto de partida para una investigación, que necesariamente debe ser orientada a clarificar ( y determinar) no solo las circunstancias en que Santiago murió (¿ahogado?) durante una represión de efectivos de la Gendarmería, sino además las debidas responsabilidades e identidades de quienes tomaron participación de la acción de detenerlo ilegalmente -porque el operativo sobre la ruta 40 no incluía ingresar al terreno de la Pu Lof, ni muchos hacer uso de armas de fuego, ni mucho menos capturar personas, que en ese momento no estaban en “flagrante acción ilícita”, porque estaban dentro del predio de la comunidad, sencillamente huyendo desesperados de una horda de uniformados disparando con escopetas y al parecer con pistolas automáticas 9 mm- de la acción de “ahogarlo”, de la acción de reducirlo y privarlo de su libertad y de retirarlo del lugar (ya agonizante o fallecido) concretando así, una figura delictiva en extremo grave: la desaparición forzada; que en definitiva fue seguida de su muerte. Y por si fuera poco, seguida además, de la maniobra de retener y de esconder su cuerpo (quizás en un recinto o cámara frigorífica no muy distante de la zona) por 78 días, para finalmente arrojarlo (plantarlo criminalmente) en las aguas del río Chubut, dando forma a una de los crímenes más repulsivos, con sabor a Estado.

En los diarios, cuyos colegas forman (formamos) parte de la tarea de buscar la verdad y de darla a conocer sin condicionamientos, se sabe perfectamente –como lo decimos al comienzo de este escrito- que el informe forense nos dará exclusivamente la causa de la muerte pero no las circunstancias, y eso quiere decir, que esas circunstancias deberán ser buscadas, con la lupa de la conciencia ¿por el solo ejercicio de la búsqueda? No. En absoluto. Deben ser buscadas para que se haga justicia, lo que significa que los responsables sean identificados. Los responsables con nombre y apellido, y grado. Los responsables como fuerza. Los responsables como institución de Gobierno. Los responsables como Gobierno. Como parte de un Estado, que desde un primer momento no hizo otra cosa que decir no a la verdad, y decir sí al encubrimiento. Que desde antes, de ese principio, dijo sí a la arbitrariedad consistente en perseguir comunidades indígenas, como en los tiempos de la colonización. Como si se hubiera regresado atrás en el tiempo. Así despiadadamente.

Dese hace tiempo, ya tendidos los mantos de la malicia, sobre esos pueblos patagónicos, les sobrevino una desgracia más: la de sufrir, como propia, la desaparición forzada seguida de muerte, de un ser inigualable; de un ser único por su integridad y por sus convicciones de solidaridad. De un hombre, que no siendo integrante de esa comunidad, sintió formar parte de ella, como uno más.

¿Fue una carta mal barajada del destino? Seguramente. Porque ni la comunidad mapuche, ni Santiago Maldonado, ni su familia, ni la sociedad, ni la democracia argentina, se merecían un atentado de semejante magnitud. ¿Un atentado a la democracia? Sin ninguna duda. ¿Un atentado planificado? Sin ninguna duda: primero, no olvidemos la presencia en la zona de represión, en la previa al 1ero de agosto y en ese mismo día, de Pablo Nocetti, enviado allí por la Ministra Bullrich, ordenando expresamente una cacería a los mapuches (“vamos a detener a todos y cada uno de los miembros de la RAM”), calificando el operativo como una acción “antiterrorista”; segundo, no olvidemos que también allí fue Gonzalo Cané, secretario coordinador con los poderes judiciales, legislativos y ministerios públicos, interviniendo “tendenciosamente” en la causa y en las investigaciones del Juez Guido Otranto y de la Fiscal Silvina Ávila; tercero, no olvidemos que Pablo Nocetti nunca fue indagado por el Juez, y ni muchos menos su celular fue sometido a pericia, y cuando esta posibilidad fue barajada, él personalmente amenazó con romperlo, antes de llegar a entregarlo a tales efectos; cuarto, no olvidemos que siempre, a las fuerzas de seguridad intervinientes en la represión se las mantuvo a distancia de toda sospecha o acusación, al punto de que desde el despacho del Juez Otranto se accionaron todos los mecanismos para que Gendarmería Nacional, quedara al margen de toda presunción de culpabilidad en la desaparición de Santiago Maldonado; y quinto: no olvidemos, que todo este siniestro aparato de distorsiones de verdades y de manipulaciones jurídicas, tuvo y tiene un respaldo (no menos siniestro) de un aparato mediático a su servicio, exclusivamente destinado , no solo a demonizar la causa mapuche (ya desde antes de la desaparición forzada) sino a fortalecer la repugnante y cínica política de encubrimiento del Gobierno, de un hecho tan alevoso y criminal, seguido de un halo de complicidad descarado y que no podemos dejar de calificarlo como perverso, antidemocrático y propio del terrorismo de Estado que práctica este Gobierno. Una práctica, dentro de un contexto notoriamente colmado de descontentos sociales, por el cúmulo de las recientes medidas propias de una administración anti popular por excelencia.

Son múltiples y variadas las razones por las cuales el caso Santiago Maldonado, nos moviliza y también son muchas y múltiples las razones por las cuales el caso Santiago Maldonado, es un piedra en el zapato del Gobierno de Mauricio Macri. ¿Una piedra? Más bien un canto rodado pesado e imposible de tapar: porque va contra sus intereses personales, políticos, económicos, ideológicos y de clase.

Santiago Maldonado fue una bomba que le explotó en las manos a Macri y a su Gabinete; y la desaparición forzada de Santiago Maldonado y su muerte, dentro de un contexto de pura represión, también fue una bomba (colocada por el Estado argentino) que nos explotó a todos en la cara.

Muchas cosas quedan en el tintero, y muchos son los cabos sueltos que no se aclararon (ni por asomo) ni antes ni después del hallazgo del cadáver de Santiago Maldonado. Ese desafío va por ese lado y el Estado, va por otro lado. Una familia violentada por un atentado y un Estado, empecinado en convencerla, de que todo ese dolor ha sido causado por una circunstancia extraña que llevó a Santiago a ese lugar. Y en esa línea, se llegó inclusive, desde filas estatales, a expandirse la idea de que Santiago Maldonado no estuvo presente el día de la represión, el 1ero de agosto, y que en consecuencia nunca había sido capturado por Gendarmería, dejando traslucir la sospecha de que quizás podría encontrarse fuera del país. Pero la cuestión era, urgentemente, sacar responsabilidades a la Gendarmería Nacional, o mejor dicho, encubrirla y distanciarla de los acontecimientos represivos y de sus nefastas consecuencias.

Consecuencias plagadas de manipulaciones y de desvaríos tendenciosos, desde un oficialismo encaprichado en erosionar la democracia. Día a día, socavándola (saboteándola), con la prepotencia titánica de los dictadores solapados, que ya no visten uniformes, pero promueven las tiranías de los tiempos modernos, vestidos de saco y corbata.

Tal el panorama, de la Argentina de hoy, donde los desaparecidos no fueron un tema del pasado, sino que forman parte del presente, siendo Santiago Maldonado, uno más, de una no tan reducida nómina de casos, algunos más mediáticos que otros, pero desaparecidos al fin.

Y los pueblos originarios de la Argentina, que no están exentos de sufrir las prepotencias de turno, tienen sus poderosas razones para luchar por su causa y por la causa Santiago Maldonado. Que dan forma a una sola causa: la causa de la libertad, lisa y llanamente.

Por ese motivo, y por muchos más, después del 24 de noviembre buscaremos la verdad a brazo partido.

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*Foto de Portada: www.20minutos.com