Por Jean Georges Almendras-5 de noviembre de 2017

Desde el 3 de marzo del pasado 2016, día en que la activista Berta Cáceres fue asesinada en Honduras, su familia no tuvo respiro en denunciar que tanto las fuerzas de seguridad estatales como la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) formalizaron una suerte de alianza para concretar el mortal atentado, que no solo enlutó a la comunidad en la que residía Cáceres sino además al mundo entero. Hoy esa denuncia tomó cuerpo, de una forma por demás dramática. Es que el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) hizo público un informe en el que se apunta con el dedo como responsables del crimen de la activista indígena lenca, precisamente a la empresa hidroeléctrica y al Estado.

Las agencias internacionales dieron a conocer en los últimos días, que cinco abogados (de Estados Unidos y de Colombia) integraron el GAIPE desde el año pasado llevando adelante una investigación independiente, que llegó a la conclusión que el asesinato fue el resultado de un “plan” que comenzó cuatro meses antes.

En el informe, que fue dado a conocer a nivel mundial, se consigna que el plan fue organizado por “altos directivos” de la empresa DESA (a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca) involucrando a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia de la activista y de integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn) que lideraba Cáceres.

Se señala además que los empleados involucrados habrían actuado con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas de Honduras, divulgando información privilegiada sobre el asesinato, orientando las hipótesis sobre la muerte de Berta Cáceres.

Como se recordará, este asesinato se cometió, en la casa de la activista, de la ciudad de La Esperanza, siendo el único testigo el activista mexicano Gustavo Castro, quien resultó con una herida de bala.

Berta Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista asesinada, declaró a la agencia EFE que par su familia no resulta ser una novedad el contenido del informe, agregando: “Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual de DESA, y siempre hemos pedido una investigación. El trabajo de los expertos describe de manera muy clara el modus operandi de directivos de la empresa articulados por funcionarios del Estado en el crimen de mi madre”

La hija de Berta Cáceres también exhortó a las autoridades de su país a que procedan a la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales ya que en el informe se consignan suficientes pruebas para practicarse las detenciones de todos los involucrados.

Entre las declaraciones a la prensa de la familia de Berta Cáceres, destacamos, que se denuncia la responsabilidad del Estado en el crimen, por no haber dado la debida protección a la activista, siendo que se habían dispuesto medidas cautelares desde el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, la madre de Berta Cáceres acusó públicamente a la Fiscalía por no haber expresado en los hechos la voluntad de hacer justicia, y en contrario, haber tratado de encubrir a los poderosos involucrados.

Si bien hay unas ocho personas detenidas por el crimen de Berta Cáceres (entre ellas los autores materiales) a nivel del GAIPE se sostiene que hay más posibles autores materiales involucrados, culpándose al Ministerio Público de liderar una investigación “insuficiente y completa” en el sentido de que “falta identificar la totalidad de personas responsables que participaron del asesinato”.

Desde filas del Ministerio Público se insiste en que los responsables materiales son las ocho personas detenidas, tal como recientemente lo ha mencionado su vocero, Yuri Mora Carias, a las agencias internacionales. Agregando luego que se recuperó el arma homicida y que no ha sido posible llegar a identificar a quien hizo un pago de dinero materializar el asesinato.

Desde filas de la empresa DESA se rechazaron todas las acusaciones al tiempo de alinearse en una defensa acérrima respecto el contenido del informe del GAIPE. Sobre el mismo puntualizaron: “el informe contiene falsas y malintencionadas interpretaciones provenientes de ciertas conversaciones que han sido totalmente sacadas de contexto para desprestigiar un proyecto de desarrollo y generación de empleo que en todo momento respeta lo que establece la ley en Honduras”.

Por último la empresa acusó al Cophin de haber financiado el informe, considerando que este documento incluye “pruebas contundentes de la violencia con la cual actúa esta organización, donde se comprueba la existencia de invasiones y agresiones que ponen en riesgo la vida de quienes cuentan con una fuente de empleo en la zona y sus familias, en una clara campaña en contra del desarrollo de los pueblos”

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*Foto de Portada: www.blogger.com (Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada interviene en la ONU, alude a la impunidad que rodea la muerte de su madre)