En el Palacio de Justicia 11 campesinos fueron masacrados  con duras 

Por Jean Georges Almendras-Julio 12 de 2016

En Asunción, capital del Paraguay, un Tribunal condenó a once campesinos a cumplir penas de entre 4 y 35 años de prisión por la masacre de Curuguaty, hecho sangriento que tuvo lugar en una zona rural de Marina Kué, en la que perdieron la vida unas 17 personas, entre campesinos y policías. Un hecho sangriento que se registró en las primeras horas de la mañana del 15 de junio de 2012. Un hecho sangriento que  puso al descubierto una lucha campesina por tierras del Estado, destinadas a los campesinos y un abuso policial que fue  burdamente encubierto por las autoridades del momento. Un hecho sangriento  que incluso trajo consigo la caída del presidente Lugo. Un hecho sangriento que generó un proceso judicial sobrado en manipulaciones y arbitrariedades, que culminó en su primera fase, el pasado día 11 de julio cuando se dieron a conocer las sentencias para los once acusados. Acusados exclusivamente campesinos. Campesinos a quienes se les adjudicaron las muertes de los policías. Como si las muertes de los campesinos en aquel fatídico 15 de junio, no hubiesen existido. Y este punto exactamente nos hace pensar junto a muchas personas, que el juicio habría sido manipulado, criminalizándose a un campesinado que luchaba por ocupar (vivir mejor sería la expresión) en tierras del Estado destinadas para su uso. Y este punto también nos lleva a pensar junto a muchas personas, que todo indica que en el Paraguay democrático de hoy, las prácticas del terrorismo de Estado están vigentes y que luchar por tierras, siendo campesino, parece ser más un delito, que un derecho. Horrendo, desde todo punto de vista. Fue algo así, como  si los campesinos, en su lucha por tierras destinadas a ellos, hubieran vivido una segunda masacre de Curuguaty, solo que esta vez en el Palacio de Justicia. Más horrendo aún.

Desde el mismo día de los hechos, el campesinado paraguayo fue literalmente pisoteado a la vista de una opinión pública local e internacional. Y desde ese momento, tras la muerte de  once trabajadores rurales y seis funcionarios policiales, en un episodio cargado de confusiones, irregularidades de las fuerzas policiales y dolor campesino, una franja del pueblo paraguayo, por enésima vez, tuvo que soportar tediosos y tortuosos días de incertidumbre, en  tanto se desarrollaron las instancias judiciales, hasta el arribo de una resolución final.

Y esa resolución final llegó, precisamente el día lunes 11 de julio de este 2016, cuando el Tribunal que entendió en el caso dictó las sentencias a los acusados. Según las informaciones procedentes del Paraguay, a través de los  medios de prensa locales y de las agencias internacionales los jueces decidieron responsabilizar al campesino Rubén Villalba por la muerte del comisario Erven Lovera, condenándolo a 30 años de prisión y cinco años de medidas de seguridad.  En su sentencia se le adjudican los delitos de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno; homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio doloso.

De acuerdo a la acusación, Villalba fue el responsable de uno de los tres tiros que causaron la muerte del Comisario Lovera, que en ese momento era el Jefe del Grupo de Operaciones Especiales. Según la acusación, también en las investigaciones se llegó a la conclusión de que Villalba portaba una escopeta

 Hay que señalar además que los integrantes del Tribunal, que respaldaron a raja tabla la posición de la Fiscalía (vale decir del Fiscal Jalil Rachid, que fuera designado por el actual presidente paraguayo Horacio Cartes) responsabilizaron como coautores del homicidio del Comisario a los campesinos Luis Olmedo (sentenciado a 20 años de prisión), Arnaldo Quintana y Néstor Castro (ambos sentenciados a 18 años de prisión). Textualmente a  estos campesinos se los halló culpables de la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de coautores, homicidio doloso en calidad de coautores, invasión de inmueble y asociación criminal.

Pero hubo más sentenciados: tres mujeres fueron condenadas a 6 años de pena privativa de libertad, como cómplices de homicidio.  Las tres condenadas fueron Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López. Por su parte los campesinos Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería, fueron condenados a cuatro años de cárcel cada uno por el delito de invasión de inmueble

  A la hora de dictarse las sentencias se ratificó, desde la parte acusatoria, que Lucia Agüero, Fany  Olmedo y Dolores López fueron señaladas como cómplices de homicidio, al prestarse a ponerse en primera  línea con niños y ancianos, para aparentar tranquilidad ante los agentes que llegaron a realizar el  desalojo de las tierras de Campos Morombí.

Cabe consignar, y literalmente subrayar: primero, que las investigaciones no revelaron responsabilidades  -ni en filas policiales, ni en filas campesinas- por la muerte de los  11 campesinos  durante la ocupación de las tierras; y segundo, que las organizaciones de campesinos y militantes defensores de los derechos humanos acusaron al Fiscal Rachid de haber ocultado evidencias.

¿Cómo fueron los acontecimientos del día 12  junio del año 2012? La masacre tuvo lugar en el predio rural de la firma “Campos Morombí” a uno 1.600 metros de la Ruta “Las Residentas”, del  Km. 282. Fuerzas policiales desalojaron las tierras que estaban siendo ocupadas por campesinos que entendían, con argumentos sólidos, que les correspondía su uso y goce, porque eran del Estado. En la oportunidad, los represores fueron acompañados por los fiscales Diosnel Giménez y Ninfa Aguilar, los cuales poseían una orden de allanamiento firmada por el Juez penal de garantías de Curuguaty, José Benitez.

¿Qué pasó durante el desalojo? En determinado momento se produjo una balacera infernal. Las fuerzas policiales señalaron a los campesinos como los responsables del tiroteo y al cabo de casi 30 minutos de aterradores momentos, en medio de corridas y gritos cayeron sin vida, presentando impactos  de bala, once campesinos. Once víctimas del irracional ataque policial que según dijeron desde los Comandos, fue llevado adelante pacíficamente. ¡¡Vaya pacificación que resultó ser ¡¡. Once vidas se perdieron. Seis policías fueron igualmente muertos por las balas asesinas.

¿Balas asesinas disparadas desde filas campesinas? Imposible. Los proyectiles pertenecían a armas automáticas. Los campesinos portaban palos, machetes, azadas, y eventualmente alguna escopeta de manufactura antigua. No había entre los campesinos armas modernas. Pero según las fuerzas policiales y según los fiscales; y según se consideró en el juicio subsiguiente, los campesinos estaban muy bien pertrechados. Una verdadera calumnia. Una verdadera farsa. Una verdadera manipulación. Una manipulación que apuntaba a derrotar la lucha campesina. Derrotarla implacablemente. Y así fue, a juzgar por las sentencias que se dictaron el reciente 11 de julio, restando aún el dictamen íntegro previsto para el próximo 18 de julio de este año.

¿Quiénes efectuaron los disparos que acabaron con campesinos y policías?. Ni la Fiscalía ni la Policía respondió cabalmente ésta pregunta. ¿Fueron sicarios ocultos entre la vegetación del lugar? ¿Quiénes eran esos sicarios ?¿Que apoyo logística tenían en una zona que fue rodeada por las fuerzas policiales afectadas al desalojo de las tierras?¿ Les fue difícil huir del lugar  a los sicarios,  en medio de una presencia policial numerosa?

Esta historia de sicarios, de atropellos y de impunidades,  lamentablemente es  historia conocida por los paraguayos. En particular por aquellos paraguayos que saben perfectamente, quienes tienen el sartén por el mango en la democracia del Paraguay de hoy, donde la impunidad y la prepotencia (con aires de sutil terrorismo de Estado) parecen ser más  instituciones intocables que  flagelos a combatir.

A la luz de estas sentencias las familias de los campesinos condenados y todos quienes comprendimos muy bien lo que pasó verdaderamente en ese desalojo de las tierras de Campos Morombí, no nos puede invadir otro sentimiento que el de la impotencia y el de la rabia. Y no podemos hacer otra cosa, como mínimo, que denunciar todas esas componendas crueles, y el verdadero trasfondo de todo este proceso irregular y tendencioso, pero especialmente parcial.

No por casualidad, desde aquel 15 junio de 2012 hasta este mes  julio, de este 2016, el juicio a quienes fueron detenidos y en las últimas horas sentenciados, se fue desarrollando en un marco de irregularidades indescriptibles; y tanto fue irregular, que a la hora de conocerse las sentencias  el repudio generalizado por las resoluciones se hizo sentir en la sala de audiencias del Palacio de Justicia, en Asunción, generándose   incidentes y protestas. A tamaño descaro de parte de un Estado abusador, obviamente que le iba a tocar tamaña protesta.  

Madres, padres, hermanas, hermanos, hijos e hijas y amigos de los sentenciados, apoyados por ciudadanos libres que los apoyaron constantemente no titubearon en abuchear al Tribunal y a todo lo que representaba el poder, porque verdaderamente sentían que se estaba cometiendo una burda patraña legal con el amargo sabor de la injusticia. Una vez más, en el Paraguay de hoy.

Por su parte, Victor Azuaga, abogado defensor de los campesinos, según lo consignaba horas después el diario Ultima Hora, dio a conocer seis puntos muy precisos que podrían ser de mucho peso para favorecer  la solicitud de  nulidad de la condena.

El profesional puntualizó: 1- Cambio de carátula. El Ministerio Público puso una nueva calificación sin correr traslado a la defensa de los campesinos. Es decir, que los fiscales acusadores cambiaron la carátula del hecho punible sin presentar la debida notificación a los abogados defensores, para que estos puedan preparar un alegato al respecto. 2- Falta de pruebas. La Fiscalía no presentó ninguna prueba contundente que evidencie que los campesinos dispararon contra los policías y tampoco un testimonio fiable. La declaración testifical fue hecha por un NN que cayó en varias contradicciones al "delatar" a los implicados.  3- Recusación sin respuesta. Presentada al Tribunal por la defensa de los campesinos. 4- Ausencia de Dolores López. La lectura de la sentencia debería anularse, según el abogado, pues no se encontraba presente Dolores López, una de las acusadas, quien se descompensó y estaba en la enfermería durante ese momento. 5- Fiscal tomó partido. La fiscala Liliana Alcaraz hizo un gesto de "victoria" y vitoreó la decisión del Tribunal. La defensa de los campesinos presentará esto como una de las causales para anular el juicio. 6- La sentencia no fue leída en guaraní. Según el artículo 399 del Código Penal, la lectura de la sentencia debería ser leída en guaraní, puesto que es uno de los idiomas oficiales de la República del Paraguay y además se trata de la lengua materna de los procesados.

No hay que olvidar, y es más que oportuno recordarlo, que el caso Curuguaty fue uno de los más  complejos y en ese contexto el proceso judicial que demandó siete meses, tuvo una suerte de idas y venidas.

La defensa presentó recusaciones hasta que finalmente el 15 de diciembre del año 2015 se dio inicio oficialmente al juicio. Ahora bien, según se señala en los diarios paraguayos de la época, uno de los hechos más llamativos dentro de este proceso fue sin duda que el juicio no se detuvo durante la feria judicial, algo que no tiene precedentes en la justicia paraguaya. Durante todo el mes de enero del 2016 por primera vez se desarrolló un juicio oral y público. En plena feria, el Tribunal de Sentencia escuchó atentamente el testimonio de varios agentes policiales que participaron en el desalojo de junio del 2012. Estaba muy claro que el asunto era acelerar el polémico proceso y escuchando una sola campana.

Periodistas paraguayos adicionaron otras críticas al proceso. Llamó mucho la atención que en la investigación del ex fiscal del caso Jalil Rachid  –hoy Vice Ministro de Seguridad- se presentaron cierto  tipo de  evidencias contra los acusados. ¿Qué tipo de evidencias?. Pues desde filas fiscales, se presentaron linternas, cintos, analgésicos, hojas de papel con números anotados, aguja e hilo, machetes herrumbrados, cartuchos sin percutir, rollos de papel higiénico, cortaúñas, perfumes y otros enseres de uso cotidiano.

Por  aquellos días el Fiscal Jalil Rachid afirmó: “Toda evidencia es importante. Esta es una investigación seria y responsable”. Y a tal extremo llegó el asombro ciudadano por el manejo del caso por parte del Fiscal mencionado, que los estudiantes de la Universidad Católica pidieron formalmente que el profesional en cuestión fuera destituido como docente de esa casa de estudios.

¿Por qué tanta saña? ¿Por qué tanto despliegue de ejercicio del poder en perjuicio de gentes que, ocupando las tierras de la empresa “Campos Morombí”, cuestionaron el uso de las mismas, argumentando que estas en realidad son del Estado?¿Será que detrás de ese desalojo estaban poderosos intereses”¿Intereses, de quienes?. ¿De los terratenientes de siempre?

¿Por qué tanto descaro y cinismo en el encare que se le dio al proceso judicial desde filas del Ministerio Público, en la persona del Fiscal Jalil Rachid? ¿Por qué este señor Fiscal hizo gala y ostentación de su maquinaria de investigación, exclusivamente dirigida a responsabilizar al campesinado por la muerte de los funcionarios policiales, ignorando la muerte de once trabajadores rurales? ¿Por qué?

Ya desde el momento que los campesinos ocuparon esas tierras, algunos sectores de la sociedad paraguaya se molestaron y se inquietaron maliciosamente. Esos campesinos se estaban entrometiendo en los intereses del terrateniente. Entonces, había que sacarlos del medio. ¿Y si en esa tarea, además de cobrarse víctimas entre filas campesinas, se sacaban réditos políticos? Pues, sería mejor. ¿Y sin en esa tarea se perdían vidas en filas policiales? Pues era mejor aún, porque esas víctimas serían héroes. Y esas muertes, a la vista pública, no iban a quedar impunes. Rápidamente se lograrían victimarios entre los campesinos. Victimarios que serían ajusticiados, tarde o temprano. Tal como está ocurriendo.

“La masacre de Curuguaty” (como se tituló el excelente libro de denuncia del periodista paraguayo Julio Benegas Vidallet, y que recomendamos leer) fue verdaderamente una masacre. Una masacre que generó y sigue generando más interrogantes que respuestas.

Una masacre que generó un proceso judicial, que no ha sido otra cosa que la demostración y la evidencia más cínica de lo que puede llegar a hacer una democracia corrompida en el Paraguay de hoy.

Un proceso judicial y unas sentencias que no son otra cosa que una muy descarada hipocresía legal, a la vista de todos, y con sabor a impunidad, que en definitiva ha sido como una segunda masacre para el campesinado que luchó por sus tierras en el departamento de Curuguaty.

Una segunda masacre, esta vez  en el escenario del Palacio de Justicia de Asunción, lejos de las tierras de Marina Kue, pero masacre al fin. Masacre sin plomo. Masacre con “leyes” (¿Qué leyes?) y burdas manipulaciones jurídicas.  

La defensa de los campesinos penados y ellos mismos junto a sus familiares  ahora luchan a brazo partido para solicitar la nulidad de las condenas. Al momento de redactarse estas líneas activistas de Derechos Humanos y los abogados optaron por ocupar –indefinidamente- la sala 12 de juicios orales del Palacio de Justicia. Los ocupantes en total son 17 personas, rodeadas de fuerzas policiales, nada más ni nada menos que en una de las salas donde teóricamente se aplica justicia. En un Palacio que debería ser llamado de la Injusticia

*Foto de Portada: www.monumental.com.py
*Foto 2: (Ruben Villalba) www.telemetro.com
*Foto 3: www.mundosputniknews.com  
*Foto 4: www.radio970am.com.py
*Foto 5: www.telesurtv.net
*Foto 6: www.cinequo.com