Cada tanto, el crimen organizado, ofrece víctimas que lavan las culpas de muchos

Por Inés Lépori
El caso del ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, es paradigmático. Renunció a su cargo luego de que diversos medios revelaran la existencia de una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que lo implicaba en las redes del narcotráfico. Conocida la orden de arresto en su contra, Tognoli permaneció prófugo durante 24 horas antes de entregarse. Había llegado al final de su carrera, la cual creció notablemente durante las gestiones socialistas de la Provincia de Santa Fe. Fue primero jefe de Drogas Peligrosas y luego promovido a titular de la fuerza por Hermes Binner durante su gobernación. En el 2011 Antonio Bonfatti lo ratificó en el cargo y a finales de ese año lo nombró Jefe de la Policía de la Provincia. Luego de diversas designaciones, en 1988 llegó a la División Judiciales donde desarrolló la mayor parte de su carrera hasta el 2008, cuando le confiaron la compleja tarea de combatir el tráfico de drogas en el territorio santafesino.
A su despacho llegó, en marzo del año 2010, Norma Castaño, directora de la Asociación Madres Solidarias. La mujer, mamá de un joven adicto, afirma que le entregó una carpeta con nombres, apellidos y direcciones de presuntos narcos de la ciudad de Santa Fe. Según la denunciante el ex comisario se mostró agradecido y prometió investigar pero varios meses después, la misma descubrió que nadie había sido detenido. Es más, los señalados habían prosperado y se exponían públicamente sin discreción ni cautela. Fue entonces que Castaño denunció a Hugo Tognoli y otros policías por complicidad con el narcotráfico.
El 28 de septiembre del 2015, en una sala atestada de público, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe, escuchó el testimonio de la presidente de Madres Solidaria, que desde hace más de 10 años denuncia supuestos casos de connivencia de narcotraficantes y la policía, en contra del ex comisario Tognoli, a quien acusó de haberla condenado a muerte a ella y a su familia.
En la causa había cinco imputados. Además de Tognoli, sobre quien pesaban sospechas de encubrimiento y amenazas, fueron acusados dos ex funcionarios de la Dirección de Prevención de Adicciones, el ex subjefe de Inteligencia José Luis Baella y el agente Mauricio Otaduy, a los que se sumaron dos civiles: el remisero Fernando Torres y el presunto narco Daniel Mendoza. Los abogados defensores de los imputados eran optimistas, por cuanto no había pruebas para sostener seriamente la acusación, lo cual quedó ampliamente evidenciado, según ellos, luego de las declaraciones testimoniales rendidas en la causa.
Cuando el juicio entró en su etapa decisiva, el fiscal Martín Suárez Faisal cumplió con el acto procesal de la acusación final de los cinco imputados en el juicio oral en el que se ventiló la relación de connivencia entre el narcotráfico y la estructura policial. El funcionario solicitó pena de 8 años de prisión para Hugo Damián Tognoli, por los delitos de encubrimiento triplemente agravado -por ser un delito especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público-; incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes; además le atribuyó el rol de autor por el delito de coacciones perpetradas contra la testigo Norma Castaño.
El 27 de octubre del 2015 el Tribunal sentenció a seis años de prisión al ex Jefe de la Policía de la Provincia, como autor de encubrimiento a narcotraficantes y de coacciones contra Norma Castaño. A tales delitos se suman las condenas por las mencionadas figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la no investigación a narcos. Además, deberá pagar una multa de $40.000. El abogado defensor de Tognoli, Andrés Rabinovich, calificó al juicio como “una ficción” y acusó al Tribunal de “no tener los pantalones para bancarse la presión social”. El cuestionado fallo condenatorio será apelado ante la Cámara de Casación Penal de la Nación y, además, será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el citado profesional.
Similar suerte corrió el ex subjefe de Inteligencia de la División Drogas Peligrosas, José Luis Baella, condenado como autor de encubrimiento triplemente agravado, a cinco años de prisión y 20.000 pesos de multa. Por su parte, el supuesto narco Daniel Mendoza fue condenado como autor de fabricación de estupefacientes, comercialización y también de las coacciones, y deberá cumplir con seis años y seis meses de prisión, más una multa de 5000 pesos. En tanto, el agente policial Mauricio Otaduy fue absuelto de todas las imputaciones.
Ahora bien, más allá del caso puntual y sus zonas oscuras que ocultan a todo el resto de la red mafiosa, es imposible olvidar que el mismo forma parte de las insondables redes del negocio del narcotráfico. Esta industria tiene una enorme magnitud, genera tantos miles de millones de dólares, involucra a tantos Estados, está infiltrada en los gobiernos de todas las naciones y contamina a tal cantidad de seres humanos que, por todo ello enfrenta directamente al corazón del sistema, coloca en tela de juicio los valores actuales de la sociedad y refleja un estado de cosas capaz de conducir al abismo a gran parte de ella, ante la mirada indiferente del resto.
Este complejo entramado delictivo trae aparejada una enorme dificultad para investigar y desarmar las redes internacionales que operan en el negocio de la droga, el cual posee una capacidad organizativa comparable a las de las grandes corporaciones internacionales y recursos similares o mayores a los que manejan los Estados. Sus amenazas no reconocen fronteras y su ataque preciso y demoledor casi no encuentra resistencia.
Así, en aras de su crecimiento y preservación, esta colosal organización delictiva debe encontrar, cada tanto, chivos expiatorios para satisfacer las demandas punitivas de la opinión pública. La operación se lleva a cabo por medio del sacrificio de una o más persona, a quienes se condena a la destitución de su cargo o a la cárcel, para satisfacer con ello la supuesta demanda de justicia que clama el dios de la globalización al que se denomina pueblo y en algunos casos sociedad. Pero esta hoguera moderna, si bien necesaria a los narco intereses, no siempre es de fácil manejo. Cada acusación lleva consigo una caja de Pandora que amenaza con abrirse en cualquier momento, con consecuencias imprevisibles.
En las culturas antiguas eran los dioses los que dictaban las leyes a los hombres y por eso eran sagradas. Fue Samash, el Dios Sol, Dios de la Justicia, quien confirió las leyes al rey Hammurabi de Babilonia hace casi 4 mil años. Este famoso cuerpo normativo decía que si un hombre ha ejercido el bandidaje y se lo encuentra, será condenado a muerte, con lo cual queda demostrado que desde entonces se sabía que no era tan importante cometer el delito como ser descubierto. Esa herencia, aunque encubierta bajo formas modernas, llegó hasta nuestros días. En el Siglo XX, Francesco Carnelutti, una de las mentes jurídicas más brillantes de su tiempo y quizás de todos los tiempos, dijo que el derecho penal es el derecho de la sombra, la cual es necesario atravesar para llegar a la luz. El moderno proceso penal no escapa a todas las dificultades que sus antecesores enfrentaron a lo largo de la historia. Queda encerrado en el juego de intereses políticos, económicos y personales que lo desvirtúan casi completamente. Hoy, como ayer, se investiga pero poco, y se juzga y condena a los débiles o a los que se quedaron solos para lavar las culpas de muchos.
El caso de Hugo Tognoli no escapa a esa fatal realidad.