En contramano de la crisis económica que ya se ve presente en distintas partes del planeta, el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) además de no sentirla, ostenta sus ganancias a través de sus miembros y demuestra su capacidad de driblar las investigaciones de la policía federal. Pero esta vez el drible no fue tan brillante, y gracias a la operación Rey del Crimen, el esquema ha sido desarticulado y ha llegado a su fin.

Según lo publicado en la revista brasileña Piauí, entre 1993, época de la creación de PCC y este 2020, la facción tuvo R$ 100 millones de movimientos financieros en la compra y venta de bienes.

Luego de transitar por decenas de cuentas de terceros y empresas falsas, gran parte de este dinero manejado por la facción gracias al narcotráfico, terminó invertida en bienes, entre terrenos, casas, departamentos y locales comerciales en el estado de San Pablo.

La Operación Rey del Crimen, de la PF (Policía Federal) el 30 de septiembre de este año, dio a conocer un método sofisticado usado por el PCC para el lavado de dinero.

Una gran cantidad de dinero en efectivo era depositada en cuentas bancarias de terceros y también de 78 empresas, incluidas sociedades holding, gasolineras, transportistas y distribuidores de autopartes. Tras girar por estas cuentas, en sucesivas transferencias, para dificultar la trazabilidad del origen del dinero, las sumas terminaban invertidas en vehículos.

La Policía Federal enumeró 210 coches, motos, lanchas, helicópteros y camiones en posesión de los titulares del esquema y también en inmuebles. Según la investigación, en los últimos cuatro años, la lavandería del PCC manejó alrededor de R$ 32.000 millones.

El esquema, según la PF, estaba formado por 20 personas, divididas en tres núcleos. El más longevo de ellos fue dirigido por José Carlos Gonçalves, de 57 años, conocido como Alemão. Nacido y criado en el barrio de Tatuapé, Zona Este de São Paulo, y sin pasajes criminales hasta que fue arrestado preventivamente en la operación, Alemão en 1985 había comprado su primera propiedad, una casa en el barrio de Jaçanã, Zona Norte de la capital, por R$ 49 mil.

Durante muchos años, él, su esposa, hija, hermana y sobrina tuvieron modestas transacciones financieras en la compra y venta de inmuebles, situación que se prolongaría hasta 2002, cuando la familia Gonçalves inició una fuerte trayectoria de crecimiento en el mercado inmobiliario de San Pablo en un período que coincide con el reinado de Marcos Willians Herbas Camacho, el Marcola, a cargo del PCC.

En 2002 la familia poseía un patrimonio inmobiliario de R$ 757 mil, con ocho propiedades, quince años después, en 2017, ellos sumaban 43 inmuebles valuados en R$ 21,5 millones, un aumento de 3.000%. Justamente durante ese período, la facción multiplicó sus ingresos exportando toneladas de cocaína por el puerto de Santos en San Pablo.

Según la investigación de la PF, Alemão tiene vínculos sólidos con la facción. La tía de Marcola había sido propietaria de una de sus quince empresas. Además, el empresario paulista mantenía negocios recientes con al menos tres integrantes del PCC y solía organizar fiestas para integrantes de la facción, según denuncia el piloto Felipe Ramos de Morais, detenido en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acusado de participación en la muerte de Rogério Geremias de Simone, Gegê do Mangue, en 2018, en Ceará.

Hay varias transacciones inmobiliarias sospechosas entre Gonçalves, con altas ganancias y grandes pérdidas en cortos períodos de tiempo. La mayoría de ellos involucran a la empresa JCG, que perteneció a Alemão hasta 2018, cuando fue transferida a su contador, también detenido en el operativo policial.

En 2014, la empresa adquirió un terreno de 1.000 m² en Arujá por R$ 204 mil y dos años después lo vendió por tres veces el precio. Al año siguiente, 2015, la empresa compró un departamento de 625 m² en Jardim Anália Franco por R$ 3,8 millones, muy por debajo del valor de referencia de San Pablo, que es de R$ 7,7 millones. La propiedad se vendió al año siguiente por R$ 5,4 millones.

El segundo núcleo del esquema, según las investigaciones de PF, es la familia Cepeda. También hubo un crecimiento expresivo en los activos inmobiliarios en esta década: de R$ 939 mil en bienes en 2011, a R$ 9 millones en este mismo año, un aumento del 900%. Comandada por el empresario Natalício Pereira Gonçalves Filho, la familia Cepeda es una de las propietarias de la red de gasolineras Boxter, con 150 unidades repartidas por la región metropolitana de São Paulo.

La Operación Rey del Crimen encontró que Cepeda manejaba mucho dinero en efectivo en las estaciones de servicio: afirmaban recibir hasta el 70% de los ingresos diarios de esta manera, muy por encima del promedio de las estaciones de servicio de San Pablo, donde el promedio no supera el 30%.

Renan, uno de los hijos de Natalício, fue investigado por la PF en la Operación Arepa, en 2016, que develó un esquema del PCC para exportar cocaína colombiana vía el aeropuerto de Guarulhos, pero no fue denunciado a la Justicia por el Ministerio Público. Al igual que en el grupo del Alemão, Cepeda registró elevados beneficios en transacciones inmobiliarias en un corto período de tiempo. En junio de 2014, por ejemplo, Renan compró un departamento por R$ 317 mil; tres meses después, la propiedad se vendería al doble del precio.

El tercer y último núcleo, encabezado por Antônio Carlos Martins Vieira, el Tonho, según las investigaciones de la Policía Federal, invirtió menos en inmuebles, pero también registró un crecimiento patrimonial en esta década, aunque menos expresivo que los demás. Tonho fue arrestado en 2018 en la Operación Transbordo, que investigó un esquema de robo y recepción de carga en seis estados, pero terminó liberado meses después gracias a un habeas corpus y solo fue detenido nuevamente en la Operación Rey del Crimen. La pandilla, encabezada por él, reclutó a conductores de camiones para que les permitieran robar la carga y el camión y luego informar a la policía que los bienes habían sido robados.

La inversión de la PCC en el mercado inmobiliario alcanzó su punto máximo en 2017, cuando acumuló 73 propiedades valoradas en R$ 29,5 millones, en total. A partir de entonces, el patrimonio comenzó a deshacerse, hasta que este mes llegó a 58 apartamentos, terrenos, casas y locales comerciales, valorados en 18 millones. La PF presenta tres hipótesis para este proceso de descapitalización inmobiliaria de los tres núcleos: inversiones en otras ramas, pago de deudas con proveedores de cocaína o envío de dinero al exterior.

En total, y de acuerdo a este voluminoso y muy completo informe de la revista brasileña Piauí veinte personas, de las cuales trece están en prisión, fueron imputadas por asociación delictiva y lavado de dinero.

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*Foto de Portada: www.g1globo.com