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claudio rojas clPor Claudio Rojas-14 de mayo de 2020

Ya a diario, se va desarrollando un grotesco espectáculo televisivo de la pandemia, que consiste en responsabilizar al “otro” del ingreso al territorio del virus; del cuidado absolutamente individual de los cuerpos para prevenir el contagio; el morboso conteo diario del Gobierno, de nuevos contagiados y fallecidos; en la pornográfica sensibilidad de la opinión pública por los muertos; y de la estigmatización y el castigo a los pobres de la ciudad, que infringen el encierro para seguir viviendo. Todo, ante y desde un Estado totalmente ausente en lo social y totalmente penal, que privilegiando los negocios va dejando a los pobres morir, especialmente a los cuerpos ancianos improductivos.

Una crisis económico-social, puede ser real o provocada, pero lo cierto es que la gestión de una crisis, como puede aparejar miseria para las clases subalternas, a su vez puede importar grandes posibilidades de seguir rentando y mucho mejor para la élite dominante, si se realiza “una buena gestión de la misma”.

A pesar de que no hay grandes movilizaciones sociales se siguen violando los derechos humanos fundamentales, pues la aplicación masiva de la privación de libertad a las personas que han salido a manifestarse en contra del sistema político/económico imperante en Chile, desde octubre de 2019, ha sido desproporcionada. Y la prisión de 2.500 niños/as, adolescentes, y adultos se ha convertido en un castigo anticipado, sin juicio, ni pruebas, lo cual ya es injusto en sí.

Más de 70 organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria enviaron una carta al Presidente de Chile, Sebastián Piñera; al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; al Ministro de Salud, Jaime Mañalich (entre otras autoridades) solicitando que se deje en libertad a todas las personas que fueron detenidas en el contexto de la protesta social, ante el peligro, para sus vidas, del COVID 19 y “teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no cuenta con antecedentes penales y todos/as gozan del principio de inocencia”.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), manifestó que han firmado esta petición “porque en estos momentos sus vidas y la salud de los presos políticos corren peligro” agregando que “las miles de personas que fueron detenidas hicieron uso de su derecho a movilizarse antes las injusticias y la impotencia de que no se escuchen las demandas de este pueblo tan golpeado”.

José Miguel Guzmán, director ejecutivo del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), organización que ha dado atención a cientos de ex presos políticos, señala que todas estas detenciones demuestran que el Estado no ha querido escuchar las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la manifestación pública ya que, las personas que han participado de las protestas sociales y han sido encarceladas, “están siendo castigadas con este tipo de medidas”.

“Lo que hemos visto también, por nuestro trabajo de salud mental y derechos humanos, es una afectación no sólo a los que están hoy privados de libertad, en condiciones carcelarias muy graves, que vulnera su situación de salud física como mental, sino que también afecta a sus familias. Ponen nuevamente a las familias en una situación de vulneración, incertidumbre, sin poder resolver una situación que es de tremenda injusticia”, señala Guzmán.

Para la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza, la liberación de los presos políticos obedece a razones de justicia y humanitarias. “A la gran mayoría, los tribunales les han aplicado la medida cautelar de privación de libertad, la más extrema de todas, la más severa de todas”, dice.

Entre los detenidos, denuncia la abogada, hay unos 180 menores de edad encarcelados y, a todos, “no se les respeta el principio de inocencia” y “con pocas pruebas, los tribunales los tienen en prisión, en juicios que se han ido eternizando. Toda esta situación de injusticia se ve agravada por el riesgo a su integridad física por el tema del Coronavirus”.

José Miguel Guzmán, agrega, a todo lo anterior, que “nos parece impresentable, a estas alturas de la historia del país, recintos que fueron centros de detención y tortura, como fue 3 y 4 Álamos, de desaparición de personas, durante la dictadura, hoy día sigan siendo centro de detención para los nuevos jóvenes. Los jóvenes de esta generación víctimas también del maltrato, del abuso y la tortura del Estado chileno”.

“Es urgente poner término a la privación de libertad de toda las personas que han sido formalizadas y acusadas; en pocos casos con pruebas concretas en contra de ellos. Hay que terminar con las criminalización que existe en Chile y reivindicar los derechos humanos”, finaliza la abogada Alejandra Arriaza.

La carta por la libertad de los presos políticos ha sido firmada por las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos, la Red de sitios de Memoria, la Fundación Víctor Jara, la Comisión Ética Contra la Tortura, Comisión Chilena de Derechos Humanos, CODEPU, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, entre otras. También por organizaciones de EEUU como SOAWatch, Alliance For Global Justice, Denver Justice and Peace Committee, y Solidarity Chile-Chicago; y por profesionales, intelectuales, y defensores de derechos humanos de Argentina, Colombia, México, Paraguay, Francia, Suecia, Bélgica y Estados Unidos.

Anteriormente, Amnistía Internacional (AI) señaló también que “las autoridades chilenas deben acelerar la aplicación de medidas que reduzcan el hacinamiento carcelario, así como proveer todos los servicios esenciales para evitar casos de personas con COVID-19 en las cárceles del país” y, en el mismo contexto, demandó la “liberación de todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la asamblea pacífica, así como revisar inmediatamente todas las medidas de prisión preventiva actualmente vigentes.”

“La estrategia de criminalización de la protesta social aplicada por las autoridades durante los últimos meses mantiene tras las rejas a cientos de personas por delitos menores, lo cual agrava las ya precarias condiciones del sistema penitenciario chileno, poniendo a miles de personas en riesgo", dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de AI Chile.

Finalmente, cabe agregar, que en Chile siguen en prisión una treintena de presos políticos mapuche y unos 15 presos políticos detenidos antes del 18 de octubre de 2019.

Enérgicamente, desde nuestra redacción y desde las calles chilenas solicitamos: “Libertad para todos los presos políticos en Chile”.

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*Foto de Portada: www.cnnchile.com 

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