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claudio rojas clPor Claudio Rojas desde Chile-7 de febrero del 2020

Los chilenos estábamos dentro de un “oasis”, y para los economistas y políticos divulgadores del mantra “menos Estado y más libertad al mercado”, en Chile había ocurrido un milagro casi por generación espontánea a juzgar por las estadísticas impecables a juicio del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Chile exhibía una economía sana y en constante crecimiento. Pero esa aparente bonanza no se refería a la totalidad del país pues omitía algunos detalles aparentemente subjetivos, como son el derecho al salario justo, a pensiones dignas, a educación pública de calidad, a salud pública de calidad y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a decidir como sujetos de su propio desarrollo.

La dictadura cívico-militar logró sus objetivos y los dejó estatuidos en una Constitución que consagra y define al país en función del modelo económico impuesto. No hay en América Latina otra Constitución hecha para el bienestar de los menos y que desprecie a la mayoría como la chilena.

Con la “recuperación de la democracia” o “transición chilena a la democracia” a partir de 1990, las reglas del juego no cambian, la Constitución de la dictadura es apenas retocada sin cambiar lo esencial, y todos los gobiernos de centro izquierda y derecha se encargan de mantener el modelo económico inalterable, y la precariedad alcanza a cada vez mayores sectores de la sociedad chilena.

Cuando la sociedad chilena descubrió que uno de los hombres más ricos del mundo, Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet y heredero por orden del dictador de un imperio económico sencillamente robado a los chilenos, había sobornado con gruesas sumas de dinero a la mayoría de los senadores, diputados y ministros para asegurar una disciplina parlamentaria que permitiera seguir con las privatizaciones, la respuesta estatal fue amenazar con el fin del milagro chileno, o reprimir con dureza las manifestaciones.

Ante el contundente estallido social que vive el país, la derecha no ha tenido más remedio que aceptar la realización en abril próximo de un plebiscito en que a los chilenos se les consultará si quieren una nueva constitución o le dan continuidad a la Carta Magna legada por Pinochet y sacralizada por el gobierno de Ricardo Lagos. Con muy pocas defecciones, los partidos ligados al oficialismo ya han iniciado una campaña electoral destinada a obtener en las urnas un apoyo para la preservación de la actual institucionalidad, oponiéndose a la posibilidad de que sea una asamblea constituyente la que se encargue de redactar un texto constitucional nuevo, o a partir de cero.

Lo más probable es que la represión policial que cobra a diario nuevas víctimas en el país tenga la intención de amedrentar a los chilenos en la idea de que se conformen con algunas reformas a la Constitución actual antes de abrirse a la idea de un texto nuevo con toda la incertidumbre que ello implica.

El aberrante y antidemocrático quórum de dos tercios para la aprobación de una nueva Constitución provocará muy probablemente, a la larga, mucho más frustración y violencia en la sociedad chilena.

La constatación de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos acreditadas por varias y prestigiosas entidades internacionales parece no inquietar a La Moneda y a su más que cuestionado gobernante. Las autoridades confían en que el caos callejero y la acción incluso de los vándalos que salen a saquear supermercados y otros, pueda darle el sufragio de los ciudadanos más ignorantes, de los que prefieren siempre cobijarse bajo el orden establecido aunque éste vulnere constantemente sus derechos.

Pese a la criminal represión policial, el país sigue dando un gran ejemplo de coraje y unidad, así haya que lamentar la acción de algunos desquiciados que en realidad se infiltran o son infiltrados en las movilizaciones para obtener imagen para los noticiarios y victimizar a Carabineros.

Un Piñera completamente desacreditado, una casta política y empresarial que teme por sus lucrativos negocios, no apuesta todavía a iniciar una nueva conspiración que los lleve a conservar el poder y sus privilegios de manos de los militares. De alguna manera, se sabe que las Fuerzas Armadas no están en la misma actitud de 1973, después de pagar los costos por sus crímenes y comprender que sus efectivos son parte del mismo pueblo que sufre tantas carencias. Es difícil que surja un líder castrense después de los bochornosos episodios de corrupción que han envuelto a los altos mandos de todas sus instituciones, pero no hay que desatender esta posibilidad a la que tantas veces han recurrido los golpes y conatos de rebelión militar en nuestra historia.

Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es del intento de algunos dirigentes de derecha por estrechar relaciones con el gobierno de Donald Trump y otros referentes mundiales que pudieran alentar, como lo hacen en otras naciones hermanas, movimientos subversivos y de protección de sus enormes inversiones en todo nuestro continente. Porque ya sabemos que no es la democracia lo que le interesa a la Casa Blanca y a sus incursiones militares en toda la Tierra, cuando siempre después de éstas instalan a los más tenebrosos gobernantes.

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*Foto de Portada: www.analisislatino.com 

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