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claudio rojas clPor Claudio Rojas, desde Chile-31 de diciembre de 2019

En el informe entregado el 26 de noviembre por la ONG internacional Human Rights Watch, tras dos semanas de trabajo en terreno en el país, junto con denunciar que “Chile enfrenta una situación de extrema gravedad en el orden público”, y que los efectivos de Carabineros que son los encargados de restaurar el orden público cometen en el desempeño de esta función, “graves violaciones a los derechos humanos”, se recomienda -y con urgencia- una profunda reforma a Carabineros.

El director de Human Rightsb Watch, José Miguel Vivanco, concluyó sobre el contenido de ese informe que en Carabineros existe “una cultura de abusos sin que haya ninguna consecuencia”. Y dio ejemplos: “uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes, facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos”.

Y respecto de la responsabilidad del general director de Carabineros en estos hechos, aludiendo directamente a su responsabilidad, José Miguel Vivanco afirmó:

“No es posible que la máxima autoridad de Carabineros no conozca, no sepa, cuál es la composición material de los perdigones. Me parece que es elemental de cualquier fuerza pública en el mundo que por lo menos conozca con mayor precisión no solo las consecuencias que tenga el uso de estas escopetas (antidisturbios), sino la composición y las reglas del juego para usarlas”.

No solo a José Miguel Vivanco le pareció impresentable su primera declaración pública al respecto, en la que desmintió el estudio de la Universidad de Chile que indica que los perdigones que dispara en las manifestaciones el personal bajo su mando contienen plomo, entre otros componentes que provocan daño importante en las personas, y que incluso puede ser letal; para luego tener que reconocerlo y deslindar responsabilidad en el proveedor de los perdigones, diciendo que usted desconocía su composición.

“En ese informe de 36 páginas, usted intentó refutar los graves hechos que consigna el documento de Human RightsWatch. Se cuestionan las cifras, específicamente la de la cuantía de heridos entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, que en esos días llegaba a 11.564 personas, de los cuales “más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves” y “al menos 1.051 personas resultaron heridas por impacto de perdigones”. Para Carabineros, en el informe refrendado por usted, sus registros indicaban un total de 1.195 civiles lesionado hasta el 2 de diciembre, de los cuales solo 376 presentaban heridas de perdigones “cuya autoría aún no se encuentra determinada por los órganos persecutores”. También refutaron las cifras de abusos sexuales”.

Sobre este último punto, en el informe de Carabineros que usted firmó, se lee: “Agrega el informe HRW (Human RightsWatch), la existencia de 74 casos relacionados con abusos sexuales en que los detenidos fueron obligados a desvestirse y hacer ‘sentadillas’ en las comisarías, sin que existan elementos de convicción que permitan sostener la efectividad de esos relatos”. Y agregó: “Por lo demás, varios de ellos han podido desvirtuarse en sede administrativa con la sola exhibición de cámaras de tele vigilancia existente en los cuarteles”.

Es decir, Carabineros no reconoce ni una sola “sentadilla” en total desnudez a las que han sido obligadas menores en sus retenes, ni una sola tocación violenta en los genitales de detenidos hombres y mujeres y ni una sola violación. Y ello, a pesar de que, tal como le refutó José Miguel Vivanco el 5 de diciembre, las querellas por abusos sexuales desde el 18 de octubre llegaban en esos días a 74, las que incluyen testimonios estremecedores. No hubo ni una sola información sobre sumarios en curso.

Después del informe de Human RightsWatch vino el segundo pronunciamiento sobre el uso excesivo de la fuerza policial que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que se iniciara el estallido social el 18 de octubre pasado. En él se expresa la preocupación por el alto número de denuncias de violaciones a los derechos humanos, las que presentan un patrón de conductas de violencia en contra de manifestantes que se repiten. Junto con llamar al gobierno al “cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, el organismo de la OEA expresó su alarma por el alto número de acciones judiciales por abusos sexuales contra menores que se manifestaban.

Luego vino la misión de observadores de Derechos Humanos de la ONU, enviados a Chile por la alta comisionada Michelle Bachelet, que indicó “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.

“Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultó en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”, indicó el organismo en su informe.

“Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”, complementó el documento.

Sobre las escopetas y municiones antidisturbios, indicaron que “hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia”.

“El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”, aseguró la comisión de la ONU.

Otro aspecto relevante dentro del informe es la responsabilidad de Carabineros dentro de estos incidentes. Según el informe, la institución “ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”.

Violencia sexual y simulación de ejecuciones

El organismo internacional también determinó que un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas (32), donde se incluye violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían “desaparecidas”, lo que la ONU considera “tortura”.

Además se reconoció la discriminación en contra de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas LGBTI, lo que ha generado “la desigual participación de segmentos o grupos de la población en ciertos espacios democráticos ha contribuido a la desconexión con los partidos y procesos políticos”.

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*Foto de Portada: www.larazon.es 

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