Berlusconi, quien presidía una reunión de ministros en Roma, no asistió a la audiencia, que duró siete minutos y fue dedicado a formalidades. El juicio fue postergado hasta el 31 de mayo.
Decenas de policías rodearon la corte en el centro de Milán. Un centenar de periodistas asistieron a la audiencia inicial, mientras camiones de la televisión satelital rodearon el monumental edificio de la era fascista.
A diferencia de otros juicios pendientes contra el premier, éste indaga en su vida personal y una condena podría significar el fin de su vida política. Berlusconi niega haber violado la ley.
Los fiscales alegan que Berlusconi pagó a la adolescente marroquí Karima el-Mahroug, alias Ruby, para mantener relaciones sexuales en su finca en Arcore y llamó a la Policía que la detuvo por robo para que la dejara en libertad por temor a que ella hablara de su relación. Cuando eso sucedió, ella tenía 17 años.
Tanto el premier de 74 años como el-Mahroug, que desde entonces cumplió los 18 años, negaron haber mantenido relaciones sexuales.
La abogada de El-Mahroug, Paola Boccardi, dijo que su cliente no se presentaría como demandante civil en el juicio, lo cual le permitiría pedir una indemnización en caso de un veredicto de culpabilidad.
Boccardi dijo que al presentarse como demandante civil, el-Mahroug daría crédito a las acusaciones de que recibió dinero por sexo con Berlusconi, algo que ella niega enérgicamente.
"Esto contrasta con lo que Karima siempre ha dicho. Ella siempre ha dicho que nunca fue objeto de actos sexuales por el premier Berlusconi y nunca ha optado por ser prostituta´´, dijo Boccardi. "Karima no cree haber sufrido perjuicios por haber estado presente en Arcore o haber visitado al premier´´ en el suburbio milanés.
Agentes policiales contactados por el premier o su oficina la noche que el-Mahroug fue detenida también han resuelto no presentarse como demandantes civiles.
Los defensores y aliados políticos de Berlusconi intentan trasladar el juicio a otro tribunal, alegando que el de Milán es políticamente tendencioso en su contra. Quieren transferir el caso al Tribunal de Ministros, encargado de las infracciones cometidas por funcionarios públicos en el cumplimiento de sus deberes.
Fuente: AP